El 9 de agosto se expirará el plazo para que las familias derriben voluntariamente sus viviendas y un recurso ante el Tribunal pide que se aplacen los derribos hasta la llegada del plan de realojo. Las familias gitanas afectadas por el derribo de ocho chabolas en el poblado de O Vao expresaron, a través de abogado, su intención de no abandonar sus casas en los plazos exigidos por un auto judicial del 4 de julio.

El juez concluía así con la petición de ejecución forzosa de los derribos solicitada por la asociación de vecinos de O Vao y establecía el 9 de agosto como fecha límite para que los afectados dejaran sus casas e iniciaran la demolición voluntaria de sus viviendas. De no ser así, deberá ser el propio Concello quien se ocupe de realizar estos trabajos.

Los gitanos, sin embargo, recurrieron este auto ante el Tribunal Superior de justicia y, según su representante legal, Fernando Romai, consideran que los plazos marcados por el juez pierden su validez una vez que el asunto está pendiente de resolverse en el TSXG. «Puesto que el auto no es firme -dijo Romai- y aún puede ser modificado por el Tribunal Superior, sería una temeridad realizar los derribos, puesto que luego no habría arreglo posible». Por ello, considera que los plazos deben suspenderse y que el proceso debe reiniciarse cuando ya sea firme la ejecución de la sentencia.

Los gitanos alegan que no tienen posibilidad de abandonar sus chabolas porque carecen de recursos económicos para ello y que el número de personas afectadas es muy superior al que se piensa. «Estamos hablando de 50 personas, entre niños, ancianos y matrimonios», dijo Romai. Según el abogado, existen varias casas en las que conviven dos familias. En algunos casos cohabitan hasta nueve miembros.

La asociación de vecinos de O Vao, sin embargo, entienden que el problema social del poblado no debe interferir en el derribo de las chabolas, motivado por una irregularidad urbanística. Los afectados contestan que no pretenden perpetuar la ilegalidad, ni tampoco rechazan la demolición de las viviendas. «Lo que se pide -explicó Romai- es que esa demolición se haga de la manera menos traumática posible». «¿Si tiran sus casas, a donde van a ir esas familias? ¿No sería mejor esperar a la reubicación de todo el poblado?», añadió.

Plan de realojo integral

El Concello, que también ha recurrido el auto de la ejecución forzosa de los derribos y responsable subsidiario de garantizar su cumplimiento, afirma que el plan de realojo integral de O Vao marcha por buen camino y que pronto recibirán noticias de la Consellería de Política Territorial en referencia a la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que permitiría convertir el suelo industrial sobre el que se asienta el poblado en residencial, permitiendo de esta manera la construcción de viviendas en la zona. La aprobación definitiva de la recalificación de los terrenos estaba prevista para el viernes pasado. «En cuanto llegue la notificación falaremos con Vivenda para a elaboración de un convenio e esperamos que pueda comenzar a construcción do vial previsto», dijo la semana pasada el alcalde de Poio, Luciano Sobral.

El Ayuntamiento, sin embargo, aún no tiene pensado dónde reubicará a las familias afectadas por los derribos de siete chabolas, que deberá llevar a cabo el propio Concello en septiembre en el caso de que, como afirman, no lo ejecuten los propios gitanos y el TSXG no estime los recursos presentados. «Tendremos que pedir ayuda a algún organismo o institución, porque nos non podemos asumir su realojo de pleito independiente», afirmó Sobral.

Por Jaime Velásquez desde Poio

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