En un comunicado hecho público el pasado fin de semana por la Onic, esta organización traslada a la opinión pública las informaciones remitidas por la Fiscalía General de la Nación sobre la detención de un oficial del Ejército como coautor de la masacre contra indígenas Awá en agosto de 2006.

Onic valora la información remitida por la Fiscalía pero advierte de la lentitud que ha llevado finalmente hasta esta detención y denuncia que únicamente se haya establecido un caso de responsabilidad en la masacre.

El comunicado de la Fiscalía dice así: “fue dictada medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, al teniente del Ejército Nacional, Alberto Williams Echeverry, por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco miembros de la comunidad indígena Awá, durante un supuesto enfrentamiento entre tropas regulares y una columna de las FARC”.

La masacre a la cual se refiere la Fiscalía ocurrió el 9 de agosto de 2006 en una zona rural de Ricaurte, municipio del departamento de Nariño; allí fueron reportadas como muertas en combate las siguientes personas: Blanca Adelaida Ortiz, Marleni Pai Burbano, Segundo Jairo Ortiz Taicus, Juan Donaldo Moran y Jesús Mauricio Ortiz.

La determinación judicial fue adoptada por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que sindicó al oficial como posible coautor del delito de homicidio en persona protegida.

Según la Fiscalía, por los hechos investigados que ocurrieron en este proceso también está vinculado el sargento viceprimero Alexander Guerrero Castellanos.

Para la Onic es de suma preocupación el alto grado de impunidad que reina en el país y particularmente en el caso de los pueblos indígenas que han sido víctimas de varias masacres y asesinatos selectivos y donde la responsabilidad establecida por los entes judiciales ha sido ineficiente.

Para este caso Onic considera que es un agravante el hecho de que el sindicado sea un agente del Estado. Este hecho indica para la organización indígena que las autoridades encargadas de proteger los derechos de las personas son, por el contario, quienes atenten contra la vida e integridad de nuestros hermanos indígenas.

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