LILIA EPINAYU, una mujer de 50 años de la etnia Wayuú y madre de 12 hijos, era una sobreviviente de la masacre de Bahía Portete –Guajira- y hacía parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación antes de ser asesinada a tiros por dos mujeres vestidas con mantas tradicionales y dos hombres fuertemente armados, que llegaron a su enramada[1] en el municipio de Uribia, el pasado 13 de julio.  Ellos preguntaron por su marido, el señor Moyo Pérez Uriana, y al no encontrarlo le dispararon a la mujer.

 

La masacre ocurrida en Bahía Portete, el pasado 18 de abril de 2004, dejó un saldo trágico de seis personas muertas y dos mujeres desaparecidas de la casta Fince Uriana, aunque según testimonios de los habitantes hubo más desaparecidos y muertos de otras castas o familias. Dicha masacre, que ocasionó el desplazamiento de todos los habitantes de Bahía Portete y sus alrededores, ha sido la peor afrenta contra el pueblo Wayúu en todos los tiempos, pues tocó símbolos fundamentales de su cultura – las mujeres y los niños - y violentó todos sus códigos internos de honor y guerra.

 

Lilia fue una de las testigos que identificó algunos autores de la masacre, hoy vinculados a la investigación penal que adelanta la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, bajo el número 1941. Por su testimonio y el de su esposo fueran incluidos en el Programa de Protección a Víctimas y testigos en octubre de 2004. Pertenecía a una de las familias que retornaron a Bahía Portete en agosto del 2004, luego de que el Vicepresidente de la República anunciara todas las garantías para que las familias desplazadas regresaran a la región.  Por lo tanto, según la ONIC, “las autoridades indígenas y sus familiares no se explican porqué no se les brindó la seguridad que su caso requería.” 

 

La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, rechazó “el vil
asesinato de una mujer Wayúu,  ya que atentar contra una mujer Wayúu es atentar contra el honor y la dignidad de su casta, de su pueblo (...) y pidió el pronunciamiento de los organismos defensores de DDHH, tanto nacionales como internacionales, contra quienes "concentrados en Santa Fé de Ralito, dicen apostarle a una salida negociada al conflicto, pero con acciones como estas demuestran su incoherencia del discurso con la práctica. No hay cese de hostilidades, los  muchos líderes indígenas asesinados así lo demuestran".

 

Según los compromisos asumidos por el gobierno, el Ejército Nacional debe hacer presencia permanente para garantizar la seguridad de los habitantes. Sin embargo, según denuncias de la comunidad referidas por un comunicado difundido por el informativo virtual Palenque, “desde hace varios meses éstos no permanecían en la zona..., una persona de la comunidad fue en busca de los miembros del Ejército y encontró solo a tres uniformados. Al parecer, el resto, se encontraban en un operativo” y la población quedó completamente desprotegida. “Igualmente se debe resaltar que testigos de los hechos afirmaron que uno de los paramilitares al ver a las personas correr atemorizadas afirmó “a donde corran no se van a salvar, porque el mayor del ejercito ya sabe y nada van a hacer”.”

 

“Algunas autoridades regionales han querido manejar los ataques contra el pueblo Wayuú como un problema entre familias, pero lo cierto es que el propio Comandante del grupo Matamoros del Ejército Nacional que desde agosto del 2004 está en la zona, reconoció públicamente que en ese sector hace presencia un grupo paramilitar perteneciente al Bloque Contrainsurgencia Wayuú”

 

Por tales razones, las comunidades Wayuú han solicitado se garantice la vida e integridad física y psicológica de la comunidad Wayuú, que retornó a su territorio luego del desplazamiento ocasionado por la Masacre; que la Defensoría del Pueblo nombre un Defensor Comunitario para que acompañe permanentemente a la comunidad; que la Fiscalía General dela Nación otorgue protección a los demás testigos de la masacre y a los testigos de este nuevo hecho, en grave riesgo, y adelante las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales de miembros de la fuerza pública por acción u omisión, y en consecuencia judicialice y sancione a los responsables.

 

Finalmente, se teme que esta nueva situación de violencia desencadene un nuevo desplazamiento de los sobrevivientes hacia Venezuela o resguardos vecinos, y que la bella Bahía Portete se vuelva un territorio fantasma habitado por el dolor y la muerte.



[1] La vivienda típica es una pequeña casa (piichi o miichi), generalmente dividida en dos cuartos, donde se cuelgan hamacas para dormir, mochilas de algodón tejido que guardan sus pertenencias y, en el suelo y al pie de las paredes, se encuentran las vasijas de barro donde se guarda el agua. Las viviendas son rectangulares, a veces semicirculares. Los tejados están construidos en yotojoro, corazón seco del cactus. Las paredes son de bahareque o argamasa (yyotojoro). Actualmente se ha incrementado la construcción de casas con tejado de zinc y ha variado la apariencia de las viviendas con el uso del cemento y otros materiales. www.etniasdecolombia.org  

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