Los pueblos indígenas de Colombia, estuvieron presente en el Quinto Periodo de Sesiones del Foro Permanente de Pueblos Indígenas representados por Lisardo Domicó Yagarí, secretario de la ONIC y Jaime Enrique Arias Arias, presidente de la Organización Indígena Kankuamo, que se viene realizando en la sede de las Naciones Unidas en Estados Unidos, Nueva york, desde el 15 de mayo y finalizará hoy 26 de mayo de 2006.

La ONIC informó mediante un comunicado que el pasado lunes 22 de mayo, a las 10:00 de la mañana, tuvo lugar la ponencia de Jaime Arias Arias, quien habló sobre la crisis que viven los pueblos indígenas en Colombia, expuesto en el siguiente documento:

“La situación de derechos humanos en Colombia se torna cada vez más crítica por la violación sistemática de los derechos humanos y colectivos en particular de los pueblos indígenas que constituyen el 2% de la población con 86 pueblos y 66 idiomas ancestrales. El conflicto armado interno ha causado la vulneración y la sistemática violación de los derechos de 12 pueblos en la región amazónica, Orinoquía y otras regiones, hasta el punto de colocarlos en riesgo inminente de desaparición. Además en los últimos cuatro años se han registrado mas de 877 asesinatos, 21.227 desplazamientos forzados, 15 pueblos indígenas en confinamientos o sitiados y reiteradas amenazas a la vida, 153 detenciones arbitrarias, torturas, bombardeos, siendo los responsables paramilitares, guerrilla, fuerza pública.

En el marco de las políticas antidrogas en 6 años de su implementación dentro del Plan Colombia, han sido fumigados 55 pueblos indígenas en 10 departamentos del país. En materia legislativa muchos derechos han sido reconocidos por reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas. El derecho a la Consulta Previa ha sido vulnerado en varias ocasiones por el Estado Colombiano a través de proyectos inconsultos como la Ley Forestal que expropia territorios indígenas, la reglamentación del reordenamiento territorial, actividades como el Censo Nacional que pretende ignorar los procedimientos acordados y desconocer a menos de la mitad de la población indígena.

No se han ejecutado los recursos y medidas legales para la titulación o saneamiento de territorios indígenas, por el contrario el Estado colombiano permitió por acción u omisión la Masacre del Nilo en el Departamento del Cauca. Ninguna denuncia por asesinatos, masacres, medidas cautelares o provisionales ha sido resuelta o desapariciones como la Kimy Pernía Domicó, dirigente Embera Katio del Alto Sinú o asesinatos como el de Fredy Arias, lider Kankuamo, consejero de paz, la masacre de mujeres y niños en la Guajira de Bahía Portete (2004), la creciente migración hacia Venezuela de algunas comunidades del pueblo Wayúu que habitan principalmente en Maicao y al sur de la Guajira.

La Ley de Justicia y Paz y el proceso de paz con los grupos paramilitares han permitido la impunidad absoluta. Se mantienen las medidas cautelares y provisionales para los dirigentes y autoridades indígenas de los pueblos Kankuamo, el Consejo Regional Indígena de Caldas, a los Embera Katío del Alto Sinu, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el pueblo Wiwa, así como las amenazas para la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC a través de correos electrónicos en donde nos exigen salir del país sino respaldamos todas las políticas y reelección de actual Presidente Alvaro Uribe Vélez.

Finalmente, denunciamos la última arremetida por parte del Ejército y la Policía a través de 4 helicópteros, el lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos y el usos de armas de fuego en contra de la población civil en la María Piendamó en el Cauca, quienes se concentraron pacíficamente y que ha costado la vida de un dirigente indígena (Pedro Poscue), más de 50 heridos, 6 de ellos por arma de fuego, 36 detenidos y más de 10 desaparecidos. Así mismo, los indígenas Awá del departamento de Nariño, con hermanos campesinos y afro descendientes sufren el rigor de la Fuerza pública.

Por lo anterior, solicitamos al Foro Permanente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Que los pueblos indígenas participen directamente en la conformación de las agendas nacionales para hacer un seguimiento y monitoreo de los informes de países que emiten los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, ahora Consejo de Derechos Humanos.

2. Que inste al Estado colombiano a cumplir con las recomendaciones hechas por el Relator Especial sobre la situación de lo derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en su visita a Colombia en el 2004.

3. Que recomiende al Gobierno Colombiano tomar medidas que garanticen la vida, el territorio y dignidad de los pueblos indígenas en especial de los 12 pueblos que se encuentran en riesgo de extinción y llamamos la atención sobre la alta vulnerabilidad actualmente del pueblo indígena Awá en el Departamento de Nariño.

4. Que el Gobierno garantice el proceso del consentimiento libre, previo e informado y la formulación de una política coherente y concertada con las organizaciones y autoridades indígenas.

5. Finalmente, pedimos la solidaridad internacional frente a los hechos ocurridos en el departamento del Cauca y el apoyo a la Misión Internacional de Verificación de los Pueblos (MIV) que se realizará del 20 al 30 de septiembre de 2006 para verificar la situación de los pueblos indígenas y del cumplimiento de las recomendaciones de la ONU.

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