Se encuentran siete cadáveres en el río San Juán, en un recorrido asolado por una intensa actividad delincuencial de grupos armados ilegales vinculados al tráfico de drogas.


El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, condenó la masacre de siete pescadores que habitaban en el litoral del San Juán, Chocó y cuyos nombres se desconocen según fuentes de la Personería municipal de Docordó en el departamento del Chocó.

De acuerdo a la información suministrada por la Personería Municipal del Alto San Juán a la Defensoría Regional del Chocó, los cadáveres fueron encontrados flotando en las desembocaduras del Río San Juan en las Bocas de Togoromá y Cacahual.

En su recorrido hacia el sur del Departamento del Chocó el río San Juán se bifurca en 9 bocas que se precipitan en el mar Pacífico y las autoridades militares y de policía de la región han identificado una intensa actividad delincuencial de grupos armados ilegales vinculados al tráfico de drogas y de personas hacia la frontera con Panamá.

La Defensoría del Pueblo identificó en la Alerta Temprana número 014-08 del 14 de julio de 2008 los riesgos potenciales de violencia a la que se encuentran expuestos los 5.600 habitantes del municipio Litoral del San Juán que se encuentra conformado por población de origen indígena (Etnias embera y Wounnan), así como por territorios de las comunidades afrodescendientes.

En la Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo se ha señalado que los grupos armados ilegales que operan en la región, como las FARC-EP, el ELN y "Los Rastrojos", buscan el aprovechamiento de las ventajas geográficas y los recursos naturales de la zona por su salida al mar Pacífico.

Dado el incremento de situaciones de violencia y de vulneraciones permanentes al derecho a la vida, la integridad personal y a no ser desplazado y el derecho a la seguridad, así como las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra las poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas por parte de los grupos armados ilegales que operan en el Litoral del San Juán, la Defensoría del Pueblo recomienda a las autoridades competentes la adopción de medidas urgentes y eficaces para garantizar la protección y los derechos fundamentales de esas comunidades que padecen los rigores de la confrontación armada en el país.

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