La situación de la salud de los indígenas mapuches en huelga de hambre desde hace 55 días ha preocupado y llamado la atención internacional. Juan Carlos Huenulao, Jaime Marileo, Juan Patricio Marileo y la estudiante Patricia Roxana Troncoso, en 2005, fueron sentenciados a 10 años de prisión y multados con 425 millones de pesos, bajo los estatutos de la Ley Antiterrorista establecida bajo el sangriento gobierno militar de Augusto Pinochet. Ellos imploran por la revisión de sus condenaciones, consideradas injustas y discriminatorias.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han solicitado que la opinión pública internacional haga peticiones urgentes a las autoridades chilenas, intercediendo por la situación de los cuatro huelguistas, que ahora están en la cárcel de Temuco. Amnistía ha expresado seria preocupación por la situación y pide a las autoridades que reciban adecuada atención médica.
Los cuatro han estado presos desde 2002 después de haber sido hallados responsables del incendio de 100 hectáreas de bosques en 2001. Su reclamo es que el bosque está en tierras ancestrales cedidas para la explotación de compañías madereras y papeleras, durante el gobierno de Pinochet.
Con su huelga de hambre están protestando por lo que consideran un juicio y sentencias injustas, usando una legislación no aplicable a su caso. El 28 de abril 2006, el Ministro del Interior Andrés Zaldívar Larraín, prometió que la Ley Antiterrorista" no volvería a ser aplicada contra la población mapuche. Sin embargo, no hizo referencia a los cuatro individuos actualmente en prisión.
La comunidad mapuche está reconocida como uno de los pueblos indígenas de Chile según la Ley de Pueblos Indígenas de 1993. La ley reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.
En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas presentó un informe de su misión en Chile, que recomendaba que "además del otorgamiento de títulos sobre los terrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan recursos de uso comunitario deben ser reclamados y reestablecidos".
Las peticiones de Acción Urgente de Amnistía Internacional se basan en la rápida movilización de una red mundial de personas dispuestas a iniciar una acción inmediata para proteger a personas cuya vida o integridad física corre peligro. Las Acciones Urgentes se emprenden para salvar a personas presas en peligro de tortura, ejecución inminente o desaparición bajo custodia. También se envía esta clase de llamamientos cuando una persona presa necesita asistencia médica inmediata, si ha sido torturado o las condiciones de reclusión hacen peligrar su vida, por ejemplo.
