Durante la última semana de agosto del año 2005 la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana desarrollaron la operación Atánquez contra el Frente 59 de las FARC y 6 de diciembre del ELN, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar. Como resultado de esta acción, 16 personas fueron detenidas y presentados a la opinión pública como guerrilleros y milicianos de las FARC. Según el parte de la policía se trataba de terroristas que desde hacía algún tiempo estaban cometiendo diversos tipos de delitos en la región. Las detenciones tuvieron lugar en la comunidad de Atánquez, del resguardo indígena kankuamo, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La acción de la fuerza pública fue motivada por la emboscada de la guerrilla de las FARC contra un Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional en la cual murieron 14 uniformados. Los hechos ocurrieron el primero de agosto de 2005 entre los corregimientos de la Mina y Patillal, en el momento en que varios camiones de la Policía se dirigían desde Atánquez hacia Valledupar. En medio de la indignación que causó este hecho, el Director Nacional de la Policía ofreció una recompensa a quienes dieran información para capturar a los responsables del atentado, en tanto que el presidente Uribe solicitó de manera pública la cooperación eficaz de la ciudadanía.

Entre los detenidos se encontraba Sandra, una indígena de la comunidad de Atánquez que se dedicaba a las labores del hogar y a atender a sus tres hijos de 9, 7 y 5 años de edad. La detención ocurrió el 25 de agosto de 2005, luego de que miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía estuvieron buscándola en la casa de su mamá.

Días antes de la captura, cuando Sandra y su mamá caminaban por las calles de Atánquez un cabo de la Policía la llamó, le preguntó el nombre y le solicitó que en las horas de la tarde le llevara la cédula de ciudadanía hasta la Estación de Policía, a lo cual Sandra accedió, pues se trataba, según el uniformado de una investigación que estaban realizando. Sin embargo, Sandra indicó que antes de que le devolvieran la cédula, esta fue fotografiada.

El 25 de agosto a las siete de la mañana, miembros de la Fiscalía y la Policía Nacional llegaron a la casa de la mamá de Sandra, preguntando por ella. “Llegó un señor de civil que decía que era de la SIJIN y un señor policía, vestido de policía. Ellos fueron los que llegaron, entraron, se metieron, tuvieron el abuso de meterse hasta el cuarto mío, pero ellos no presentaron ninguna orden ni nada, sino que nada más llegaron y preguntaron por ella. Les preguntamos que para qué preguntaban por ella. Y dijeron que sólo ella les sabía responder. No dijeron más nada. El colchón lo levantaron y unas cosas que tenía por ahí las bajaron, las botaron al suelo y se fueron. No pasó más nada”.

Luego de esto, Sandra, junto con su mamá, se presentó en la Estación de Policía para averiguar por qué la estaban buscando y en ese momento el agente de policía le informó que tenía una orden de captura, la esposaron, la detuvieron y no le permitieron comunicarse con sus familiares.

Ese mismo día, detuvieron en Atánquez a otros dos indígenas. “A los tres nos metieron en un camión de la Sijin para llevarnos a Valledupar. En la comunidad de La Mina montaron a otro kankuamo y luego, como a media hora de La Mina nos ordenaron bajar del camión y empezamos a caminar por un potrero. Estaba el helicóptero y nos metieron ahí. Yo pensé que nos iban a matar. Ese día llegamos a Valledupar. Nos tuvieron dos días en el comando de la Sijin, después estuvimos ocho días en la Permanente (Estación de Policía), el martes (31 de agosto de 2004) nos presentaron a todos como supuestos milicianos de las FARC y el 3 de septiembre nos llevaron a la cárcel judicial”, relató Sandra.

En total fueron 16 las personas detenidas: 11 kankuamo, 2 wiwa y 3 blancos. Todos ellos se encontraron en la Estación de Policía de Valledupar en donde estuvieron durante una semana. Sandra fue acusada de rebelión y las pruebas presentadas en el proceso se limitaron al testimonio de un supuesto desmovilizado que afirmó haberla visto el 24 de diciembre del año 2000 (sólo una semana después de haber dado a luz a su hija menor) en una fiesta celebrada en un campamento de la guerrilla, en el corregimiento de Badillo. Otra de las declaraciones indica que durante dos o tres días se ausentaba de la comunidad para llevar provisiones al grupo subversivo. Contrario a esto, la familia y los vecinos de Sandra afirman que estaba dedicada de tiempo completo a atender a sus hijos y que en ningún momento había abandonado su casa.

En este momento lo que más preocupa a Sandra es la recuperación y reconstrucción de su núcleo familiar. Como consecuencia de la detención, su esposo debió abandonar de manera parcial su actividad económica habitual para atender a los niños.

Su hija mayor, de tan solo nueve años, no se atrevió a regresar a la casa durante el tiempo de detención de Sandra por temor a que la Policía fuera a llevársela a ella también. Desde ese día se fue a vivir con una de sus abuelas. Además de esto, la detención de Sandra convirtió a los niños en objeto de burlas por parte de sus compañeros de escuela.

Trascurrido un año de su captura y de haber visto como se aplazaban de manera injustificada las diligencias judiciales, un Juez de Valledupar ordenó la libertad provisional de Sandra y otros tres indígenas. El proceso judicial continúa su curso y desde ayer se está desarrollando la audiencia preparatoria, aplazada en tres oportunidades. Actualmente continúan detenidos diez kankuamo en la cárcel judicial de Valledupar, cuatro en Montería y uno más en Ciénaga.



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