LOS CABILDOS MAYORES DE RIO SINU Y RIO VERDE – RESGUARDO EMBERA KATIO DEL ALTO SINU – TIERRALTA CORDOBA,  LA ASOCIACION DE CAMPESINOS DE SEIS COMUNIDADES SECTOR CUARENTA (ASOCAM SEIS) Y LA ASOCIACION DE CAMPESINOS DE CRUCITO Y SECTOR LA BOTA TIERRALTA – CORDOBA – COLOMBIA,  INFORMAN A LA OPINION PÚBLICA QUE:

 El día de hoy nos enteramos que mediante la resolución 1710 del 21 de octubre del 2014, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, han negado la sustracción de seis kilómetros de los 28 km necesarios para que las comunidades indígenas y campesinas, ubicadas en el corregimiento de Crucito (municipio de Tierralta – Córdoba) y sus veredas circundantes puedan restablecer su comunicación por vía terrestre con el municipio de Tierralta, tal cual como se encontraban antes de la construcción, operación y llenado de la Hidroeléctrica de Urrá, hace ya más de 14 años.

Más de 25 comunidades entre campesinos e indígenas que vienen siendo afectados por la construcción del embalse de Urrá, quien inundó más de 20 kilómetros de carretera, la cual conectaba toda la economía y bienestar de estas comunidades, y que ha generado un atraso en los diferentes aspectos dela vida a esta población.

Son más de 14 años viviendo en el atraso y con las dificultades que esto implica, donde se han presentado muertes (Mujeres embarazadas, menores con dificultades respiratorias, adultos mayores, hemorragias y también población civil afectada por el conflicto armado) por el difícil acceso a las comunidades afectadas.

Son más de 14 años viendo como nuestra economía se ve afectada por los altos costos del transporte fluvial y terrestre, los costos actuales son semejantes a los que deberíamos pagar dentro de 15 años.

Llevamos mas de 14 años  luchando para que la Empresa Urrá cumpla la obligación establecida en la licencia ambiental (resolución 0838 de 1999 emitida por el Ministerio del Medio Ambiente), de restablecer la vía inundada y recuperar nuestra forma de vida perdida por la construcción de este proyecto hidroeléctrico.

Finalmente, cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante el auto 1030 ratifica la obligación de la construcción de la vía, y la Empresa Urrá  realiza los estudios pertinentes, actualizando la topografía y realizando los censos de las familias afectadas por la construcción de la vía, todo lo anterior ampliamente concertado, entre la Empresa Urrá (causante de los daños), las comunidades de campesinos e indígenas (afectados), el ANLA (Autoridad ambiental), y los garantes como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alcaldía de Tierralta, Personería, Parque Nacional Natural  de Paramillo y Corporación Autónoma (CVS), el Ministerio del medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la doctora MARIA CLAUDIA GARCIA DAVILA (Directora de Bosques biodiversidad y servicios eco turísticos) emite la resolución 1710 del 21 de octubre mediante la cual se niega a la sustracción de 6 kilómetros de los 28 que implican el proyecto de construcción de la vía.

Solicitamos al gobierno colombiano coherencia en su accionar y que no coloque más trabas que impiden el desarrollo de nuestras comunidades, las cuales ya han sufrido mucho en nombre del desarrollo de Córdoba.

Solicitamos a las entidades de control, adelanten las investigaciones pertinentes, ya que se están violando los derechos fundamentales de más de 4000 personas que estamos afectados por estas decisiones paradójicas e inhumanas.

A las organizaciones defensores de derechos humanos solicitamos se pronuncien al respecto y nos acompañen en nuestras demandas.

Al señor presidente de la Republica, que este tipo de acciones envían un mal mensaje a nuestro pueblo que ha sido  azotado por más de cincuenta años de violencia y que por decisiones como esta,  el mismo Estado nos sumerge en el subdesarrollo obligándonos a un desplazamiento masivo y forzoso, lo anterior por la defensa de nuestros derechos.

Dado el 6 de noviembre del 2014, Corregimiento de Crucito,  Municipio de Tierralta, Departamento de Córdoba.

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