Estado y DDHH Mapuche

Entre los años 1996 y 2004 se han presentando 6 denuncias de casos de violaciones de derechos de personas y comunidades mapuches en Chile, nos referimos a los casos de los 144 dirigentes procesados ilegalmente del Consejo de Todas las Tierras; el caso pehuenche y la central Hidroeléctrica Ralco de Endesa - España. Asimismo, el caso de las autoridades tradicionales mapuches, los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin, condenados por ley antiterrorista, en un doble juicio (el primero los había absuelto), por “amenazas de incendio terrorista”, y, la de los hijos del lonko Pichún, Rafael y Pacual el primero encarcelado y el segundo pide refugio político en Argentina, debido a que mantienen una orden de aprehensión por no tener dinero para pagar una indemnización de perjuicios de $ 6.000.000. Estos dos últimos casos están sujetos a tramitación de admisibilidad en la CIDH Asimismo, el caso del dirigente Vìctor Ancalaf condenado con la aplicación de la ley antiterrorista en el marco del conflicto Represa Ralco; y del caso Poluco Podenco (Forestal Mininco), que afectó principalmente a la organización Coordinadora Arauko Malleko cuyos dirigentes fueron condenados por Ley Antiterrorista en el marco del conflicto con la industria forestal.

Tales casos constituyen solo la punta de iceberg de un profundo conflicto que se origina en el incumplimiento del Estado de Chile respecto a sus obligaciones internacionales relativas al reconocimiento, resguardo y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Nos referimos al derecho a la propiedad que legítimamente es reclamada sobre las tierras ancestrales y recursos; y a los derechos políticos, culturales y económicos que hoy son parte del derecho internacional consuetudinario, y forman un conjunto de “principios jurídicos internacionales generales aplicables en el contexto de los derechos humanos de los indígenas.

Además, el Estado de Chile no solo desconoce y transgrede el estándar internacional de derechos indígenas sino también ha hecho sistemático atropello de garantías fundamentales, e incluso transgresiones normas del derecho internacional humanitario, lo que se expresa en actos estatales de brutalidad policiaca, aplicación de legislaciones penales impropias para reprimir la movilización social y que transgreden el derecho al debido proceso, y someten a comuneros indígenas a encarcelamiento en condiciones inhumanas.

Estas situaciones y su evidencia probatoria ha sido recogida por diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales tales como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional, Human Right Watch. Asimismo, la situación de vulneración de los derechos indígenas en Chile fueron constatadas por el Relator Especial de Naciones Unidas Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas , en su visita a Chile en el 2003., quien sintetizó esta política estatal como una criminalización de la reclamaciones indígenas. Similar posición adoptó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas quien en noviembre pasado, se manifestó preocupado por la falta de reconocimientos a los derechos de los Pueblos indígenas y por la aplicación de leyes especiales en el contexto de las actuales tensiones por las tierras ancestrales en las zonas mapuche.

Un caso emblemático y que ha quedado en la absoluta impunidad, es la del joven Mapuche Alex Lemún Saavedra, que con 17 años de edad fue asesinado cobardemente con un disparo en la cabeza por funcionarios de Carabineros de Chile, al interior de un predio de la empresa forestal Mininco, falleciendo días después de una triste agonía, cuyo caso fue llevado por la Fiscalía Militar, encontrándose en primera instancia “responsable” a sus autores por ejercer violencia innecesaria, sin embargo, finalmente, la Corte Marcial dejó libre de todo cargo a sus responsables, quedando en absoluta impunidad.

Este y muchos otros casos, ha sido motivo de gran preocupación por parte de diferentes organizaciones. Las acciones de defensa y protección del territorio por parte de los mapuche ha generado a su vez una reacción represiva y persecutoria por parte del Estado chileno, que ha desplegado sistemáticamente su fuerza policial y judicial para disolver la legitima protesta de los mapuche. Cientos de mapuches han sido investigados por distintos hechos relacionados con el conflicto territorial, y varias decenas han sido juzgados por leyes especiales como la Ley de Seguridad del Estado y antiterrorista, por conductas que no revisten las características propias de los delitos contemplados en ellas. Los mapuche actualmente encarcelados por estas causas se consideran prisioneros políticos, y tanto el Relator Especial de Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas han conminado al Gobierno de Chile a detener esta persecución, sin que el Gobierno haya tenido hasta ahora una respuesta positiva.

Recientes testimonios de testigos e inclusos informes oficiales, indican que numerosos efectivos de Carabineros allanan las comunidades mapuche para realizar detenciones, continúan maltratando físicamente e insultando a los residentes, incluyendo a mujeres, niños(as) y ancianos(as)....... “A los niños les han amenazado, golpeado contra el suelo y la pared, dado culatazos con armas de fuego y les han hecho presenciar fuertes escenas en que sus padres, cuidadores o familiares son agredidos física y psicológicamente", señala textualmente en parte el Informe elaborado por el Servicio de Salud Araucanía Norte y que por primera vez -de parte de un organismo de Estado- reconoce y deja en evidencia el escenario de terror que viven a diario cientos de familias mapuche, hostigadas por la policía chilena.

Uno de los últimos violentos allanamientos provocados por Fuerzas especiales de carabineros, ahora dentro del gobierno de la actual presidenta Michelle Bachellet en el 2006, fue el realizado en Temucuicui, zona rural en las cercanías de la localidad de Ercilla, comunidad hostigada permanentemente por la represión policiaca en búsqueda de mapuches no habidos ante la justicia, considerados también “clandestinos” o “prófugos de la justicia”, como le llama el poder represivo.

En el contexto de la represión por parte de agentes de Estado en contra de movimientos disidentes Mapuche, las represalias han sido constantes en contra de personas y de grupos Mapuche, done incluso ha existido amenazas o peligros inminentes para la vida con respecto a violaciones sistemáticas contra personas y comunidades.

Estos derechos, en combinación con otros como el de libertad de circulación y el derecho a la honra y dignidad, aplicados tanto a individuos como a comunidades, son parte de una realidad que se ha vivido fuertemente en los últimos años en Chile.

Derechos territoriales colectivos en relación con los derechos humanos

En Chile ha existido una violación constante sobre los Derechos y territorios Mapuche. La situación que se ha venido enunciando constituye un serio contraste respecto a la imagen internacional de Chile, que destaca su perfil de país respetuoso de los derechos humanos, y con altos índices de desarrollo humano, después del retorno de la democracia.

Ciertamente en el contexto internacional puede ser altamente “valorable” un País con una “transición democrática estable” y que exhibe elevados índices de crecimiento económico, y que aborda las herencias de violaciones de derechos humanos cometidas en tiempos de dictadura. Sin embargo tal imagen construida diplomáticamente, ha formado un consenso internacional que invisibiliza la otra faz del denominado “modelo chileno”: las violaciones de los derechos y territorios indígenas y la criminalización y judicialización de las reclamaciones de tierras y de la defensa de derechos.

En efecto, los conflictos por tierras, espacios y recursos, que dieron origen a las denuncias de violaciones de derechos que han llegado a conocimiento de diversos órganos internacionales, responden a un patrón común de protesta mapuche y represión oficial frente a los impactos de un proceso de “modernización compulsiva” cuyas consecuencias en términos de vulnerabilidad de los derechos indígenas han sido largamente ignoradas por las autoridades.

La implantación de las políticas neoliberales en Chile desde fines de los años setenta del siglo XX implicó la liquidación de la propiedad comunitaria de la tierra indígena, tal como lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA - CIDH en su Informe anual de 1979-1980 . También implicó un cambio liberalizador del conjunto de regímenes de propiedad de los recursos del territorio: las aguas, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, las riberas, lo que significó la pérdida de las aguas y derechos ribereños de las comunidades mapuche. Asimismo se incentivó la reconversión productiva de la región mapuche, y se alentó la expansión de la industria forestal de monocultivos de especies exóticas de pino y eucaliptus. Tal política se profundizó en democracia, otorgándose solo una débil protección a las tierras indígenas, pero manteniendo la desprotección sobre los recursos naturales y espacios indígenas.

Justamente, sobre el acceso y protección del Borde costero, para las comunidades Mapuche Lafquenche (habitantes zona costera) ven como una amenaza la posibilidad de que se siga incrementando de que sean grandes consorcios los que manejen el borde costero y los recursos marinos, con enorme destrucción, acabando con una de los elementos ancestrales y constitutivos de la cultura Lafquenche. Las actuales iniciativas que se ha querido imponer sobre pesca en Chile ha venido dejando fuera del acceso a los recursos marinos a los pueblos indígenas que por su tradicional e histórica forma de organización no podían inscribirse para explotar las riquezas del mar.

En la Región de la Araucanía, las miles de toneladas de basura que generan mensualmente las distintas comunas, implican múltiples impactos a la territorialidad de comunidades Mapuche, tanto ambiental, social, cultural, sanitario y económico en las familias mapuche. Surge así un nuevo foco de conflicto, que llama la atención sobre otra forma de intervención en la vida de las comunidades, y que para estas es una nueva expresión de la discriminación: el racismo espacial y ambiental. En esta región, existen unos 19 vertederos están ubicados en comunidades mapuche, que representa un 70 % aproximado del total de recintos. De las 16 mil toneladas que produce la Región, más de 12 mil toneladas van a parar a sectores cuyos vertederos están al interior o colindantes con comunidades mapuche. Uno de estos recintos, ya cobró una víctima, la muerte del niño Aquiles Rodrigo Epul Huitraqueo víctima de la bacteria asesina en el sector Boyeco en agosto del año 2000, cercano al vertedero. El informe médico lo atribuyó a la bacteria asesina, situación que se relacionó inmediatamente con la existencia del basural que afecta a la zona de comunidades mapuche.

El modelo de la industria forestal, tiene impactos espaciales específicos: superpone una zona forestal virtual sobre los demás espacios, con el sistema de plantaciones, y ciudades-plantas industriales de celulosa, redes viales (carreteras y ferroviarias) y flujos autosuficientes articulados hacia el centro nacional y mercado externo. Una region forestal que responde a sus propias políticas y regulaciones. Se agotan y alteran los regímenes hídricos de cuencas, transformando los ecosistemas. Socialmente, provoca el desplazamiento de poblaciones, el acorralamiento de comunidades, y la exposición a contaminantes químicos. Más aún, la mayoría de estos terrenos son reclamados actualmente por diversas comunidades Mapuche por ser tierras ancestrales usurpadas.

La realización de la Central Hidroeléctrica Ralco, en el sector del Alto Bío Bío, en la VIII Región del país, en tierras ancestrales del pueblo mapuche-pehuenche, y que inundó cerca de 638 hectáreas de propiedad ancestral e impactó más de 3.500 hectáreas, y que obligó a la relocalización de 98 familias indígenas que tuvieron que abandonar su hábitat histórico, implicó un enorme impacto al sistema de vida de las comunidades indígenas de Ralco Lepoy y Quepuca Ralco y una abierta trasgresión a los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 4, Derecho a la Vida; su Artículo 5; Derecho a la Integridad Personal; su Artículo 12, Libertad de Conciencia y de Religión; y su Artículo 21, Derecho a la Propiedad Privada, tal como fue denunciado ante la CIDH en el año 2002.

El proyecto se llevó adelante contando con un abierto apoyo político e institucional por parte del Gobierno de Chile, quien no dudó en otorgar todos los permisos y autorizaciones administrativas necesarios para su realización. La Central Hidroeléctrica Ralco fue llevada adelante con una fuerte oposición de las organizaciones mapuches y significó un punto de quiebre con el Estado chileno, incluyendo sus Tribunales de Justicia, y una muestra de la voluntad real del poder político que se inclinó invariablemente por favorecer intereses económicos por sobre los derechos de los indígenas

Si bien, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las familias mapuche pehuenche peticionarias del Alto Bío Bío, los efectos e implicancias son irreversibles y en varios de los puntos acordados, el Estado chileno no ha cumplido con sus obligaciones, por el contrario, dentro de estos acuerdos , por ejemplo, estaba contemplado el de tomar mecanismos para asegurar que las comunidades mapuche pehuenche sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, pero como respuesta a esto, las familias pewenche tuvieron la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco, contra todo orden legal y humanitario .

Un caso muy similar es el que se está intentando ahora. La empresa Celco (planta de celulosa) del holding Arauco (industria Forestal), del multi millonario de origen Italiano, Anacleto Angelini, luego de destruir en menos de un año todo el ecosistema de un río y humedal, con características únicas, hecho conocido más bien como la matanza de los cisnes de cuello negro, por la desaparición de esta especie del lugar que además está en peligro de extinción, como consecuencia de las descargas de desechos tóxicos, hoy, coludidamente con instituciones públicas, respaldada por el propio Presidente Ricardo Lagos, intentan imponer un ducto con el fin de que los desechos vayan a parar al mar, lo que ocasionaría la destrucción completa del territorio marítimo afectando principalmente a las comunidades Mapuche Lafkenche que habitan en el lugar, lo que ha significado en el último tiempo diversas movilizaciones y resistencia ha este proyecto el que está en etapa de estudio. Actualmente, en pleno gobierno de Michelle Bachellet, el conflicto ha tomado aristas militarizadas. La empresa CELCO, para poder hacer sus estudios de impacto ambiental en la zona marítima, está siendo custodiada por las fuerzas armadas, con buques de guerra en el mar, donde se han provocado serios incidentes entre la marina y pescadores de la zona de Mehuín. Los pescadores se oponen tenazmente a todo estudio y su protesta social se expone a un nuevo proceso de criminalización y judicialización.

Desafortunadamente, diversos proyectos extractivos respaldados con fondos públicos y privados no han producido desarrollo sostenible y a cambio producen una herencia enorme de violaciones de los derechos humanos Mapuche. Otro caso, son las inscripciones de pedimentos mineros que se vienen haciendo por parte de empresas privadas y pùblicas sobre el subsuelo de comunidades Mapuche. La más grande, es la realizada por la empresa de cobre más grande del mundo, la empresa estatal CODELCO, quien viene inscribiendo miles y miles de hectáreas de subsuelo, con el propósito de instalar servidumbres, lo que contraviene la actual legislación indígena sobre esta materia.

En general, el desarrollo relacionado con industrias extractivas han resultado en desplazamientos forzadas de las comunidades Mapuche, destrucción de casas y propiedades indígenas, detenciones arbitrarias, daño irreparable al medio ambiente, perjuicio a la salud, destrucción a sus sitios sagrados y culturas, perdida de formas de subsistencia y acoso físico y ataques. Casos en este sentido se puede a replicar a numerosos proyectos y megaproyectos instalados en comunidades Mapuche, agregando a los señalados, el de la carreteras de la costa; Construcción de una carretera By Pass en Temuco; La industria pesquera y salmonera en territorio Mapuche Lafkenche y williche;, entre varios otros casos, con similares consecuencias

La discusión con respecto a las industrias extractivas y los derechos de los pueblos indígenas ha sido elevada por la propia Comisión y la Corte Interamericana cuando se ha afirmado no solo que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a tierras y territorios que usaban y ocupaban tradicionalmente, sino que además los Estados también tienen obligaciones bajo ley internacional a proteger y promover estos derechos a través de tomar medidas para demarcar y titular territorios indígenas y de garantizar a los pueblos indígenas el derecho de participar en la toma de decisiones y el derecho a dar o reservar su consentimiento previo, libre, e informado para estas actividades.

Por su parte, los derechos Mapuche a la tierra en su territorio deben ser reconocidos en su totalidad y no como parcelas, donde se debe garantizar a los Mapuche sus derechos a los recursos naturales de su territorio; Reconocer el derecho Mapuche a la autodeterminación o autonomía dentro de su territorio.-

Pero más allá de obtener un avance en el reconocimiento de estos derechos, legislativamente se ha ido retrocediendo. Una iniciativa parlamentaria aprobada por la Cámara de Diputados en el mes de septiembre del 2004, pretendía modificar las normas sobre formalización de tenencia de la tierra en la ley mencionada modificando uno de los artículos esenciales del ordenamiento de protección de la tierra indígena.

Dicho proyecto, planteaba la homologación de la tierra indígena al estatuto de regulación ordinario de tierras - lo cual atenta contra el estatuto de protección de la Ley Indígena – y habilita a una subdivisión de la tierra indígena a un metraje insustentable para la vida de las personas y comunidades mapuche. El proyecto ha sido cuestionado ampliamente por las organizaciones Mapuche y diferentes sectores, sin embargo este proyecto no ha sido retirado de la cámara de diputados y sigue siendo un peligro inminente a los Derechos colectivos Mapuche y de los Pueblos originarios en Chile.

Con lo señalado, existen antecedentes suficientes sobre violación a los Derechos Humanos de personas y/o grupos de personas del Pueblo Mapuche por parte del Estado de Chile, tales como: Abusos policiales, violaciones a las garantías del debido proceso, restricciones indebidas de la libertad de expresión, carencia de independencia, imparcialidad e ineficiencia en los poderes judiciales, atentados a los Derechos individuales y colectivos indígenas, como los territorios y sus recursos naturales.

Desafíos a seguir: Algunas perspectivas y percepciones

Urgen señales desde el movimiento Mapuche de repensar los caminos a seguir, de generar bases propias autónomas, más amplias, pluralista y representativas, que terminen con los prejuicios internos, las descalificaciones, los caudillismos, los falsos protagonismos y absolutismo, para que con nuevas estrategias, enfocadas en la libre determinación como derecho central a reivindicar, pongan fin a los abusos y atropellos de gobiernos y modelos que atentan contra los Derechos individuales y colectivos Mapuche. .

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