El Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, condenó el desplazamiento masivo que desde ayer (10 de junio) se viene presentando en las veredas Tindal y Chilbicito en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

De acuerdo con la información verificada en terreno por la Defensoría del Pueblo, se tiene conocimiento del desplazamiento masivo de más de 235 personas afrocolombianas provenientes de las dos veredas señaladas.

Este desplazamiento masivo se presenta luego del homicidio de tres personas, entre ellas una mujer en estado de gestación, en hechos perpetrados por grupos armados ilegales reconfigurados postdesmovilización de las autodefensas que se disputan el control territorial de la zona y se autodenominan "Rastrojos" y "Águilas Negras".

Estos grupos, amenazaron a las comunidades obligándolas a salir de sus lugares de vivienda y trabajo interrumpiendo de manera abrupta sus proyectos de vida y vulnerando sus derechos fundamentales a la vida, la integridad, la libertad, la autonomía, la cultura y el territorio.

Se prevén nuevos desplazamientos

Por los anteriores hechos, se prevén nuevos desplazamientos masivos especialmente de las veredas aledañas a Tindal y Chilbicito, como también se presume la ocurrencia de homicidios en personas protegidas. Se conoce de la desaparición de varias personas que buscan protección en las veredas cercanas y no llegaron y que pueden encontrarse perdidas.

El Defensor del Pueblo reiteró la obligación de respetar los derechos fundamentales de las comunidades afrocolombianas y campesinas de la zona costera nariñense, y exige de los grupos armados ilegales el acatamiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para no involucrar a la población civil en el conflicto armado interno que padece Colombia.

Requerimientos del Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo, en virtud de las dificultades que hoy se presentan para la atención humanitaria de emergencia de las víctimas del desplazamiento forzado, Insta a Acción Social a que, de manera urgente y prioritaria, disponga las medidas necesarias de albergue, seguridad alimentaria, suministro de agua potable, atención en salud, de las personas en situación de desplazamiento, especialmente de niños y niñas, mujeres, madres gestantes y lactantes.

Igualmente, urge de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Pública para que adopten los mecanismos necesarios que permitan la prevención de nuevos eventos de desplazamiento, y la protección de las personas que se quedaron en sus territorios y se brinde el acompañamiento correspondiente a las comunidades.

Finalmente, el Defensor reitera que estos requerimientos son hechos en el marco de la misión defensorial y han sido ordenados en otra instancia por la Corte Constitucional en sus autos de seguimiento y complementarios a la T-025 de 2004, en los autos No. 092, No. 251, No. 004 y No. 005 de 2009, para garantizar la salvaguarda y pervivencia de los grupos étnicos Indígenas, Afrocolombianos y de mujeres, niños y niñas de nuestro país.

Sistema de Alertas Tempranas

La Defensoría del Pueblo, en el Informe de Riesgo Número 029, realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en diciembre de 2008 advirtió sobre la ofensiva de los nuevos grupos armados ilegales post desmovilización de las autodefensas con la finalidad de asumir el control de las zonas de bajamar, las partes medias de los ríos, y los principales núcleos de aglomeración de población; la expansión bélica hacia la zona costera del grupo armado al servicio del narcotráfico los Rastrojos; el recrudecimiento de los mecanismos de violencia empleados por la guerrilla contra la población civil, como táctica de contención del avance de los grupos rivales y los operativos de recuperación territorial por parte de la Fuerza Pública, configuran la actual dinámica de confrontación armada en los municipios costeros del pacífico sur nariñense.

Igualmente, el Informe de Riesgo enfatizó que en virtud de lo descrito anteriormente, es previsible que se intensifiquen las amenazas, los señalamientos o los homicidios selectivos y múltiples contra autoridades municipales, docentes, líderes y representantes de organizaciones sociales, religiosas, comunitarias, de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, representantes y funcionarios de Pastoral Social y desapariciones.

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