El pasado 11 de octubre, en la plenaria del Senado pasó con 49 votos y contra 40, el proyecto de ley que concede derechos patrimoniales y de acceso a la seguridad social a las parejas de un mismo sexo. Para que esta ley se convierta en un hecho que favorezca a la población gay, faltan dos debates reglamentarios en la Cámara de Representantes, que se darían a finales de octubre o iniciando noviembre. Posterior a esta etapa pasaría a la Plenaria de la Cámara, que preside Alfredo Cuello Baute, uno de los mayores opositores de la ley.

El miércoles 4 de octubre, cuando el proyecto estaba a punto de ganar el segundo debate, se presentó la desintegración del quórum de la plenaria del Senado, por lo cual se aplazó el avance de la iniciativa, una semana después, el día de la aprobación, varios congresistas se escabulleron en medio de la votación del proyecto.

Por su parte voceros de movimientos gays, le informaron al diario El Tiempo, que habrá una fuerte campaña entre los representantes para que voten el proyecto con base en información y no en prejuicios. Esta respuesta se dio después de que el presidente de la Cámara, Alfredo Cuello Baute, dijo que se opondrá al proyecto de ley gay, "Utilizaré herramientas constitucionales, legales y argumentos para proponerles a mis colegas el archivo de ese proyecto", dijo el sábado pasado Cuello en entrevista con El Tiempo.

Jesús Piñacué a favor del proyecto de ley

El senador de la Alianza Social Indígena, Jesús Enrique Piñacué, anunció hace unos días, su voto favorable por el proyecto de ley, argumentando que éste es un derecho a la diversidad y a la existencia, y que el debate debe ir más allá de lo moral y religioso. En nombre de la bancada de la Alianza Social Indígena, Piñacué consideró que el derecho a la diversidad y la existencia de parejas de un mismo sexo que durante muchos años han sido discriminados y maltratados por su especial condición, no debe confundirse con discusiones morales y religiosas.

Por el contrario, dijo el Senador, hoy la comunidad gay es un hecho social inocultable, donde el Estado está en la obligación no sólo de incorporarlos a la sociedad, con todo el respeto que eso conlleva, sino también de protegerlos legalmente con los mismos derechos que gozan las parejas heterosexuales, “Si dos personas del mismo sexo deciden convivir, necesitan del Estado la regulación del patrimonio que vendrá y de la seguridad social que requerirán”.

Por último reiteró que la legislación propuesta no tiene que ver con el concepto de familia que contempla la Constitución Nacional, “En la Constitución y particularmente en los derechos fundamentales, el Congreso encuentra con suficiencia el soporte constitucional, social y jurídico para legislar a favor de la convivencia pacífica y racional de estas personas. Me parece necesario sacar el tema del campo del concepto de la familia, pues la regulación jurídica propuesta no es más que la normalización de una sociedad civil entre dos personas de un mismo sexo que de su voluntad y libre desarrollo de la personalidad surge el deseo de convivir, de lo cual surgen patrimonios que requieren regulación y necesidades de seguridad social que no se les puede negar”.

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