bogota paz

Guillermo Segovia Mora

El análisis sobre lo que ha implicado el conflicto armado y los requerimientos y expectativas frente al  Acuerdo de Paz Gobierno-Farc  indudablemente  va mucho más allá de la atención a las repercusiones que el desplazamiento provocado por la violencia en el campo ha tenido para los más grandes centros urbanos del país, a lo que lo circunscribe el diario El Tiempo en su editorial del pasado domingo 18 de septiembre.

 

Desde luego que esa es una problemática desbordante en su impacto sociocultural y presupuestal. Los costos que para las arcas de Bogotá D.C. y otras de las grandes urbes, si no todas las capitales de departamento, derivados de la atención, así sea precaria, de 6 millones de personas en situación de desplazamiento, la mitad o más niños y jóvenes, con su demanda de servicios públicos y sociales, son ingentes y acuciantes.

En Bogotá fueron significativos los esfuerzos de la Administración Petro por desarrollar una política pública que respondiera desde una visión humanitaria y prioritaria a la población en situación de desplazamiento que podría llegar al medio millón de personas. Creó la Alta Consejería para las Víctimas del Conflicto, arbitró importantes recursos y se abrieron centros de atención. Pero la situación de inestabilidad y carencias está ahí a la espera de los lineamientos del Gobierno Peñalosa.

Los acuerdos, con el cumplimiento de los aspectos atinentes, podrían crear posibilidades para que miles de desplazados y víctimas de la violencia, retornen a sus lugares de origen, recuperen las tierras de las que fueron expulsados a sangre y fuego, encuentren alternativas de sustento, crédito, asistencia, mercadeo y puedan solventar las demandas de sus familias en materia de salud, educación, vías y diversos servicios de los que hoy se carece en el sector rural pero son parte de lo acordado. Como contrapartida, los citadinos nos beneficiaremos de una mayor oferta y menor costo de alimentos. A la larga, de seguridad alimentaria.

Poco a poco se desactivará, en gran parte, el  acumulado explosivo que constituye en las ciudades el desempleo, la carencia de ingresos, las dificultades diarias que mantiene en límites de sobrevivencia a familias de todo origen geográfico, en la mendicidad, la informalidad y, en los casos más críticos, en riesgo de criminalidad y delincuencia. Para los urbanos insensibles terminará un período de incomodidad al soportar una tragedia que nunca quisieron ver y siempre  temieron como amenaza. No son por ello desdeñables los impactos que las negociaciones de paz tendrán frente al  drama del desplazamiento.

Pero hay más. El pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, en particular del ejército, que supera  el  medio millón, está constituido, en su gran mayoría, por muchachos de sectores populares que por obligación legal deben prestar el servicio militar, por lo general en las denominadas zonas de orden público. La necesidad de mantener la tropa ha llevado incluso a la práctica de las denunciadas y odiadas batidas por el ejército en los barrios populares que deberá cesar.

No más vida joven para la guerra

Es de esperarse que con la desmovilización de la fuerza guerrillera se dé una significativa reducción del personal en armas de la fuerza pública, liberándose así miles de muchachos pobres de campo y ciudad del riesgo de la muerte o la mutilación en combate, como se constata a partir del cese al fuego decretado por  las Farc y el  protocolizado conjuntamente por orden del Presidente de la República.

Fue la oferta de un trabajo lo que sirvió de anzuelo a mandos medios y altos para atraer cerca de 4 mil jóvenes de distintas zonas del país, para darles muerte, presentarlos  como bajas en combate y  cobrar las compensaciones que fueron establecidas por el gobierno Uribe para este tipo de resultados militares, que trajeron como consecuencia los mal llamados “falsos positivos” por los que hoy son procesados también varios cientos de miembros del ejército.

De otra parte,  librarse del riesgo de perder la vida o de una discapacidad en combate o por efecto de las minas antipersonal, gracias a resultar no apto, estar en alguna causal de excepción, el “favor” de un conocido o la suerte, implica en la actualidad, de todas formas, una carga muy significativa para la economía familiar. Los hogares de estrato 3 y 4 pueden llegar a pagar por  la cuota de compensación militar hasta $ 20 millones de pesos y  las familias beneficiarias del Sisben no se liberan de pagar hasta medio salario mínimo, es decir todo el ingreso de un mes, algo inhumano.

En Colombia, miles de objetores de conciencia han visto negada su opción de no usar las armas, ni agredir a otro, no participar en  actos violentos ni en guerras, no obstante los derechos constitucionales a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, debido a la imposición de la obligatoriedad del servicio militar, incluso muchos de ellos han sufrido represión y cárcel por defender y ejercer su opción humanista.  La paz ahora les da la razón.

Tanto guerrilla como paramilitares han constituido en las ciudades redes de abastecimiento, apoyo y financiación, que adelantan acciones delincuenciales como secuestro, extorsión,  narcotráfico, contrabando, sicariato, lavado de divisas, tráfico de armas, visibles en grandes centros de mercadería ilegal o de concentración popular y con alto efecto en las cifras de criminalidad y muerte. Estos fenómenos también deben presentar reducciones importantes resultantes de la disminución del conflicto armado. Como también los niveles de corrupción de la policía derivados de la tolerancia con esas actividades ilegales.

Las ciudades han sido también escenarios del conflicto armado. Bogotá, en particular, constituye un mapa de lugares de memoria en donde han rendido su vida cientos de personajes públicos y luchadores sociales y populares a lo largo de más de un siglo. De Uribe Uribe a Gaitán, de Guadalupe Salcedo a Carlos Pizarro, de Guillermo Cano a Jaime Garzón, de Luis Carlos Galán a  Álvaro Gómez, de Rodrigo Lara a Eduardo Umaña, del Palacio de Justicia  al Club El Nogal. Cientos de jóvenes que levantaron su voz y su rebeldía contra la miseria y la discriminación, encontraron la muerte o fueron desaparecidos en décadas de martirio en Ciudad Bolívar y el sur.  A no dudarlo el fin de la confrontación armada tendrá que sentirse en las calles y barrios de la ciudad.

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