El Agua y las Trampas del 1953.....
Por: Mario Serrato/
Muchos gobiernos se caracterizan por mentirosos e incumplidos. Otros por desleales y mañosos. Y los hay irresponsables y frívolos.
Cuando leo parte del contenido del decreto 1953 de 2014, me doy cuenta de que el actual constituye una mezcla sucia de todos los anteriores.
Hace aproximadamente 4 meses en La Guajira se presentaron las sequías más intensas de que se tenga conocimiento. La muerte de niños con altos grados de desnutrición y de física sed, nos hacía recordar a Etiopía y Sudán en la década amarga en que Margareth Thatcher se impuso sobre sus destinos.
Las quejas, el llanto, los muertos y la irresponsabilidad del gobierno hacían un solo coro. Solo después de muchos niños muertos y algo de despliegue mediático, apareció en la alta guajira el presidente de la República acompañado de algunos de sus ministros.
Llevaron ayudas recogidas en los supermercados de las grandes ciudades. Entregaron botellas y bolsas de agua regaladas por los ciudadanos conmovidos del interior del país. Excavaron un solo pozo del que brotó una enorme cantidad de agua durante unas horas y se fueron prometiendo el cielo y la tierra.
Este instrumento del poder, como decía García Márquez, “Es una invitación a almorzar con un vino envenenado”.
En efecto, de la lectura del título: “Saneamiento básico y del agua potable”, desarrollado en los artículos 89, 90, 91 y su parágrafo, se puede concluir que el gobierno, con el dinero de las transferencias del sistema general de participaciones, descargó sobre los hombros de los indígenas y su presupuesto destinado, la responsabilidad de la creación de infraestructura para el suministro de agua potable y saneamiento básico.
El gobierno apoya en el artículo 365 de la Constitución su decisión y maniobra de modo engañoso la interpretación que debe darse al artículo, interpretación en la que concluye que los Territorios Indígenas deben garantizar de modo eficiente el suministro de agua potable.
La interpretación que dan al artículo 365 de la Constitución es deliberadamente malintencionada, para demostrarlo lo transcribo:
“ARTICULO 365. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.
La obligación de suministrar servicios públicos es inherente al Estado. En caso de que los indígenas en La Guajira deban destinar los ingentes recursos que perciben, en el marco del Sistema General de Participaciones, para la dotación de agua potable y el saneamiento básico, sin duda no les quedará otra alternativa que convertir en fotos sus sequías anuales para con ellas continuar conmoviendo a los ciudadanos de las grandes ciudades y asegurar, en la filantropía, lo que no les dio el estado y de lo cual se desentendió con un embeleco jurídico.
La dotación de agua potable en La Guajira y en muchas otras regiones de Colombia habitadas por indígenas, es costosa y exige destinaciones presupuestales específicas y conocimientos y recursos técnicos supremamente onerosos. Solo incrementando en el cuádruple los recursos de transferencias, se puede pensar en que el decreto soluciona algo. Cosa que nunca harán.
Conviene recordar que durante toda la vida republicana, con excepción de los molinos de viento de Rojas Pinilla, instalados hace 60 años, el estado colombiano no ha invertido un peso en la creación, construcción y puesta en marcha de un solo sistema de agua potable permanente y sostenible para los indígenas Wayúu de La Guajira.
La maniobra gubernamental en los artículos denunciados, le permitirá a los gobernantes de turno, en caso de que se presente otra sequía como la reciente, indicarle al mundo y a la opinión pública colombiana, que el gobierno ya cumplió y la situación de sequía o hambruna es responsabilidad de los indígenas y estos no aprovecharon sus recursos de modo eficiente.
Ya me imagino a Vargas Lleras, con lo grosería que lo caracteriza, diciendo a los Wayúu de La Guajira:
“Tomen decreto, esas letras son suficientes para calmar la sed”.
