Bogotá. 03/10/2006. A petición de nuestros lectores, publicamos la declaración final de la Misión de Verificación Internacional sobre la situación humanitaria y DDHH de los pueblos IndÃgenas de Colombia, que fue emitida ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, el pasado 29 de septiembre. Los delegados que conformaron la Misión dieron a conocer sus preocupaciones, constataciones reales, conclusiones y recomendaciones finales. Una de las afirmaciones más graves que dieron a conocer es que la situación de los pueblos indÃgenas no ha mejorado, por el contrario ha empeorado, “desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos indÃgenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este riesgoâ€.
Declaración final de la Misión Internacional de Verificación Sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos IndÃgenas de Colombia
Declaración final
Ante la agudización de la crisis humanitaria de las comunidades indÃgenas en Colombia, las principales organizaciones indÃgenas de Colombia, congregadas en el Consejo Nacional IndÃgena de Paz, convocaron a una Misión Internacional de carácter independiente para hacer seguimiento a las recomendaciones hechas en el 2004 por el Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indÃgenas, Rodolfo Stavenhagen. Esta Misión Internacional de Verificación sobre la Situación Humanitaria y Derechos Humanos de los Pueblos IndÃgenas de Colombia entre el 19 y 29 de septiembre de 2006 tuvo como propósito verificar el estado de cumplimiento de las recomendaciones y la situación actual de los pueblos indÃgenas, producir un informe para que la comunidad internacional pueda instar al gobierno de Colombia el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales y de orden nacional, en materia de respeto a los derechos de los pueblos indÃgenas.
La Misión estuvo conformada por organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Europa, América Latina, Estados Unidos, y Canadá, con observadores de las agencias de las Naciones Unidas, la Embajada de Suiza, la Embajada de Alemania, la delegación de la comisión europea, y la MAPP-OEA.
La Misión visitó cinco regiones: la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú en Córdoba, el departamento de Arauca, el departamento del Cauca y el departamento del Guaviare. En cada región la Misión sostuvo entrevistas con las comunidades indÃgenas y sus organizaciones, recibió testimonios de indÃgenas vÃctimas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se entrevistó con autoridades locales y departamentales, cÃvicas, militares y de organismos de control del Estado. En el ámbito nacional, la Misión se entrevistó con entidades del Sistema de Naciones Unidas y con miembros del Cuerpo Diplomático congregados en el G24, con autoridades del gobierno central y con los organismos de control nacional.
Adicionalmente, la Misión participó en el foro nacional de mujeres indÃgenas y en el foro nacional por la vida de los pueblos indÃgenas y tuvo acceso a estudios de caso, informes de violaciones de derechos humanos a los pueblos indÃgenas, testimonios, documentos y análisis de expertos, que le permitieron obtener una visión integral de la situación actual por la que atraviesan los pueblos indÃgenas de Colombia.
Una vez concluida la visita en terreno, la Misión emite la siguiente declaración:
Constataciones
1. La Misión constató que los pueblos indÃgenas (hombres, mujeres, niños y niñas, y sus organizaciones) están siendo vÃctimas de violaciones a los derechos humanos fundamentales y de crÃmenes de lesa humanidad, tales como: asesinatos polÃticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones y acusaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad. Igualmente se violan su derecho al debido proceso, el respeto a su autonomÃa, costumbres y territorios. Las medidas implementadas en el marco de la polÃtica del actual gobierno, tales como: la red de informantes, los soldados campesinos, los batallones de alta montaña, las brigadas móviles, los escuadrones antidisturbios, y los grupos de operaciones especiales, agravan la ya difÃcil situación que enfrentan los pueblos indÃgenas y sus territorios.
2. La Misión constató que los pueblos indÃgenas están sufriendo los efectos de las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados en el contexto del conflicto armado interno (la Fuerza Pública, los grupos guerrilleros y paramilitares o desmovilizados). La Misión tuvo conocimiento y pudo observar en el terreno que la fuerza pública ha construido puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, en medio de los sitios de vivienda de los indÃgenas, en lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indÃgenas. Realizan retenes militares y controles en los que se despoja a los indÃgenas de alimentos, medicinas y otros implementos necesarios para su supervivencia. Los grupos armados ilegales practican el reclutamiento forzado de jóvenes indÃgenas. Todos los actores armados han asesinado a hombres y mujeres indÃgenas y ocupan zonas humanitarias y sitios de asamblea permanente, designados por las comunidades indÃgenas como lugares de protección frente a los efectos del conflicto. Ejecutan operaciones militares que no guardan los principios básicos de distinción y proporcionalidad, afectando gravemente a la población indÃgena.
3. La Misión constató que el actual proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y las normas creadas para ello, no garantizan la verdad, justicia y reparación de los crÃmenes cometidos por los paramilitares contra los pueblos indÃgenas, que continúan en una situación crÃtica. La Misión recibió testimonios que indican que en varios de los territorios indÃgenas los paramilitares no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crÃmenes e intimidando a la población; en otros casos, se informó a la Misión que los paramilitares desmovilizados han conformado nuevos grupos armados y desarrollan las mismas prácticas anteriores contra las comunidades; asà mismo, se recibieron testimonios sobre el control social, las actividades de infiltración, información, y hostigamiento que los paramilitares desmovilizados realizan contra las comunidades, organizaciones y lÃderes indÃgenas.
4. La Misión constató que en los territorios indÃgenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y los criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de la OIT, de las Naciones Unidas y por los propios mecanismos internos de concertación establecidos entre el estado colombiano y las autoridades indÃgenas. Estos proyectos incluyen: infraestructura vial, fluvial y marÃtima, extracción de minerales e hidrocarburos, construcción de represas y grandes proyectos hidroeléctricos, control y explotación de la biodiversidad, y proyectos agroindustriales como los monocultivos de palma aceitera y caucho. Estos megaproyectos, además de generar graves e irreparables impactos ambientales, rompen el equilibrio natural y espiritual que los pueblos indÃgenas han mantenido por años, desestructuran el territorio, perjudican la salud y afectan los ciclos productivos, alimenticios y la convivencia de las comunidades indÃgenas.
Preocupaciones especiales
5. La Misión pudo constatar que las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indÃgenas están acompañados de violaciones a sus derechos colectivos y que se está creando un marco jurÃdico normativo que agravarÃa esta situación. En este sentido, la Misión expresa su preocupación especial por las leyes más recientemente aprobadas y por las que están en trámite, tales como la ley forestal, la ley de aguas, la ley de páramos, y ley de desarrollo rural, que retroceden en derechos conquistados por los pueblos indÃgenas y apuntan a generar mayores niveles de exclusión sociocultural y violencia, y configuran claros escenarios de extinción de los pueblos indÃgenas.
6. La Misión pudo observar la situación particular de la educación y la salud de las comunidades indÃgenas y manifiesta su preocupación por la desatención de parte de las entidades regionales y del Estado central y por la ausencia de mecanismos de concertación con miras a respetar y apoyar las propuestas de las comunidades indÃgenas desde su cosmovisión, sus prácticas tradicionales, su sabidurÃa ancestral y sus proyectos de educación y salud propia.
7. La Misión escuchó abundantes testimonios sobre la situación especÃfica de las mujeres indÃgenas. La Misión quedó altamente preocupada y denuncia las prácticas de acoso, abuso sexual, violación, engaño y seducción contra mujeres y niñas indÃgenas, por parte de miembros de la fuerza pública. La Misión recibió testimonios sobre menores que han quedado embarazadas sin que exista responsabilidad alguna asumida por los militares y/o policÃas responsables.
8. La Misión recibió testimonios e información sobre la fumigación aérea sobre territorios indÃgenas, que se llevaron a cabo sin la consulta previa de las comunidades, donde existÃan o no cultivos de uso ilÃcito dentro de los territorios indÃgenas afectadas. Las fumigaciones están agravando la inseguridad alimentaria que existe en varias comunidades indÃgenas por los daños que causa a los productos de pan coger y por los afectos negativos en la salud. La Misión observó que las comunidades tienen serias dificultades para acceder a los fondos de reparación por los daños ocasionados por las fumigaciones a sus territorios y cultivos de pan coger. La Misión observa que no encontró propuestas alternativas reales y concertadas con las comunidades, por parte de las autoridades responsables.
9. La Misión constató que los pueblos indÃgenas han iniciado una campaña encaminada a la “liberación de la madre tierra†y que tiene que ver con la necesidad y exigibilidad de ampliación de sus territorios para garantizar su supervivencia. La Misión tuvo información y datos sobre los altos Ãndices de concentración de la tierra y la propiedad en Colombia, en los últimos años y las muertes que la defensa del derecho a la tierra y al territorio ha causado para los pueblos indÃgenas. De igual forma, la Misión conoció que el Gobierno colombiano ha incumplido, reiteradamente, acuerdos firmados con las organizaciones indÃgenas encaminados a devolver y titular tierras ancestrales que han sido usurpadas a los pueblos indÃgenas.
10. La Misión lamenta no haber podido encontrarse con algunas de las principales entidades gubernamentales y estatales colombianas, tales como la Vicepresidencia, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Minas y EnergÃa. Los miembros de la Misión lo interpretan como una falta de voluntad polÃtica por parte del gobierno colombiano de cumplir con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos de los pueblos indÃgenas de Colombia.
Conclusiones
10. Por las constataciones anteriormente señaladas, la Misión concluye:
Que las recomendaciones presentadas por el Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indÃgenas no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales.
Que, desde la visita del Relator (2004), la situación de los pueblos indÃgenas de Colombia se ha agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción ante lo cual, la Misión, hace un llamado urgente a la comunidad internacional y al Estado Colombiano a que hagan todo lo necesario para detener este riesgo.
Que la sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y de del derecho internacional humanitario y de los crÃmenes de lesa humanidad a los que han sido sometidos los pueblos indÃgenas de Colombia prefiguran un genocidio contra estos pueblos, que ni siquiera las Medidas Cautelares y Provisionales, emanadas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han podido detener.
Recomendaciones
1. La Misión recomienda al Relator Especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos IndÃgenas realizar una pronta visita de seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones, con miras a exigir al Estado Colombiano respuestas eficaces ante la gravedad de la situación de estos pueblos.
2. La Misión recomienda a la Unión Europea y al G24 hacer un seguimiento más detallado a la situación de los pueblos indÃgenas, en el marco de las cumbres de Londres y Cartagena sobre los derechos humanos y a la cooperación internacional en Colombia.
3. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano no dilatar el cumplimiento de acuerdos con las comunidades y organizaciones indÃgenas respecto de la titulación de tierras y territorios e implementar mecanismos de solución negociada antes que los de la represión policial y las judicializaciones.
4. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano retirar de los pueblos y lugares de vivienda de los indÃgenas los cuarteles, trincheras y otras formas de ocupación militar que pongan en inminente riesgo a la población civil indÃgena.
5. La Misión recomienda al Gobierno Colombiano considerar los resguardos indÃgenas como territorios de paz y diseñar una polÃtica integral para proteger a los pueblos en riesgo de extinción.
6. La Misión Recomienda al gobierno de los Estados Unidos hacer un monitoreo más detallado para asegurar el respeto del territorio y propiedad indÃgena por los programas de la polÃtica de la seguridad democrática y aumentar su atención y acciones a favor de los pueblos indÃgenas.
7. La Misión recomienda a los grupos armados ilegales respetar los derechos de los pueblos indÃgenas a su territorio, vida, y autonomÃa y todos los principios del derecho internacional humanitario.
8. La Misión recomienda a las organizaciones sociales, nacionales e internacionales y a los pueblos indÃgenas solicitar una moratoria en la implementación de megaproyectos, en territorios y resguardos indÃgenas, mientras no se cumplan los mecanismos y acuerdos, tanto internacionales como nacionales, entre ellos, la de la consulta real y efectiva a las comunidades y organizaciones indÃgenas.
9. La Misión recomienda a la cooperación internacional apoyar a los planes de vida, a las estrategias de gobierno propio y autoprotección de las comunidades indÃgenas.
10. La Misión extiende su solidaridad a las comunidades afrodescendientes y campesinas que se enfrentan condiciones similares a las de los pueblos indÃgenas.
Esta declaración está acompañada de un informe detallado de la Misión sobre cada una de las regiones visitadas.
Dada en Bogotá, el 28 de septiembre de 2006.
Participantes de la Misión:
Michel Neveu, Alcalde y Consejo General de Loire – Atlantique (Francia).
Beverly Jacobs, Presidenta, Asociación de Mujeres IndÃgenas de Canadá.
EfraÃn Caladucha, CONAIE (Ecuador).
Franklin Toala, CONAIE (Ecuador).
Charlie Roberts, Comité para los Derechos Humanos de Colombia a Washington (USA).
