"La lucha contra la impunidad por violaciones a los DDHH e infracciones al DIH es determinante de las posibilidades de reconstrucción y fortalecimiento de los patrones de convivencia y, por esta vía, de las posibilidades de una paz duradera." (Política de lucha contra la impunidad Colombia).

En Colombia habitan más de 90 pueblos indí

genas; aunque representan sólo el 3% de su población total, se ubican en casi todos los departamentos del territorio nacional. Su riqueza cultural y social se manifiesta en sus diversas formas de vida, ligadas a su territorio ancestral y natural, a sus propios modos de organización social y al ejercicio de su autonomía, lo que les ha permitido mantener su identidad cultural.

A pesar de contar con un amplio marco de derechos reconocidos, la pervivencia de estos pueblos y culturas se ha visto afectada por la aplicación de modelos de desarrollo contrarios a sus modos de vida, por la discriminación y el conflicto armado interno. Todo ello ha ocasionado profundos impactos sociales y culturales, que los tienen en alto riesgo de extinción

Un aspecto importante de esta violencia ejercida contra ellos, es que cada vez más involucra de manera activa a las mujeres, principales soportes de la transmisión de valores, tradiciones y conocimientos ancestrales, ejes fundamentales de la vida comunitaria y la reproducción cultural, espiritual y física de sus etnias. (Ver: http://www.etniasdecolombia.org/raices.asp).

¿Cuáles son las principales limitaciones y políticas del país que afectan a los pueblos indígenas?

El concepto de acceso a la justicia, la observancia de garantías y la vigencia del debido proceso, no tienen otro fin que el combatir de manera eficaz la impunidad. En Colombia, ese equilibrio se rompe porque las garantías constitucionales no resultan efectivas para combatir la impunidad, y no encuentran una aplicación práctica al no disponer de un contexto político y social adecuado para el pleno ejercicio de los derechos.

Las principales necesidades y limitaciones del país se relacionan con que existe una interdependencia entre el respeto por los derechos humanos, la democracia y el modelo de desarrollo; así, el predominio de un Estado Social de Derecho debe estar asociado a la eliminación del racismo, la discriminación, las violaciones a los derechos humanos, y a la eliminación de la pobreza.

Sin embargo, en Colombia estos males y prácticas son una constante que afecta la realización de los derechos de todos los colombianos y muy especialmente de los pueblos indígenas, toda vez que no existe una clara política de inclusión, son precarias las instancias de gobierno encargadas de atender sus demandas y limitados sus mandatos y recursos.

Diferentes instrumentos internacionales han buscado el desarrollo de acciones efectivas para todos aquellos casos violatorios de los derechos humanos, que las acciones sean tramitadas ante autoridades judiciales competentes y que todo proceso concluya con una adecuada aplicación de justicia y la reparación de las víctimas.

No obstante, estas premisas se vulneran en Colombia con frecuencia. En el caso de los pueblos indígenas parecen una utopía porque el derecho de acceso a la justicia se relaciona con la posibilidad de una visión intercultural y plural del derecho y la justicia, que tenga en cuenta sus visiones de mundo y su derecho mayor, en un país que se proclama multiétnico y pluricultural.

En el campo de la comunicación y la información, los indígenas también han estado marginados de los beneficios que el uso y apropiación de las nuevas tecnologías pueden aportar para el desarrollo de sus proyectos de vida. Tienen grandes problemas para hacer realidad su derecho de informar y ser informados en el contexto de sus tradiciones culturales; para transmitir sus valores y costumbres como aportes a la identidad colombiana, la convivencia y la paz; para acceder al conocimiento universal y universalizar sus conocimientos, en diálogos horizontales de saberes que recreen sus identidades y culturas.

Esta situación los coloca en desventaja frente a otros sectores de población y los hace víctimas de las grandes industrias culturales, que desvirtúan y desvalorizan sus identidades imponiendo modelos de vida ajenos a sus costumbres.

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