De acuerdo a la denuncia hecha por la Organización Indígena de Colombia y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el pasado 27 de abril los comandantes del “Bloque Elmer Cárdenas” y otros integrantes de dicha estructura ingresaron al resguardo indígena Mamey Dipurru, ubicado en el municipio de Carmen del Darién y les manifestaron a los indígenas que debían ingresar a las filas del grupo armado para luego desmovilizarse y posteriormente recibirían una casa y otro tipo de ayudas.

Desde ese momento a los indígenas se les prohibió la libre movilización hacía la cabecera del río Domingodó y han venido siendo presionados por los integrantes del grupo paramilitar para que acepten la propuesta inicial. Al parecer cerca de 800 hombres armados están custodiando las orillas del río Domingodó.

“El miércoles 3 de mayo, civiles armados de la estrategia paramilitar vestidos de camuflado y con armas largas ingresaron al Resguardo indígena de mamey Dipurru, robaron bienes de supervivencia – 3 gallinas- y dinero en efectivo de un indígena 730 mil pesos (U.S. $ 345) y sustrajeron el documento de identidad de CAROLINA SAUZA CANSARÍ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 26.378.339. Sobre CAROLINA, los paramilitares le expresaron a varios indígenas de este resguardo que: esta chola está buena pa (sic) mandarla a matar, mire el escándalo que ha hecho por esa plata…”

El 8 de mayo varios indígenas pusieron en conocimiento de la personería del municipio de Carmen del Darién lo ocurrido, luego de lo cual los paramilitares presionaron a las comunidades indígenas para que se retractaran de la denuncia presentada en la personería municipal, ya que ese tipo de información ponía en tela de juicio el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Luego de esto, entre los días 14 y 15 de mayo y después de la visita del Personero Municipal de Riosucio y de los sacerdotes de la parroquia de mismo municipio los paramilitares ingresaron nuevamente al resguardo para manifestarle a los indígenas su desacuerdo con las denuncias que estaban haciendo.

Además de estos hechos los indígenas denunciaron los continuos señalamientos, según los cuales las comunidades estarían respaldando a la guerrilla. En consonancia con ello los indígenas han sido víctimas de permanentes robos de los cultivos de pan coger, sus casas son ocupadas de manera constante por los paramilitares y las mujeres son acosadas sexualmente. A pesar de estos hechos y de la situación de confinamiento a la que está sometida la población, los indígenas se niegan a “a reubicarse, a desplazarse y mucho menos a participar en la desmovilización, presión que ahora pretende ser desmentida haciendo aparecer a los indígenas como mentirosos y a la estructuras paramilitares como respetuosas de los derechos de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas han manifestado su oposición a los planteamientos y a las presiones paramilitares para aceptar la tesis de desmovilizarse y de reubicarse porque es igual que un desplazamiento de la vida, del alma, y de la madre”.

Como consecuencia de estos hechos, los indígenas solicitaron al Estado colombiano adoptar las medidas necesarias para enfrentar a los grupos paramilitares que se encuentran en la zona, así como diseñar e implementar un plan de atención humanitaria para la población afectada por las acciones violentas. Igualmente, instaron a Sergio Caramagna, jefe de la Misión de la OEA en Colombia a que actué en función de la prevención del desplazamiento forzado y de los daños irreparables a la vida e integridad física de los indígenas, a que haga un pronunciamiento público respecto al proceso de desmovilización del Bloque Elmer Cárdenas y solicite el respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente solicitaron a los organismos humanitarios no gubernamentales visitar los resguardos indígenas y aportar técnica y financieramente al plan de atención humanitaria.

Escribir un comentario

Código de seguridad
Refescar