El pueblo Raizal que habita el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vive en unas condiciones de pobreza y exclusión social alarmantes. Hoy, pese a la afirmación de sus derechos recogida en numerosas leyes nacionales, vuelve a sentirse amenazado por el turismo, las urbanizaciones y el falso desarrollo.
Según denuncia AMEN, las consecuencias del despojo afectarían negativamente a la cosmovisión y la toma de decisiones relacionadas con el bienestar del pueblo Raizal.
El comunicado denuncia la posesión ilícita de las islas por parte del Estado colombiano en 1822 y alerta sobre la violación de varias normas del derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT (Ley 21 de 1991) o la Declaración de la ONU sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, al negar sistemáticamente los derechos plenos del pueblo Raizal, “lo que nos impide expedir leyes propias que son necesarias para nuestra supervivencia”.
El documento denuncia que “el Estado colombiano está empeñado en mantener a nuestro territorio y a nuestro pueblo bajo un estatus neo-colonizado” y alerta de las condiciones de pobreza, exclusión social y desplazamiento interno a las que está sometido el pueblo Raizal.
La alarma se ha hecho ostensible ante la reciente sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y ratificada por el Consejo de Estado colombiano en torno a la “utilización de las facultades policivas que la ley otorga para remover todo tipo de edificaciones y construcciones, kioskos y carpas de carácter permanente que operen en la playa de San Andrés sin las respectivas licencias expedidas por las autoridades competentes”.
El aviso de desalojo, que tiene carácter de ultimátum (tres meses), no ha contado con la aprobación o consulta del pueblo Raizal, asentado en ese hábitat desde hace cientos de años.
El comunicado sitúa este último saqueo inconsulto en el cénit de una problemática que comienza hace más de 50 años, cuando “la inmigración descontrolada auspiciada por el Gobierno colombiano conduce a una superpoblación de las islas que provoca una desmedida degradación ecológica”.
El pueblo Raizal cita la Ley 52 de 1912, que todavía está vigente y “apoya la promoción de la sobrepoblación y militarización de nuestro territorio”, la Resolución 206 de 1968 que declara como baldío el territorio ancestral de los raizales y las apropiaciones posteriores a la década de los 60, “desde que el Estado colombiano ha venido paulatinamente confiscando nuestro territorio”.
Hay que destacar que el último censo del DANE (2005) recoge la cifra de 28.701 raizales en el archipiélago, de una población total de 70.554 habitantes.
Además, el territorio Raizal fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera dentro del programa Man and the Biosphere (MAB) en el año 2000. Los raizales presumen de poseer una historia, identidad cultural, lengua, tradiciones y creencias religiosas distintas de los ciudadanos de Colombia continental.
