Bogotá, 28/09/2006. A raíz de los hechos registrados el pasado 18 de septiembre, en los cuales a Mamos y autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta no les permitieron realizar la ceremonia tradicional de pagamento en el lugar sagrado conocido como el cerro Jukulwa ubicado en Dibulla (Guajira). El cabildo indígena Gonawindua Tayrona exigió al Estado colombiano a través de un comunicado, el respeto por sus derechos como pueblos originarios y piden enérgicamente la aplicación de la consulta previa en cumplimiento a los acuerdos establecidos con el gobierno (Resolución 837 del 28 de agosto de 1995), y a los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de la ONU; porque argumentan que nunca se han aplicado la consulta previa y por las firmas que sustentan lo contrario han sido conseguidas por medio de situaciones no muy claras.

Gabriel Muyuy, delegado para asuntos étnicos de la defensoría del pueblo, confirmó la solicitud hecha al Ministerio del Medio Ambiente para que revise las condiciones en que las fue otorgada la licencia al proyecto “Puerto Multipropósito Brisa S.A., Dibulla – Guajira” y verifique la existencia legal como el reconocimiento del territorio sagrado, de estos pueblos de la Sierra Nevada con el Ministerio del Interior. El gobernador del cabildo expresa: “solicitamos al gobierno nacional que ordene la suspensión inmediata de las obras iniciadas, hasta tanto no se cumplan y agoten los procedimientos que índica la ley para amparar nuestros derechos fundamentales como indígenas y como colombianos”.

El proyecto es una propuesta de la empresa Brisa S.A., cuya ubicación corresponde a jurisdicción del municipio de Dibulla, (Guajira); el proyecto cuenta con un área de 48 H y 1.200 H, para la implicación e implementación de proyectos conexos a la actividad portuaria. El puerto tiene proyectado implementar el sistema de transporte vial, férreo y aeroportuario, con el cual pretenden consolidar un sistema intermodal de carga para la costa atlántica.

La semana anterior, las autoridades locales y representantes de la empresa Brisa S.A, por primera vez, no le permitieron a los indígenas de la Sierra Nevada (Kowi, Wiwa, Arahuaco y Kankuamo) realizar su ceremonia tradicional de pagamento en el cerro Jukulma; cuya práctica milenaria constituye un icono ancestral esencial para su supervivencia y fue interrumpida abruptamente. Los Mamos y el Cabildo indígena Gonawindua Tairona, desistieron de su intención, pero a través de la lucha pacífica solicitan que sus derechos colectivos no sean violados por conservar el interés privado y exigen una consulta previa antes de continuar con el proyecto portuario.

Los indígenas de la sierra están a la espera de una respuesta clara y una aclaración oficial de los hechos, pues aseguran que no entienden porque el gobierno concedió la licencia cuando el territorio es reconocido como sagrado y es vital para la supervivencia de los pueblos originarios de la sierra nevada; además solicitan una explicación de por qué les negaron el acceso a un lugar ancestral para su comunidad. Sin embargo, argumentan que no buscan la confrontación o la disputa y rechazan la violencia como alternativa.

Juan Mamatacan, Gobernador del Cabildo Gonawindua Tairona, le contó Actualidad Étnica y manifestó su preocupación. “La construcción improvidaza constituye una violación grave de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues al no permitirnos ofrecer a la madre tierra las ofrendas y los Mamos no puedan hacer el trabajo espiritual, no se podrán prevenir las enfermedades y el habrá mucho verano y mucha lluvia, por tanto la supervivencia de nuestros pueblos está en peligro”.

El proyecto tuvo una serie de estudios ambientales ordenados previamente por el Ministerio de Medio Ambiente, y en ninguna ocasión contó con la valoración positiva de los institutos Humboldt e Invemar. “Allí se encuentran ecosistemas con características únicas en el Caribe Colombiano”, así lo argumentó en su momento, la Dirección de Ecosistemas del Ministerio.

Los indígenas piden la aplicación de la consulta previa, que fue contemplada y en un comunicado público (22/09/2006) y dirigido a los organismos estatales pertinentes, exigen revisar el proceso mediante el cual fue otorgada la licencia a la empresa Brisa S.A para construir el puerto y a su vez que se tomen las medidas necesarias para garantizarles sus derechos colectivos como indígenas.

Posiciones encontradas

La empresa Brisa S.A y la autoridad indígena han mantenido un diálogo a través de los medios y sus posiciones están en polos opuestos. Brisa S.A asegura que el gobierno les certificó que no existían indígenas en la zona, por su parte la autoridad indígena argumenta que el Ministerio del Interior les reconoce como pueblo indígena, con un territorio sagrado en el cual se encuentra el predio destinado para la construcción del puerto.

El empresario Arturo Blanco Ordóñez, presidente de la compañía Brisa S.A, expresó en una entrevista exclusiva al periódico El Espectador (2006-09-03) que el proyecto pertenece a empresarios brasileros y colombianos, no tiene vínculos con el estado y desde el gobierno de Pastrana se ha pensado en una siderúrgica y un puerto en la guajira. “Es el mejor sitio por sus ventajas naturales, se comunican la trocal del Caribe, de Venezuela y la Costa Atlántica. El gobierno apoya nuestro proyecto porque cumplió con todos los requisitos y las normas ambientales se fueron despejando”. Sin embargo no reconocen la existencia de indígenas en la zona, pues argumentan que el Ministerio del Interior no les certificó la existencia de las comunidades.

Juan Mamatacan Moscote respondió a la declaración del presidente de Brisa S.A en entrevista al mismo medio (El Espectador 2006-09-09), afirmando que el sitio hace parte de la Línea Negra, es territorio sagrado y así es reconocido por el Ministerio del Interior a través de la resolución 002 de 1973; pero no entienden por qué en marzo de este año les fue notificada la resolución 551 de diciembre 2005, en la cual se concedió licencia ambiental para la construcción del puerto.

“Recibimos la visita de tres funcionarios del Ministerio del Interior y del Ambiente, en la cual nos mostraron un documento denominado “Certificación”, que decía que el proyecto y las acciones derivadas del mismo no interfieren con las comunidades indígenas, ni con los pagamentos de éstas y así lo respaldan 113 firmas que rubrican el presente documento” anexan fotocopia de las firmas. Al revisar los originales de las actas realizadas, encontramos que las firmas corresponden a una reunión del pueblo Wiwa, en la cual se discutió sobre el consejo de Mamas y otras cuestiones de organización interna. Al parecer, estas firmas fueron fotocopiadas y anexadas de manera amañada a la certificación aludida. No entendemos por qué, sí se trata de un documento oficial, no va respaldado con firmas originales sino con fotocopias”.

Connotación ancestral del territorio

Dibulla, es un sitio sagrado a la orilla del mar en la Guajira, recocido así por el Ministerio del Interior, hace parte de “La línea negra” que es una delimitación simbólica de los territorios ancestrales y está compuesta por la unión de los hitos periféricos del sistema de sitios sagrados existentes en el macizo. El cerro Jukulma, se considera sacro porque connota respeto por la madre de los alimentos que se producen en la sierra, “Zenizha”.

“Es un sitio para el cuidado espiritual de los animales, de las aguas, de los árboles y es una tranca para las enfermedades. Es muy importante para prevenir las enfermedades y para sostener la naturaleza y los animales. Así sostenemos el equilibrio de la Sierra y de todo el mundo. Este sitio, las lagunas costeras, las madres viejas de los ríos y los pantanos de las partes bajas están conectados con las lagunas de los páramos y son esenciales para conservar el ciclo natural de las aguas. Arriba y abajo todo está relacionado. Dicen nuestros mayores que las obras están poniendo en grave riesgo las aguas y pueden empezar a secarse los ríos. También es fundamental para nuestras culturas para mantener el orden ancestral espiritual, territorial, colectivo y personal” argumenta Juan Mamatacan.

Cronología

1996. Se presenta el proyecto y el gobierno lo rechazó por ser una zona de Pagamento.

1997. Se hace una consulta interna a las autoridades indígenas por el proyecto portuario presentado por la empresa Provecho Limitada, quien solicitó la construcción en el Dibulla.

1998. El Ministerio del Medio Ambiente negó la licencia mediante la Resolución 0621

2001. Se presenta la solicitud de la licencia ambiental, pero está vez el nombre de la empresa es Brisa S.A. y tiene las mismas características.

2002. El Ministerio del Medio Ambiente le exigió a la empresa Brisa S.A. exigió el estudio de impacto ambiental.

2003. Luís Prieto envía una carta a la ministra, Cecilia Rodríguez recordándole que los trámites estaban muy demorados y él, en reunión previa con el Presidente acordó acelerarlo.

2004. El Instituto Humbolt y el Instituto de Investigaciones Marinas (Invemar) de nuevo dieron inviabilidad al proyecto. “En la zona existen varias especies que aparecen en el Libro Rojo, como peligro de extinción”.

2005. La comunicadad Kogui-Malayo-Arahuaco manifiesta su inconformidad porque no se había adelantado el proceso de consulta previa y aclaro, que en el 2004 el Ministerio del Medio Ambiente reconoció a la hacienda Santa Helena (sitio destinado a la construcción del puerto) como un sitio sagrado: Jukulwa.

Diciembre. La ministra de ese momento, Sandra Suárez, firmó la resolución 551(14 de diciembre) en la que se aprobó la concesión portuaria.

2006. Se Inició el proceso de construcción del puerto y a la comunidad indígena, por primera vez no puede ingresar al lugar a realizar su tradicional ceremonia de pagamento.

Fuentes

El Espectador. www.elespectador.com.co, y la Comisión Colombiana del Océano. www.cco.gov.co.

The Ecologist, edición para Colombia. Volumen 1Nº 5 Año 2006. Derechos Humanos, la línea negra. Pág 37-38.
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