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Por Marino Córdoba^*

Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP con su comunicado 73 conjunto el pasado 2 de junio del año en curso, dieron la razón al Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano- CONPA, que por cerca de dos año ha venido liderando una campaña internacional de incidencia política para garantir ser escuchados e incluidos en los acuerdos de paz de la Habana.

¡Es verdad, nadie sabe para quién trabaja! Esa es la conclusión a la que se puede llegar al conocer el anuncio de las partes y la selección de algunos voceros. Haciendo un poco de memoria, fue el CONPA y la Comisión Étnica quienes lograron se acepte una delegación étnica en la Habana.

Después de hacer una lectura juiciosa de cada uno de los preacuerdos, las organizaciones afrocolombianas que integran el CONPA[i], han considerado que faltan algunas precisiones y aspectos que son sustanciales para la implementación de los acuerdos territoriales. Es fundamental incluir en los mimos el enfoque diferencial, un enfoque territorial étnico, evaluar el modelo de desarrollo implementado en estos territorios y sobre todo, hacer un reconocimiento del etnocidio contra el pueblo afro e indígena, así como los derechos de las víctimas a la reparación colectiva como sujetos de derechos. La titularidad y propiedad colectiva de estos territorios, los usos y manejos, las formas de administración y  gobernabilidad en ellos, las formas de economía y modelos de desarrollo que en ellos se implementan, las relaciones socioculturales y ejercicios de poder que se tejen sobre los territorios, los tipos de relaciones y convivencia (concertados o impuestos) de los habitantes de estos territorios, entre muchos otros, son asuntos no explícitos en el concepto de enfoque territorial adoptado.

¡No nos mal interpreten! Apoyamos un proceso de paz que sea incluyente de su multietnicidad y pluriculturalidad como nos define la Constitución Política de 91, de aquellos pueblos sujetos de derechos. Apoyamos la salida negociada al conflicto armado, nunca la guerra. La construcción de la paz territorial debe incluir lo que las comunidades afro e indígenas entendemos por territorio y lo que eso implica. Pero existe un gran temor en el pueblo Indígena, afrocolombiano, negro, palenquero y raizal ante la posibilidad de que los acuerdos que se van a implementar en el posconflicto vayan en detrimento de las conquistas étnico-territoriales obtenidas con la Ley 70 de 1993 y la legislación indígena, socavando así sus derechos colectivos.

Estos son territorios de vida, de relaciones armoniosas, de autonomía y soberanía”, que: “en los territorios hay planes de vida y planes de etno desarrollo construidos a los que no se les puede superponer planes de muerte como la extracción minera, de recursos naturales, de la biodiversidad y planes agroindustriales”, que “en los territorios hay autoridades ancestrales, política y espiritualmente reconocidas”, etc. Estamos planteando que en esos territorios hay pilares sobre los cuales se deben implementar los acuerdos a que se llegue con las guerrillas.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP han planteado que los acuerdos tendrán un enfoque de Paz Territorial, un concepto que se menciona repetidamente en los distintos documentos de la Mesa. Bajo ese concepto, manifestamos que no se puede superponer figuras jurídicas como las Zonas de Reserva Campesina sobre títulos y territorios colectivos y resguardos de tierras ancestrales, que bajo los acuerdos actuales “no admitimos zonas de concentración en esos territorios colectivos sin consulta previa. Afros e indígenas son propietarios hoy de alrededor de 37 millones de hectáreas de tierra en el país, bajo las figura de resguardos indígenas y títulos colectivos, por  eso las decisiones del gobierno como la continuidad de la locomotora minera, el proyecto por medio del cual se modifica el régimen de baldíos, sanción y aprobación de la ley ZIDRES que favorece la práctica de acumulación de tierras, el nuevo plan de desarrollo, el plan “Todos somos Pazcífico” y el afán de entrar en el club de países ricos aceptando las 32 recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), van en contravía de varios de los principios y puntos acordados en La Habana sobre desarrollo rural, y en contra de las  propuestas de las comunidades afro e indígenas.

Esas son razones que llevaron al Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA a rodearse de aliados claves en los Estados Unidos, como la coalición de congresistas negros (CBC), quienes en repetidas ocasiones han enviado cartas a las partes en la Habana y al gobierno colombiano manifestando su preocupación por la no inclusión de los grupos étnicos en los diálogos de paz. Uno de ellos, el  congresista afroamericano Hank Johnson viajo personalmente a Colombia el pasado mes de octubre, invitado por el CONPA. El honorable Johnson constato la situación de las comunidades negras en las ciudades de Cali, Quibdó y Bogotá. Es más, fue víctima de un acto de discriminación racial en el aeropuerto de Medellín. El congresista fue abordado por un policía que le pidió sus documentos bajo el pretexto de ser confundido con un ladrón, hecho que ni fue investigado ni fue castigado por las autoridades. También el congresista Keith Ellinson, Rubén Gallego, Sam Farr, James Mcgovern y Gregory Meeks, entre otros, han sostenido reuniones en Washington con funcionarios del gobierno y han viajado en varias oportunidades a Colombia en las cuales han sostenido reuniones con afros e indígenas.

El CONPA también cuenta con el  apoyo de WOLA y la Coalición de sindicalistas negros y otros sectores claves que se han constituido en aliados claves. Gracias a ellos ese mensaje de inclusión ha llegado a los congresistas, Departamento de Estado y hasta el mismo presidente Obama. En reconocimiento de este trabajo, el pasado 4 de febrero el presidente Obama me invito, en representación de los Afrocolombianos víctimas del conflicto armado, para asistir al acto de conmemoración del fin del Plan Colombia y el lanzamiento del nuevo Plan Paz Colombia

El país no puede olvidar que en esa ocasión la delegación oficial del gobierno integrada por más de 200 personas no incluyo un solo afrocolombiano entre ellos. Para calmar las críticas y malestares que expresaron los congresistas afroamericanos y la misma administración del presidente Obama, el señor presidente Santos nombro un ministro y una viceministra.

Pronunciamientos públicos del señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, del señor director de la USAID, del señor Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, todos vienen pidiendo se incluya a los grupos étnicos en el proceso de dialogo. La comunidad afrocolombiana, sectores sociales, la iglesia, los senadores Benedetti y Luis Eveli, en fin, diversos sectores se han pronunciado. Lisa Haugaard de LAGW (Latin American Working Group) envió una carta a las partes en la mesa con más de 1000 firmas exigiendo inclusión de grupos étnicos.

En la Casa Blanca como en la reunión de un grupo de líderes afrocolombianos en la Casa de Nariño el pasado 10 de marzo, mi petición al presidente fue la necesidad de incluir a los grupos étnicos en los diálogos de paz.  Hemos oído decir a Sergio Jaramillo Alto Comisionado para Paz que en la Habana no están en discusión los asuntos de los grupos étnicos, afirmación que pretende desconocer que el 30% de las víctimas son étnicas. Contrario a ello el jefe negociador del gobierno Humberto De la Calle ha manifestado que ve con buenos ojos incluir a los grupos étnicos en la fase de dialogo para encontrar una vía legal de garantizar y proteger sus derechos. También planteo la necesidad de desarrollar una guía de principios de entendimiento y aplicación de los acuerdos para los grupos étnicos, posición que coincide plenamente con lo plateada por el CONPA y la Comisión Étnica, que buscan protección de sus derechos mediante una figura de salvaguarda.

Resaltamos la inclusión de afros en el gobierno, hay profesionales étnicos muy bien preparados para cualquier responsabilidad con el país, pero estos hechos no necesariamente son garantías para la inclusión de grupos étnicos en las políticas de Estado. Por ejemplo, el gobierno formulo tres planes de desarrollo (1994, 1998, 2010) los cuales no se pudieron implementar por falta de recursos económicos. Durante los periodos (2002 al 2014) no se formuló ningún plan de desarrollo. En el 2002 el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario ordenó la implementación del Plan formulado en el año 1998 y la asignación de recursos en el presupuesto, pero este Plan tampoco se cumplió, como no se han cumplido los autos 005,004,092 de la Honorable Corte Constitucional o los pactos con organizaciones, consejos comunitarios, etc.,

Desde la abolición de la esclavitud a hoy, los afros e indígenas han sido negados de sus derechos de participación y representación. La Ley de abolición de esclavitud sirvió para reparar a los esclavizadores más no para indemnizar a los esclavos. En la asamblea nacional constituyente del 90 los afrocolombianos no tuvieron representación, gracias a los acuerdos con los voceros indígenas logramos el artículo transitorio 55, hoy ley 70. Podemos decir que este proceso de dialogo de la Habana es el tercer proceso de relevancia que busca mejorar condiciones de vida de pueblos y comunidades marginalizadas del país, especialmente durante la guerra. Pero como grupos étnicos se nos sigue negando la posibilidad de participación e inclusión.  

Sin embargo en la Habana han sucedido otros hechos, instalaron la Subcomisión de Genero que viene siendo liderada por María Paulina Riveros, delegada del gobierno nacional y Victoria Sandino Palmera, delegada de las Farc-ep. La subcomisión ha realizado varias secciones de trabajo con diversos grupos de mujeres representantes de los sectores femeninitas y diversidad sexual. Es histórico que las partes hayan aprobado este escenario, aunque también excluye  a las mujeres étnicas, nosotros lo respaldamos porque es necesario la inclusión del enfoque de género en los acuerdos. Aunque sabemos que esta subcomisión tiene un carácter técnico su objetivo es el de “incluir la voz de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos parciales ya adoptados así como el eventual acuerdo que resulte de los diálogos”.

Afros e indígenas decidimos encontrarnos para crear la Comisión Étnica para la paz y la defensa del territorio, como un espacio autónomo que ha consolidado manifestaciones y propuestas de paz desde los territorios, con vocería autónoma y significativa, con membresía territorial y nacional. Los espacios organizativos que integran el CONPA y las organizaciones indígenas de Colombia son los de mayor afectación por el conflicto armado, minería legal e ilegal, por un lado y, por el otro, son los de mayor representatividad organizativa en el país, con capacidad de convocatoria, movilización y con los cuales el gobierno nacional se niega a dialogar. El gobierno ha decidido apostarle al espacio Nacional de Consulta Previa, creado con líderes que en su gran mayoría han sido cuestionados por su vocería cuando fueron consultivos nacional, sus actuaciones fueron y siguen siendo polémica, cuestionadas por muchos sectores y por la misma comunidad afrocolombiana. Este espacio de instalación el pasado 30 de marzo fue presidido por el mismo presidente Santos. En ese evento el gobierno insto a sus delegados a definir voceros para ir a la Habana, pero algunos se opusieron porque el mismo no cuenta con el decreto de ley que lo reglamenta.

Por ello no es de extrañarse que el comunicado conjunto 73 de las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP indica que de los 10 representantes de comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, cuatro de ellos serán escogidas por las organizaciones que hacen parte del Espacio Nacional de consulta previa y las seis restantes serán escogidas por la Mesa. ¿A quién es cogerá la mesa y a quién representarán los mismos? Esa será la pregunta. Es un desafortunado convertir este espacio en un negocio de intereses.

Para CONPA que ha hecho un ejercicio de lectura de los preacuerdos y ha definido una agenda de paz, con participación de las comunidades en varias regiones del país, este anuncio no es serio ni responsable con esta población. Este momento es histórico y así lo hemos entendido, aquí está en juego los derechos de todo un pueblo, pero sobre todo su futuro. Cada conquista nuestra en este país ha sido estigmatizada, reprimida violentamente como el enemigo, hemos puesto centenares de desplazados, desaparecidos y muertos. Por lo que no iremos a la Habana a pasear.

Saludamos la invitación para ser escuchados, pero se requiere que el gobierno entienda que la firma de un acuerdo de paz es importante, pero es igual de importante para nosotros una salvaguardas de protección de derechos étnicos. Solo pedimos que el gobierno facilite los medios más no que defina vocerías. CONPA y la Comisión Étnica se siente muy orgullosa de haber logrado que el gobierno, que siempre se opuso a que afros e indígenas sean escuchados en la Habana, hoy acepte, básicamente por las exigencias de los Estados Unidos.

Invitamos al gobierno nacional al dialogo y al reconocimiento de procesos organizativos serios que construyen hechos de paz, que son responsables con sus comunidades al definir con ellas agenda de paz. No podemos desconocer el dialogo con otros sectores, pero el mismo no puede ser manipulado con prebendas económicas. Son estos hechos los pretextos que luego usan para argumentar falta de acuerdo interno y negar así la posibilidad histórica de ser tomados en serio en la construcción de una nación incluyente. Es claro, por la forma como nos han tratado las partes nos lleva a afirmar que “no estamos representados en la mesa de La Habana, ni por las FARC-EP ni por el gobierno”, y que “no aceptamos una vez más un acuerdo de paz sin que seamos incluidos”. Este pronunciamiento es serio y requiere ser tomado como tal para evitar los “posibles conflictos en el posconflicto”.

Desde la Comisión Étnica exigimos la constitución de un subgrupo de trabajo para abordar los asuntos de los pueblos afros e indígenas, el cual debe surgir de esta audiencia, como un espacio permanente de trabajo que aborde los asuntos étnicos como asuntos de país. Demandamos de las partes el mismo tratamiento dado a otros grupos y sectores.

Los Indígenas y Afrocolombiana buscamos un tratamiento igual, ¿Qué tiene de diferente este ejercicio con los étnicos? Nuevamente, fue CONPA y la Comisión Étnica que por su trabajo internacional quienes lograron abrir este espacio en la Habana. ¡Ahora necesitamos ser escuchados e incluidos!

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^*Representante legal de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados-AFRODES, Vocero internacional del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano- CONPA

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