El Ejército Nacional pone en marcha un nuevo grupo táctico de 300 hombres para actuar contra la guerrilla en el Cauca mientras los pueblos indígenas de la región se niegan a aceptar una mayor presencia de la Fuerza Pública en su territorio.

Una nueva unidad militar móvil para cerrarle a las Farc el corredor estratégico que conforma la cordillera central en el Cauca comenzará a operar el próximo sábado, anunció el Ejército Nacional al diario El País de Cali.

Esta zona es utilizada por la guerrilla para comunicar a los distintos frentes que tiene ubicados en Huila, Tolima y Caquetá y además de cometer asaltos en la zona, la utiliza para realizar emboscadas y movilizar grandes cantidades de estupefacientes y armas, informa el diario.

La decisión de poner en marcha el grupo táctico, que estará compuesto por cerca de 300 hombres al mando de oficiales y suboficiales especializados, fue tomada por el propio presidente, Álvaro Uribe, y el ministro encargado de Defensa Nacional, Freddy Padilla De León, por solicitud del gobernador del Cauca, Guillermo González Mosquera.

El mandatario departamental aseguró a la misma fuente que este es un importante logro para el Cauca porque "por esta zona las agrupaciones insurgentes que operan en la región ingresan con mucha facilidad a municipios como Toribío, Corinto y Jambaló para hacer reclutamientos de personas e incrementar las acciones narcoterroristas".

De igual manera, el gobernador González Mosquera le notificó a las autoridades indígenas de la región que los soldados de la Brigada 29 no saldrán de ningún territorio porque constitucionalmente "su misión es la de garantizar el orden en todos aquellos sitios donde quiera que haya acciones que atenten contra la comunidad".

Los indígenas de la región se niegan a la presencia de la Fuerza Pública en sus territorios y denuncias abusos por parte de las autoridades.

Además, este nuevo anuncio del Ejército parece contradecir los avisos de James Anaya, Relator de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas que hace unos días visitó Colombia y denunció la falta de conformidad de la legislación nacional con respecto a las normas internacionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los mecanismos que garantizan la consulta previa, libre e informada.

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