El último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado esta semana, trató en audiencia pública los impactos sociales y ambientales de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) en los pueblos indígenas de América Latina.
La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida en la Audiencia que la CIDH desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en las comunidades originarias del continente.Las exposiciones de los representantes de las organizaciones indígenas que solicitaron la audiencia detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza: desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades, delincuencia y degradación ambiental irreversible.
Al término de la Audiencia su presidenta, Luz Patricia Mejía, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales, en los países suramericanos. Y que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando sobre el tema.
Derechos vulnerados
El primer expositor fue Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Perú, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la carretera Bioceánica Santa Cruz – Puerto Suárez en Bolivia.
Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente.
Indicó también que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.
Casos específicos: la denuncia del pueblo Chiquitano
Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía (OICH), recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios.
Además el pueblo Chiquitano denunció ante la Comisión la falta de transparencia por parte de las empresas constructoras y de las autoridades nacionales para realizar las consultas y entregar información sobre los trabajos a las comunidades. “Estos megaproyectos, como los que hay en otros países sudamericanos, tienen un gran problema, la falta o la engañosa forma de hacer la consulta a las comunidades indígenas antes y durante la realización de las obras”.
El cacique de la OICH espera que el CIDH tome en cuenta sus denuncias y se pronuncie respecto al tema de la consulta libre, previa e informada. “Esperamos que esta Comisión tome en cuenta nuestras demandas donde lo que pedimos es el cumplimiento de los convenios internacionales como la Declaración de la ONU y el Convenio 169 de la OIT que en algunos países como en Bolivia están ratificados en sus Constituciones o son leyes nacionales”.
Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Y que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.
Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondônia, Brasil, dijo que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja. Y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil.
“Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, subrayó.
Precisó que las obras han provocado el desplazamiento de un millón de personas, causado degradación irreversible en la biodiversidad, inundado tierras fértiles, aumentado la incidencia de malaria e incrementado la deforestación en 600% afectando principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Otra integración
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: “el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global”, enfatizó.
Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir tres puertos peruanos: Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil, a fin de favorecer el acceso a los bienes naturales por las empresas transnacionales. Son 2.603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para el Perú.
La carretera, explicó, afecta los territorios de 3.952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.
Entre los impactos más graves mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios -sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario-, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.
En cuanto a la central hidroeléctrica de Inambiri, Palacín Quispe dijo que afecta a 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida. “Los pueblos indígenas no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas”, finalizó.
