En el primer semestre del año, y comparado 2008 con 2009, los asesinatos contra indígenas por parte de actores armados se duplicaron, según cifras oficiales. Esto significa que en los primeros seis meses del 2009 más de las dos terceras partes de los homicidios en persona protegida contra grupos en situación de vulnerabilidad en Colombia fueron perpetrados contra indígenas. Las FARC-EP serían las principales responsables de estos crímenes y de otros como el sembrado de minas antipersonas y el reclutamiento de niños.
Además, la Oficina ha recibido información según la cual la Fuerza Pública en varias oportunidades no ha consultado con las autoridades indígenas sobre la entrada a sus resguardos, y en otras ocasiones ha usado a indígenas para que realicen labores de inteligencia provocando un riesgo de retaliación contra éstos por parte de grupos armados ilegales.
Los pueblos indígenas además de sufrir las consecuencias dramáticas del conflicto armado interno -el 12% de los desplazados son indígenas-, se ven enfrentados en muchas oportunidades a situaciones precarias de atención en salud y nutrición, y a dificultades en el acceso a la educación, esto perjudica en particular a las mujeres, los niños y las niñas.
En Guanía, un departamento en el cual viven pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, hay en promedio 386 mujeres muertas por cien mil niños nacidos vivos. Esto es cinco veces más que el promedio nacional de mortalidad materna (73/100.000). Con respecto a la mortalidad infantil el promedio nacional es de 16 niños muertos por mil nacidos vivos. Pero en Guanía mueren 40 niños o niñas por mil nacidos vivos. Y sumado a lo anterior aproximadamente la tercera parte de los pueblos indígenas se encuentra en vías de extinción.
La Oficina reconoce como una medida importante la adhesión de Colombia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también destaca como ejemplar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre pueblos indígenas. A su vez, resalta que el Ministerio del Interior elabora un proyecto de ley de consulta previa para mejorar la aplicación de este proceso crucial en la realización de los derechos indígenas.
"Reconocemos que ha habido algunos avances. Pero la brecha entre el marco legal, las políticas públicas relevantes y la realidad que viven los pueblos indígenas sigue siendo muy grande, demasiado grande. Muchas de las promesas y compromisos estatales con los pueblos indígenas siguen incumplidas y el conflicto armado interno ha agudizado aun más la situación de los pueblos indígenas en la última década", dijo Christian Salazar, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Finalmente, la Oficina hace 4 llamados urgentes que buscan proteger la vida, la seguridad y la integridad de los pueblos indígenas:
1. Que todos los actores del conflicto armado respeten el derecho internacional humanitario, y en especial respeten los derechos de los pueblos indígenas
2. Que el Estado colombiano implemente el auto 004 de la Corte Constitucional para que se realicen y garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
3. Que el Gobierno colombiano garantice un amplio proceso de consulta con los pueblos indígenas sobre el proyecto de Ley de Consulta Previa.
4. Que el Estado Colombiano incremente en forma substancial los programas de cuidado materno-infantil - salud, educación, nutrición - para niños, niñas y mujeres indígenas en todo el país.
