Entre el 14 y el 18 de julio se realizó la segunda misión de acompañamiento y solidaridad con el pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual fue convocada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos que integran la mesa de solidaridad con este pueblo indígena.  En el marco de esta actividad la comisión visitó las comunidades de Atanquez, Chemesquemena, Guatapurí y La Mina en el resguardo kankuamo, municipio de Valledupar.

 

En cada  una de las comunidades visitadas los delegados de las diversas organizaciones realizaron charlas y talleres con los líderes de las comunidades sobre temas relacionados con la ley de justicia y paz, megaproyectos, desplazamiento forzado y las recomendaciones del relator especial para pueblos indígenas. En el marco de esta actividad fue destacable la presencia de Alicia Chocue, líder indígena del pueblo Nasa del Cauca, quien compartió en las cuatro comunidades kankuamas la experciencia organizativa y de resistencia  pacífica de los pueblos indígenas del macizo colombiano. 

 

A la par de la capacitación  y el intercambio de experiencias la visita también fue aprovechada para dialogar con los habitantes del resguardo y  recoger los testimonios de los indígenas víctimas del conflicto armado para efectos de verificar la actual situación de seguridad y de derechos humanos del pueblo kankuamo. Aunque los habitantes manifestaron vivir una situación de relativa calma por la presencia permanente del Ejército, para los integrantes de la misión resultó preocupante observar como en la comunidad de Guatapurí la base militar se encuentra ubicada en un lugar sagrado y al lado de la escuela del lugar, poniendo en peligro a la población civil  e infringiendo las normas del Derecho Internacional Humanitario.

 

De otra parte, la comisión también pudo escuchar a las madres comunitarias de las comunidades quienes expresaron su descontento ante la intención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de implementar unos estándares de calidad para el funcionamiento de los hogares comunitarios sin tener en cuenta la perspectiva sociocultural. En ese sentido, las mujeres que desde hace 15 años vienen atendiendo a los niños indígenas, manifestaron que de implementarse ese manual de calidad lo único que se lograría sería el cierre de los hogares que en este momento atienden a cerca de 200 niños y que además se trata de una acto que contribuye al desconocimiento cultural del pueblo kankuamo, pues dicho documento no ha sido concertado con las autoridades tradicionales.

 

Otra de las problemáticas identificadas por los miembros de la misión fue el alto número de niños huerfanos que ha dejado el conflicto armado, pues la mayoría de ellos han tenido que pasar al cuidado de sus abuelos quienes en muchas ocasiones tienen a su cargo hasta 10 niños, quienes encuentran en los hogares comunitarios la única posibilidad de garantizar una mediana alimentación.

 

Estas situaciones fueron puestas en conocimiento de las autoridades locales y departamentales con las cuales se celebró una reunión el día 18 de julio en horas de la mañana y quienes se comprometieron a dialogar con las instituciones involucradas para dar respuestas efectivas a los indígenas kankuamos.

 

Ese mismo día en horas de la tarde, la Misión tenía previsto realizar una visita a los indígenas detenidos en la Cárcel Judicial de Valledupar, la cual no se pudo realizar debido a que las autoridades carcelarias solo autorizaron el ingreso de 16 integrantes de la comisión. Esta era una de las actividades más importantes de la misión, pues la principal problemática en materia de derechos humanos viene siendo las detenciones arbitrarias por parte de los organismos estatales a partir de pruebas falsas y de testimonios de supuestos desmovilizados de la guerrilla, quienes sindican a los indígenas de apoyar o hacer parte de la subversión. 

 

El balance de la misión y las situaciones denunciadas y observadas por la comisión resultan preocupantes si se tiene en cuenta que el relator Relator Especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, indicó y recomendó al Estado colombiano en el año 2004 impedir  la detención de los indígenas sin previa orden de captura, así como adelantar acciones de promoción y protección de los derechos de las mujeres y los niños indígenas.

 

Esta segunda misión es solo una de las actividades programadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen parte de la Mesa de Solidaridad con el pueblo kankuamo, quienes manifestaron su intensión de seguir contribuyendo a la defensa de los derechos humanos de los kankuamos, así como a la materialización del proyecto de autoprotección formulado por los mismos indígenas.

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