El gran río y la zigzagueante boa amazónica estuvieron impregnando de humedad sagrada los alrededores del municipio cundinamarqués de Suesca, en el marco del taller de derechos humanos de los pueblos indígenas de la amazonía Encuentro de Saberes y Experiencias, organizado por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), con el apoyo de la Comunidad Europea y el respaldo de la Defensoría del Pueblo.
Líderes indígenas de las etnias Emberá, Inga, Kamsá, Nasa, Huitoto, Kofán, Bora, Cocama, Nukak Makú, Yagua, Wanano, Siriano, Desano, Puinave, Curripaco, Sikuani, Ticuna, Coreguaje, Cubeo, entre otros, provenientes de los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Putumayo, Amazonas y Caquetá, se reunieron durante toda una semana para discutir y reflexionar en torno a las principales problemáticas que en la actualidad aquejan a las comunidades asentadas en la región amazónica, enfatizando la crisis de derechos humanos y el impacto del conflicto armado.
Adriana Rodríguez, coordinadora general del taller, manifestó que el objetivo primordial del evento estuvo en “la capacitación y formación alrededor del tema de DDHH y DIH, como también el abordaje de temas capitales como la justicia especial indígena, la autonomía territorial y los distintos mecanismos legales para proteger los derechos de los pueblos”.
Desde esa perspectiva, el taller tuvo un balance positivo, toda vez que la capacitación no sólo fue un recorrido de instrumentos internacionales y nacionales para la protección de los derechos humanos, sino que también el evento se constituyó en un escenario valioso para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la región amazónica y los impactos de un conflicto armado que está amenazando la supervivencia de una etnias indígenas se hallan en vía de extinción.
Para Antonio Jacanamijoy, representante de los pueblos indígenas ante el Foro Permanente en Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, “estos espacios son muy importantes porque permiten escuchar opiniones distintas, tanto de las ONG como de los congresistas y los representantes del Gobierno. Esta es la oportunidad para que los compañeros conozcan las políticas, herramientas y los instrumentos para hacer vales los derechos de nuestros pueblos”.
Durante el taller se reconoció que las principales causas que amenazan los derechos fundamentales de los pueblos amazónicos y, en general, de todas las comunidades tradicionales del país, se centra en el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito y el desarrollo de megaproyectos, relacionados con la explotación de recurso hídricos y energéticos dentro de los territorios indígenas, cuyos efectos se han intensificado desde el marco de la política de seguridad democrática del presidente Uribe.
“Para nosotros, como organización indígena, uno de los problemas más serios y que ha afectado nuestros derechos fundamentales es la actual política de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez. En este país en vez de estar avanzando hacia la democracia, estamos retrocediendo en la construcción de una paz verdadera y con justicia social”, sostuvo el presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Julio Cesar Estrada.
Por su parte, los representantes de las entidades gubernamentales presentes, reconocieron la gravedad del tema humanitario que se vive en la región. No obstante, los representantes indígenas reclamaron de las entidades estatales y gubernamentales presencia efectiva, pues perciben que buena parte de los programas que involucran a la población indígena, poco impacto tienen al interior de las comunidades, resguardos y malocas.
“Los proyectos se hacen desde los escritorios de las grandes ciudades, pero los funcionarios que los hacen ni siquiera conocen nuestras comunidades, no han ido a las regiones en donde buscan aplicar una acción. Nosotros no los conocemos”, ratificaron los dirigentes nativos.
Un hecho que se hizo evidente durante todo el evento, radicó en la preocupación en relación con no poder denunciar las diferentes violaciones a sus derechos fundamentales dentro de los territorios. Al respecto, muchos indicaron que “a los pueblos les ha tocado quedarse callados y tragarse todo el dolor e impotencia que sienten, porque no hay ninguna entidad gubernamental en la región amazónica a la cual se le tenga confianza. En muchas ocasiones se ha denunciado ante las alcaldías, gobernaciones y entidades de control y seguridad sobre las violaciones que han cometido los grupos armados. Aunque los funcionarios prometen completa discreción y anonimato, la información que se suministra se filtra, llegando a oídos de nuestros verdugos, quienes vuelven a violentar a las comunidades, acusándolas de ser sapos ante el Gobierno”
Los senadores indígenas coincidieron en que los pueblos nativos están cansados de tanta “mamadera de gallo” y de tantas reuniones sin conclusiones, ratificando el porque no hay credibilidad en las instituciones del Estado. Sin embargo, consideraron que el movimiento indígena está debilitado en su liderazgo, con divisiones profundas dentro de las organizaciones que no permiten que se proyecten estrategias conjuntas. Ven necesario que las organizaciones unifiquen criterios, acciones y propuestas para colocarlas frente al Estado, “para que el Estado vea que hay varias cabezas pero con un solo sentimiento”.
Por su parte, Gabriel Muyuy, Defensor Delegado para Asuntos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, señaló que “el Estado tiene muchas debilidades para responder al cumplimiento de los derechos constitucionales, y esto hace que se incumplan muchos tratados y acuerdos (muchos de ellos de carácter internacional) para con los pueblos indígenas”
Finalmente, los organizadores del taller esperan poder, por un lado, hacer visible la gama de problemas y actores implicados en la zona, por otro lado, que permita definir acciones para que los planes y políticas de prevención lleguen directamente a las autoridades indígenas.
Lo anterior se lograra, entre otras estrategias, mediante la implementación de promotores de derechos humanos y líderes comunitarios que se encarguen de llevar estos mensajes a sus pueblos para que se apropien de las herramientas necesarias para hacer defender sus derechos, y sepan qué hacer y a quién acudir en caso de cualquier violación a sus derechos.
