El trabajo de concienciación llevado a cabo desde diferentes organizaciones nacionales e internacionales y la presión de los propios afectados, indígenas Embera katío y comunidades afrodescendientes, provocó la retirada de la empresa minera a raíz de las múltiples denuncias que hablaban de una consulta previa fraudulenta, ilegal y en muchos casos extorsiva con los propios damnificados.
En cualquier caso, miembros de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, en contacto permanente con la zona afectada, no las tienen todas consigo: "nosotros creemos que han salido de forma temporal, pero que planean volver y consolidar aún más su presencia", predecían esta misma mañana en declaraciones a Actualidad Étnica.
Un pesimismo susceptible de ser entendido cuando sabemos que poco después de la entrada de la Muriel el 30 de diciembre, los afectados interpusieron una acción de tutela a través de la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio del Interior que éste se apresuró a rechazar, porque, según el organismo, "sí hubo consulta previa con las comunidades".
Unas palabras que contrarrestan las de Andrés Domicó, líder indígena del resguardo Embera katío del río Murindó, quien afirmaba hace unos días a este periódico sobre la implantación de métodos poco ortodoxos por parte de la minera a la hora de conseguir firmas, que irían "desde falsas reuniones hasta sobornos, extorsiones y engaños", unos procedimientos más propios de la mafia napolitana que de una compañía que se pretende respetable y global.
Por su parte, las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de la zona tienen previsto reunirse entre los días 24 y 28 de febrero en la llamada Consulta de los Pueblos bajo el lema "Por nuestra vida y por la vida de la Humanidad", con veeduría nacional y observadores internacionales de cara a garantizar la transparencia del proceso.
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