El Congreso itinerante por territorio, vida y dignidad, el cual se encuentra deliberando en la ciudad de Cali con la participación de más de 50 mil personas, en ejercicio de las facultades que le confiere el Derecho Ancestral, teniendo en cuenta las circunstancias en que fueron retenidos el Mayor Alcibíades Escué y la médica Shirley Albor Cárdenas, y después de analizar el contexto, los antecedentes y el manejo que han hecho los pueblos indígenas de la salud a través de la AIC, determinó que no se ha cometido ningún delito. Ha decidido declarar esta como un SECUESTRO POLÍTICO. 

 

En consecuencia, ha designado una comisión de 40 gobernadores indígenas para que se desplacen hacia Bogotá y exijan a la Fiscalía General de la Nación la inmediata liberación de los retenidos.  Esta comisión partió ayer mismo para Bogotá.  El Congreso queda a la expectativa de los resultados de la labor de los gobernadores indígenas.  En caso de que la gestión de las autoridades indígenas en Bogotá no sea exitosa, se analizarán las medidas a tomar por parte del Congreso.

 

La guardia indígena deberá estar atenta.  Si es del caso, deberá desplazarse a Bogotá, de la misma manera que lo hizo al Caguán, a velar por la integridad física y moral de Alcibíades y Shirley, además de realizarlas  las acciones necesarias para a su inmediata liberación.

 

El texto aprobado por la plenaria del Congreso es el siguiente:

 

Primer mandato del congreso indígena y popular

 

El primer congreso indígena y popular decide:

 

Asumir el secuestro político de los dirigentes de la AIC por parte del gobierno en la perspectiva de liberarlos y de llegar al fondo de la crisis de la salud en el que este secuestro se encuentra inscrito.

 

El primer congreso indígena y popular reunido en sesión plenaria en los alrededores del Coliseo del Pueblo de la ciudad de Cali

 

Ratificó la veracidad del contenido del reporte y la validez de la propuesta presentada por las autoridades indígenas y por la coordinación de la minga en relación con el secuestro político de Alcibiades Escué y Shirley Albor Cárdenas y en consecuencia:

 

- Definió las estrategias y mecanismos a seguir para lograr los objetivos de libertad, verdad, justicia y reparación contenidos en la propuesta debatida de la siguiente manera:

 

1.  El Mayor Alcibiades Escué y la médica Shirley Albor Cárdenas son declarados secuestrados políticos del gobierno por esta plenaria.

 

2.  Queda conformada una comisión de gobernadores indígenas con la responsabilidad ante el Congreso Indígena y Popular para representarlo y actuar en su nombre para ejecutar y dar seguimiento a las decisiones de esta plenaria.

 

3.  La comisión de gobernadores se trasladará esta misma noche con destino a la ciudad de Bogotá donde se entrevistará con la fiscal a cargo del caso de Alcibiades Escué y Shirley Albor Cárdenas para presentar personalmente la posición, conclusiones, decisiones y exigencias del Congreso y reclamar la inmediata libertad de los secuestrados.

 

4.  La comisión asume la responsabilidad de convocar y conformar el tribunal de opinión en los términos y con los objetivos integrales propuestos por las autoridades a la plenaria.

 

5.  El Congreso y la comisión invitarán al senador Carlos Gaviria a hacer parte de dicho tribunal.

 

6.  El Congreso y la comisión han iniciado gestiones para incluir personalidades internacionales de gran mérito y reconocimiento para que hagan parte del tribunal que por ello tendrá carácter nacional e internacional.

 

7.  El tribunal actuará en coordinación simultánea con la comisión de gobernadores y con representantes de organizaciones y procesos sociales que participan en el Primer Congreso Indígena y Popular para dar seguimiento y lograr los fines inmediatos y de mediano y largo alcance propuestos por las autoridades y aprobados por la plenaria.

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