El artículo fue escrito por el corresponsal del Washington Post Juan Forero, con fecha del lunes 23 de marzo.
Hoy estas tierras (Curbaradó y Jiguamiando) están ocupadas por empresarios agrícolas con sospechosos vínculos con estructuras armadas del paramilitarismo, según lo han dejado ver los testimonios de algunos de los jefes desmovilizados en sus distintas declaraciones ante las audiencias programadas bajo la ley de "justicia y paz" y desarrolladas antes de ser extraditados a los E.E.U.U.
Esto ha ocurrido en el caso del líder paramilitar Ever Velosa, alias "HH", quien aportó varios de los testimonios que hoy soportan la evidencia judicial de vínculos entre las empresas agrícolas de la palma africana y grupos paramilitares. Algunas de estas estructuras se encuentran todavía activas y constituyen un permanente riesgo en contra de las comunidades confinadas en los territorios en disputa.
Como se recordará, recientemente se dio a conocer, a través de este medio, un informe de la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la OEA , entregado a comienzos de este año ante la Corte Interamericana del Derechos Humanos del organismo, en el que se insta al Gobierno colombiano a dar cumplimiento de las medidas cautelares emanadas de la resolución que este organismo aprobó en el 2006 y que contempla entre otras medidas la de buscar los mecanismos jurídicos para la devolución de los territorios usurpados a las comunidades negras, sus verdaderos poseedores.
El texto del artículo que da origen a la presente introducción se transcribe de manera completa y fiel a la traducción dada la importancia de las opiniones e informaciones vertidas por su autor, el corresponsal en terreno del Washington Post Juan Forero.
Colombia Ordena la Devolución de Tierras Agrícolas Robadas
La motivación del cambio es el TLC con Estados Unidos, dicen los Críticos
Por: Juan Forero
Washington Post Foreign Service Lunes, 23 de Marzo de 2009; Page A08
Los agricultores desplazados, conscientes de que los cientos de miles de personas desarraigadas por causa del largo conflicto civil en Colombia rara vez volvieron a casa, pensaron que nunca verían de nuevo sus tierras. Pero en este caso, el gobierno ordenó recientemente a nueve empresas de aceite de palma a devolver miles de hectáreas a los agricultores, y la Oficina del Fiscal General está investigando a las empresas de las acusaciones de homicidio, robo de tierras y desplazamiento forzado.
El gobierno, sin embargo, está motivado más por su propio interés que por altruismo, dicen los grupos de derechos humanos, que también culpan a ese estado tanto de negligencia como de ayuda para que las empresas de aceite de palma pudieran fácilmente usurpar esas tierras. El gobierno del Presidente Álvaro Uribe quiere con carácter urgente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y los Demócratas en el Congreso han dejado claro que el pacto depende de los avances en materia de derechos humanos en Colombia, especialmente para los negros y otros grupos marginados.
"Creo que está directamente relacionado, no hay duda de ello", dijo el Rep. Donald M. Payne (DN.J.), miembro de la subcomisión del Hemisferio Occidental, sobre la atención del gobierno colombiano a la cuestión de la tierra en el departamento del Chocó . "No estoy tan seguro de que estos esfuerzos del gobierno se hubieran hecho si no hubiera sido por la presión externa que hemos ejercido".
La difícil situación de los afro‐colombianos ha sido de particular interés para los 42 miembros del Grupo Negro del Congreso, varios de cuyos miembros, incluyendo Payne, se han reunido con Uribe para plantear sus preocupaciones. Algunos también han viajado a Chocó, bajo una fuerte custodia militar, visitando zonas sumidas en la pobreza y la violencia.
Pocos en este país han sufrido tanto como los afro‐colombianos, que representan más del 20 por ciento de los 45 millones de colombianos, la más grande comunidad negra de habla hispana en América.
Los negros colombianos, descendientes de esclavos africanos, han sufrido asesinatos en masa, desplazamientos forzados y combates en las tierras ancestrales ‐ la dura realidad de un brutal conflicto latente, que involucra escuadrones de muerte, rebeldes marxistas y traficantes de drogas. La población afro‐colombiana en Chocó, donde la mayoría de las personas son negras, tiene una tasa de mortalidad infantil que es dos veces la media nacional y una tasa de pobreza que supera el 75 por ciento.
"La verdad es que el gobierno colombiano no nos valora", dijo Ligia María Chaverra, 68 años, líder de una comunidad en el departamento de Chocó. "Siempre ha sido así".
La administración Uribe dice que ha hecho más para los afro‐colombianos que cualquier otro gobierno ‐ y los esfuerzos en el Chocó son un ejemplo del compromiso del Estado. Abogados, trabajadores sociales, agrónomos, fiscales y otros especialistas de diversos ministerios se han volcado sobre esta región, conocida como Urabá.
"Este es un caso muy importante para el gobierno", dijo Catalina Riveros, abogada del Ministerio de Agricultura que ha estado trabajando en el caso. "Estamos tratando de recuperar las tierras que fueron tomadas de las comunidades afro".
Pero la imagen del papel del gobierno, el de un incansable defensor de los negros pobres, contrasta fuertemente con la versión que se desprende de documentos judiciales y declaraciones de los comandantes paramilitares encarcelados y un ex asesor financiero de la mayor compañía de aceite de palma en la región, Urapalma.
Investigadores del Gobierno dicen que los escuadrones de la muerte, ilegales y contra‐guerrilla, que se expandieron en 1996 y 1997 trabajaron con las tropas comandadas por el general Rito Alejo del Río, quien se encuentra actualmente en la cárcel por cargos que incluyen asesinato y colaboración con grupos paramilitares. Más de 100 pobladores fueron asesinados, y al menos 3.000 agricultores se vieron obligados a abandonar 99.950 hectáreas, una franja de alrededor de un tercio del tamaño de Rhode Island.
Las empresas de palma construyeron carreteras a través del bosque y sembraron cerca de 6.000 hectáreas con palma africana, que se utiliza como biocombustible, y en muchos otros productos. Los pocos agricultores que tenían títulos individuales se vieron obligados a vender. "Ellos decían ‘Venda o su viuda lo hará'", recordó un agricultor, Eustaquio Polo Rivera, de 40 años.
La comunidad recibió las tierras con un título colectivo, en virtud de una disposición constitucional que le da especial derecho sobre la tierra a los afro‐colombianos. Aunque las tierras de propiedad colectiva no se pueden vender, investigadores y funcionarios del gobierno dijeron que las empresas superaron este obstáculo mediante la creación de falsos títulos y registros.
Documentos de la Fiscalía General de la Nación y de los Organismos de Control obtenidos por The Washington Post muestran que préstamos estatales fueron utilizados para financiar las operaciones de las empresas de aceite de palma. Urapalma recibió la mayor parte de su financiación inicial del Estado, ha dicho la Contraloría, y la empresa captó el 89 por ciento de los incentivos entregados entre 2002 y 2006 por el fondo de desarrollo rural para las empresas en el Chocó.
