El informe advierte que entre los grupos y sectores poblacionales que podrían verse más afectados por acciones violentas de estos grupos armados ilegales emergentes, se encuentran tres grupos indígenas.
En Valledupar se encuentran importantes asentamientos de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa, Kággaba (Kogi) e Ika (Arhuaco) en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), así como núcleos de población urbanizada de los pueblos Inga, de tradición en la ciudad, y más recientemente de Kichwa.
Por su parte, en Pueblo Bello los principales asentamientos que se encuentran pertenecen al pueblo Ika, sin embargo, también existen pequeños asentamientos de los pueblos Kankuamo y Wiwa, sobre todo en el entorno del corregimiento de Las Minas de Iracal.
El detallado informe, expone cifras, causas y recomendaciones para atender las alertas, y sobre los pueblos indígenas afectados menciona específicamente que, ocho autoridades y líderes del pueblo Kankuamo: un Concejal Municipal de Pueblo Bello, cuatro autoridades y líderes del pueblo Wiwa, incluido un Mamo, se encuentran en riesgo debido a su categórico apoyo a Juntas de Acción Comunal de la zona y su trabajo de oposición a la presencia de grupos armados ilegales.
Así mismo, pormenoriza el SAT, que se encuentran en riesgo seis autoridades y líderes del pueblo Ika (Arhuaco), principalmente los que se mueven en la zona de Seikurin y Gimain, donde se adelanta la ampliación del Resguardo Arhuaco de la Sierra y de la Comisión de Territorio de la Confederación Indígena Tayrona (CIT) en los corregimientos de Las Minas de Iracal (Pueblo Bello) y La Mesa (Valledupar).
Explica el informe que las regiones Ika y sus trabajos de ampliación del Resguardo van en contra del imaginario de dichos grupos emergentes de las AUC, que consideran que los pueblos indígenas de la Sierra no sólo tienen tierras suficientes sino que no las ponen a producir.
Justamente, el liderazgo Ika, articulado a la Confederación Indígena Tayrona (CIT), y su gestión para recuperar los predios y fincas que les fueron arrebatados por los paramilitares o que éstos expropiaron a campesinos con los cuales los indígenas ya habían conseguido acuerdos de compra-venta, es lo que los pone en alto riesgo, debido al interés que sobre estos predios tienen dichas nuevos grupos armados ilegales pues estas tierras representan puntos estratégicos para sus actividades o porque a través de terceras personas ya están explotándolas para alimentar su base social.
Continúa el informe asegurando que, 798 familias Kankuamas que participan de las actividades de la Organización de Kankuamos Residentes en Valledupar (OKV), parte de la Organización Indígena Kankuama (OIK), que viven en diferentes barrios de las Comunas 4 y 5 de Valledupar, principalmente 17 líderes y dignatarios que hacen parte de la de coordinación de la OKV, son objetivos militares de dichos grupos.
Expone el SAT que, algunos líderes y miembros de la población Kankuama desplazada han sido objeto de diversas amenazas, acciones intimidatorias, retenciones e, incluso, se tiene conocimiento que en los últimos meses se presentaron dos asesinatos selectivos y una desaparición forzada, detrás de los cuales podrían estar redes de sicariato al servicio de los llamados grupos de rearme paramilitar.
Además, sobre la población Kankuama aún se mantienen estigmatizaciones que relacionan el proceso de reindianización adelantado por este pueblo desde principios de 1993 con el trabajo político-ideológico que en su momento adelantó en la SNSM los Frentes 19 y 59 de las Farc y el Frente 6 de Diciembre del ELN. Estos prejuicios, hacen que ante los grupos paramilitares, todo Kankuamo sea sospechoso de ser o haber sido colaborador o auxiliador de la guerrilla.
Esta peligrosa fama, ha dejado una larga estela de Kankuamos asesinados y desaparecidos y repercusiones para la población que se ha tenido que desplazar.
Paralelamente, advierte el SAT, en el seno de la comunidad de Atánquez se ha gestado un incipiente movimiento disidente que ha sido apoyado por sectores políticos tradicionales locales y regionales tal vez con el propósito de recuperar el espacio que han perdido ante el avance y consolidación de las autoridades del pueblo Kankuamo, escenario que al derivar en la radicalización de posiciones, podría ser manipulado hábilmente por las facciones armadas ilegales para infiltrarse en las dinámicas organizativas de este pueblo.
Al mismo tiempo, los líderes de la población Kankuama en situación de desplazamiento han estado involucrados en las dinámicas sociales que se han desatado en torno a los derechos de las víctimas y los derechos de la población desplazada y en esa perspectiva han estado trabajando activamente, lo que podría generarles la hostilidad de los mencionados grupos insurgentes.
El rearme paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta
En el norte del departamento del Cesar, en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente en los municipios de Valledupar y Pueblo Bello, se desarrolla un proceso de recomposición y reconfiguración de distintos grupos armados ilegales postdesmovilización de las AUC que se han derivado, como su expresión más visible, en las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se han venido estructurando en la región a partir de cuatro componentes básicos. En primer lugar, se encuentran los grupos no desmovilizados del Frente Mártires del Valle de Upar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) los cuales se mantuvieron activos, con un bajo perfil, a pesar de las ceremonias de desmovilización realizadas el 8 y el 10 de marzo de 2006 en los corregimientos Chimila (El Copey) y La Mesa (Valledupar).
En segundo lugar, este proceso de recomposición de grupos de autodefensas, se nutre de una estrategia de "células durmientes" implementada por "Jorge 40" y otros mandos del Bloque Norte de las AUC antes de la desmovilización, en la que ubicaron miembros confiables de su base social en lugares estratégicos de la región desde los cuales pudieran, en apariencia, adelantar una vida normal y similar a la de cualquier otro poblador del entorno y de esta manera poder disponer en el futuro de sus servicios.
En tercer lugar, estos nuevos grupos armados ilegales, se han apoyado de "las redes de coerción", es decir, bandas criminales y grupos de sicarios que con mayor o menor intensidad, de manera esporádica o de forma más permanente, han mantenido sus actividades criminales en las cabeceras urbanas y que ahora están subordinadas a facciones armadas ilegales.
En cuarto componente, ha sido la migración de desmovilizados provenientes de otros municipios y departamentos, que una vez recibidos los beneficios gubernamentales terminaron haciendo parte de alguna de estas facciones armadas ilegales. A este factor denominado "desmovilizados reincidentes", La Defensoría ha agregado la vinculación y reclutamiento de personas sin ninguna experiencia armada ilegal anterior.
Los diferentes grupos armados ilegales se complementan mutuamente. Las secciones de los no desmovilizados que se ubican en su mayoría en áreas rurales utilizan cada vez, con mayor frecuencia, a las redes de coerción (sicarios) que operan en las cabeceras urbanas para intimidar a población, cobrando extorsiones o asesinatos selectivos, etc.
Las investigaciones del SAT, han identificado como uno de los principales motores de la reconfiguración de grupos postdesmovilizados de las AUC la búsqueda del mantenimiento e incremento del control sobre corredores de movilidad localizados en el piedemonte y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, al igual que a retomar y reactivar, ya sea a través del uso de la violencia o de la "administración del miedo", la subordinación de sectores poblacionales considerados como estratégicos para la expansión de sus negocios y actividades ilegales y para la definición de un proyecto político-ideológico contrainsurgente, lo cual se traduce en una ofensiva contra los discursos y prácticas disidentes y alternativas.
Asegura el informe de la Defensoría que los nuevos grupos paramilitares, están procurando anteponer a las actividades y negocios ilegales que realizan, algunas acciones que les sirvan a su propósito de dotar con contenidos políticos su accionar militar y criminal.
Estos nuevos grupos de autodefensas buscan evidenciar que el actual nivel de articulación que han alcanzado trasciende las motivaciones económicas y recoge demandas sociales y políticas de algunos sectores poblacionales que se han visto afectados por la acción de guerrillera y por la ausencia de Estado. Específicamente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han expresado puntualmente sus planteamientos políticos, en los panfletos que reparten desde mediados de octubre de 2008.
El análisis elaborado por el sistema de Alertas Tempranas, destaca cinco puntos de de estos panfletos:
1) Se reclaman como los legítimos herederos de las autodefensas conformadas por los hermanos Castaño Gil, con lo cual, paradójicamente, buscan desembarazarse del calificativo de narcotraficantes que se les ha endilgado.
2) Anuncian que no cometerán los mismos errores de las AUC señalando que "[e]stamos dispuestos a corregir los errores cometidos en el pasado [...] principalmente garantizando el cumplimiento de los Derechos Humanos".
3) Lamentan que la insurgencia armada (guerrilla) haya retomado el control sobre varios de los territorios antes dominados por las autodefensas, razón por la cual afirman categóricamente que "somos una organización política militar de resistencia civil transitoria en armas antisubversiva".
4) Se critica al Gobierno Nacional por lo que consideran el incumplimiento de los acuerdos logrados en el marco del proceso de paz con las AUC.
5) Plantean que más allá de sus actividades ilegales, su apuesta es avanzar "en busca de una política incluyente, equitativa y justa, sin discriminación donde el resultado sea la paz".
Ante el evidente riesgo en el que se encuentran los pueblos indígenas de la zona, el informe de la Defensoría recomendó al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República y a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia, explorar conjuntamente con las autoridades indígenas de los pueblos Kankuamo, Wiwa e Ika, la adopción de las medidas necesarias que garanticen la protección individual y colectiva de las personas, familias y comunidades en riesgo.
Igualmente, hizo un llamado a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Internacionales para que en función de sus competencias de Secretaría Técnica de la Mesa de Concertación de las Medidas Provisionales del Pueblo Kankuamo y de la Mesa de Concertación de las Medidas Cautelares del pueblo Wiwa, convoque a las instituciones públicas, a las organizaciones indígenas concernidas y a los peticionarios, a sendas sesiones de trabajo para analizar específicamente lo referente a las medidas de protección y restablecimiento de derechos de la población Kankuama en situación de desplazamiento en Valledupar, de las comunidades Kankuamas de Las Minas de Iracal y de las comunidades del pueblo Wiwa asentadas en este corregimiento de Pueblo Bello.
El Sistema de Alertas Tempranas, evidencia a través de su informe, que el proceso de recomposición y reconfiguración de los grupos ilegales postdesmovilización de las AUC afecta directamente a varios grupos y sectores poblacionales, entre ellos los pueblos indígenas que habitan en los municipios de Valledupar y Pueblo Bello, Por tanto, teniendo en cuenta la experiencia reciente de presencia y control paramilitar en la región, La Defensoría advierte que es probable que en el inmediato futuro se presenten nuevas y más graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Fuente: Informe De Riesgo N° 004-09 A.I./ Defensoría Delegada Para La Evaluación De Riesgos De La Población Civil Como Consecuencia Del Conflicto Armado/Sistema De Alertas Tempranas - SAT/6 de marzo de 2009
