Alrededor de 500 habitantes del municipio de Morales en el departamento del Cauca, en la tarde del jueves 27 de abril del 2006, se situaron frente a la Alcaldía municipal de Morales, para exigir el cumplimiento de varios acuerdos que han sido prometidos desde hace un par de décadas y nunca se han cumplido.
“Hicieron presencia pacífica en la alcaldía, buscando que la administración respondiera por los diferentes compromisos que adquirió el Estado colombiano hace 20 años cuando implementó, en contra del sentir popular y de forma inconsulta, el proyecto hidroeléctrico La Salvajina” afirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Pero la serenidad de la protesta cambió hoy 28 de abril a las 5 a.m., cuando el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) llegó para intentar desalojar la toma pacífica al frente de la Alcaldía de dicho municipio, por ello dejaron un saldo de 10 indígenas Nasa heridos y 48 personas detenidas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes.
Entre los heridos se encuentra un comunero, Epolito Cruz de 32 años de edad, quien por la gravedad de las heridas en una pierna, presuntamente por arma de fuego, es atendido en el Hospital San José de Popayán, mientras que los demás heridos están recluidos en el hospital de primer nivel de Morales, con heridas menores, asfixia y contusiones por el ataque indiscriminado de las fuerza del orden, según informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Juan Antonio Velazco, Presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales de Morales encabezó una comisión para que dejen en libertad a las personas retenidas, “ (…) en estos momentos las autoridades indígenas nos encontramos dialogando con las autoridades civiles y militares, cuya primera exigencia es la libertad de los 48 detenidos", aseguró Velazco.
Según informaciones del CRIC, a pesar de que se habían realizado conversaciones y acuerdos de convivencia para resolución de las exigencias colectivas, agredieron a los protestantes “(…) al parecer, por orden del gobernador del Cauca, el ESMAD arremetió contra los reclamantes (…) entre los que se encontraban mujeres, niños y ancianos, según lo informaron las autoridades tradicionales indígenas”.
Las peticiones
El CRIC resalta que las exigencias de la comunidad por la negligencia del gobierno colombiano sobre la palabra empeñada existen, y que estos acuerdos han sido ratificados por el Estado en el Convenio de La María, firmado en septiembre de 1995, el decreto 982 emitido en junio de 1999 y en el compromiso de cumplimiento para atender los procesos de Liberación de La Madre Tierra, firmado en diciembre del 2005.
“Las demandas de las comunidades indígenas y campesinas del municipio de Morales siguen siendo las mismas de hace 20 años: cumplimiento de la deuda social adquirida por el Estado colombiano para compensar los daños que causó la implementación de la hidroeléctrica, respondiendo especialmente al mejoramiento vial, la electrificación de las veredas aledañas y la compensación territorial por las tierras inundadas” aseguró el CRIC.
Nilson Zurita, Coordinador de territorios de la ONIC, aseguró que la población esta solicitando desde hace más de una década, inversiones en salud, vivienda y territorio, pero que a pesar de las protestas nunca se han cumplido estos acuerdos. “Desde hace más de 20 años los campesinos, indígenas y afrodescendientes han solicitado que se le de una solución a sus necesidades básicas como electrificación, educación, y vías porque la población esta aislada”, manifestó Ricardo Alfredo Campo, periodista de la emisora “Nuestra Voz” de Morales.
“Para los pueblos indígenas resulta incomprensible que mientras las comunidades exigen de mil formas solución a la tragedia social producto de los excesos del poder en Colombia, el gobierno nacional ande prometiendo fabulosas recompensas para justificar la ineficiencia militar, e incrementando el presupuesto para la guerra y fomentando el odio entre los colombianos, ejemplo de ello es el caso de las comunidades que hoy se movilizan en el municipio de Morales, a las cuales en 20 años no se han visto beneficiadas, a pesar que la hidroeléctrica La Salvajina se muestra como una empresa símbolo de ganancias económicas, y por el contrario lo que han recibido los verdaderos dueños del terreno inundado es maltrato y desgobierno” denuncian los pueblos indígenas del Cauca que habitan en Morales.
Los pueblos indígenas, los campesinos y afrodescendientes que viven en Morales quieren hacer un llamado de atención a los colombianos para que no se deje impune la clara violación de derechos humanos que ejerció el ESMAD sobre la comunidad, además de la negligencia de las autoridades frente a los problemas de su comunidad.
