El sistema de gobierno del Presidente, Álvaro Uribe Vélez, para los especialistas es tema de análisis constante, especialmente el área de Conflicto y Paz. Jorge Rojas R. es integrante de la Consejería para los derechos humanos y el desplazamiento, CODHES y desde su experiencia, plantea la problemática que vive la población colombiana en medio de los alzados en armas, la fuerza pública y el manejo particular por parte del estado a los llamados “Procesos de paz”.

Por: Jorge Rojas R*.

Al iniciar su segundo mandato el presidente Uribe dice que tiene voluntad de lograr la paz, (“para lo cual únicamente pedimos hechos”) y asegura, a manera de apuesta, que “la connotación democrática de la seguridad es un paso irreversible” en esa

dirección.

No dice la seguridad democrática, sino la connotación democrática de la seguridad. ¿Acaso su apuesta es un modelo de seguridad en el marco de la democracia y el respeto a los derechos humanos? Este sería un hecho de paz que implicaría replantear la política de seguridad “democrática” (cuyos resultados constituyen un fracaso, si se miden en términos de cercenamiento de libertades, desplazamiento, detenciones arbitrarias y otras manifestaciones de una crisis humanitaria y de derechos humanos aún no resuelta, además de la prolongación de la guerra, la diseminación de cultivos de uso ilícito y la fragmentación de carteles de la droga).

Más que contradicción, la seguridad y la paz se complementan. Los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son el enlace entre la seguridad y la búsqueda de la paz y por esta vía se puede superar la retórica de la paz y el “escepticismo que bloquea el sendero de acercamientos”, según palabras del primer mandatario.

En esta dirección es imprescindible otro hecho de paz: un acuerdo humanitario que permita, en primer lugar, la libertad de las personas detenidas por el Estado o en poder de la guerrilla y, en segundo lugar, ganar un espacio mínimo de confianza para avanzar en una propuesta irreversible de paz (con la libertad de los oficiales y suboficiales en poder de la guerrilla la Fuerza Pública sentiría “retribuida su misión de proteger al universo ciudadano” y este hecho de paz aseguraría un apoyo ciudadano al diálogo y la solución política del conflicto).

Tiene razón el presidente al afirmar que “en medio de la violencia el diálogo se desgasta y la búsqueda de la paz desmotiva la tarea de la institución armada legítima”. Por eso es necesario un cese de hostilidades bilateral y la creación de condiciones y garantías para un proceso irreversible entre el gobierno y la guerrilla.

Al presidente le da miedo no alcanzar la paz y retroceder en la seguridad. La dicotomía es falsa porque promover la solución política es parte de un modelo de seguridad en el que el diálogo y la negociación tienen cabida. Sin embargo, el presidente tiene razón cuando afirma que la paz necesita sinceridad, pero no sólo de las guerrillas sino también del gobierno colombiano, del gobierno de Estados Unidos y de la clase dirigente del país (en el Cagúan, por ejemplo, el gobierno no podía negociar y la guerrilla sólo quería dialogar).

A la sociedad colombiana no le da miedo la paz negociada porque ha padecido los rigores de la guerra (con todas sus manifestaciones de violencia y arbitrariedad del Estado, los paramilitares y las guerrillas). Más miedo inspira la posibilidad de una negociación excluyente entre las partes enfrentadas, sin tener en cuenta a las víctimas y al conjunto de la sociedad civil.

Refiriéndose a los paramilitares, pero sin mencionarlos, el presidente reconoce una generosidad “muchas veces injusta” (reconocimiento tardío de la falta de verdad, justicia y reparación) y, a renglón seguido, advierte que hay un margen de comprensión de la comunidad cuando “los hechos demuestran buena fe y honestidad de los beneficiarios” (que es precisamente lo que no ha ocurrido con algunos de los grupos).

El discurso presidencial se refiere a “la interferencia violenta en la emulación política” para lo cual cita la “combinación de formas de lucha, la debilidad institucional para enfrentarla y la reacción también violenta e ilegítima para contrarrestarla”. El mensaje se orienta a provocar reacciones de las guerrillas, como una forma de tantear en público eventuales acercamientos privados.

Hay que descubrir mensajes en el discurso de Uribe, así como en los comunicados de la insurgencia y en los hechos de guerra, que también cuentan en el posicionamiento de unos y otros para eventuales procesos de paz.

Hay tres escenarios posibles:

Ruptura: Se rompen el proceso con las AUC, no se inicia la negociación con el ELN y las FARC no dialogan con Uribe (ni siquiera para un acuerdo humanitario). Negociación parcial: Continúa el proceso con las AUC (hay muchos intereses públicos y privados en juego), se inicia la negociación con el ELN (¿Qué se negocia?), pero las FARC sigue ausentes de la negociación política (aunque podría darse el acuerdo humanitario). Negociación simultánea: Además de negociar con las AUC y el ELN, el gobierno abre una mesa de diálogo y negociación con las FARC luego de pactar y cumplir un “intercambio” humanitario. Sería la primera vez en la historia del conflicto armado que un gobierno negocia con todos los actores de la guerra.

Sin embargo, hay varias amenazas que se ciernen sobre el país, en cualquiera de los tres escenarios:

La creciente intervención militar de Estados Unidos a través del Plan Colombia y el Plan Patriota; el Tratado de Libre Comercio (también con USA); un régimen presidencialista que tiende a concentrar todos los poderes (Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional de la Televisión, Junta del Banco de la República, Contraloría, Procuraduría, Registraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Congreso de la República) y las reformas tributarias, del régimen de transferencias y de privatización de ECOPETROL, Seguro Social y otras empresas del Estado, en desarrollo de un modelo económico que concentra la riqueza y acelera el empobrecimiento de la mayoría de la población.

¿A cuál escenario le debe apostar la sociedad civil y cómo enfrentar estos y otros obstáculos para la paz? Paradójicamente es más fácil decir guerra. El reto es construir escenarios políticos para la paz.

Por lo pronto, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz acaba de convocar su V Plenaria con propuestas concretas como convertir las elecciones territoriales de octubre de 2007 en un plebiscito nacional para exigir el cese de hostilidades, respeto a la población civil y conversaciones de paz.

También propone esta expresión diversa y plural de la sociedad civil instar a los países de América Latina a crear un Grupo de Contadora por la paz de Colombia, al gobierno y las guerrillas a pedir los buenos oficios del Secretario General de Naciones Unidas y a los gobiernos de Estados Unidos y Europa a actuar en función de la paz y no de la guerra.

El discurso del presidente termina su alusión a la paz con esta frase “Paz con una forma de lucha: la transparente emulación de las ideas”. Ojala esas intenciones estén acompañadas de hechos de paz.

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