La petrolera hispano-argentina Repsol YPF enfrenta acusaciones legales por lo menos en Bolivia, Ecuador, Argentina y Colombia. En Bolivia la empresa transnacional es acusada de contrabando, falsificación de documentos y homicidio; en Ecuador de evasión de impuestos, en Argentina de contaminación ambiental y en Colombia la señalan como financiadora de grupos paramilitares.
El especialista en impactos de la actividad petrolera, el catalán Marc Gavaldà, escritor además del libro "Repsolandia", habló con el periódico español Diagonal sobre esos casos contra Repsol.
Gavaldà informó que en Bolivia hay una denuncia contra la petrolera por homicidio, aunque aún no ha sido procesada. Explicó que "en junio de 2005, en un pozo de Repsol en el campo de Surubí (en el central departamento de Cochabamba), unos campesinos que estaban pescando murieron quemados por las llamas provocadas por la deflagración de gas en un venteo ilegal que estaba haciendo Repsol".
Gavaldà destacó también un caso contra la petrolera en el departamento colombiano de Arauca, situado al este del país. Allí Amnistía Internacional denunció que la empresa financiaba a grupos paramilitares.
El especialista vinculó el accionar de Repsol y de los paramilitares con el asesinato en Arauca, en octubre de 2001, de dos senadores representantes del departamento, Luis Colmenares y Octavio Sarmiento. Los legisladores se oponían entre otras cosas al Plan Colombia, estrategia militar colombiano-estadounidense para combatir el narcotráfico en el estado sudamericano.
Por su parte en Argentina, Repsol enfrentó una demanda civil por contaminación en la provincia de Neuquén, en el oeste del país, presentada por dos comunidades mapuche. Gavaldà dijo que allí el problema fue con un yacimiento, "que es el más grande tanto en reservas de gas como de petróleo de Argentina".
"En Neuquén toda la gente que vive allí extrae agua de los pozos" y el yacimiento de Repsol contaminó las fuentes del recurso, manifestó el especialista catalán, y explicó que el agua estaba "mezclada con gasolina".
Los indígenas reclamaban más de 400 millones de dólares para reparar el impacto ambiental y cultural generado por Repsol en sus comunidades. La empresa perdió ese caso en 2006 (se había iniciado en 1999) y debió reconocer los daños causados.
