Según declaraciones del delegado de los autodenominados refugiados colombianos, Fraquein Gonzáles, en la comunidad peruana de Puerto Libertad ya son más de 890 los que huyendo de la violencia generada por las FARC, narcotraficantes, paramilitares y la fuerza armada, han llegado en busca de la tranquilidad que les permita una vida digna.
Puerto Libertad era hasta hace cuatro años un pequeño poblado en la ribera peruana del río Putumayo, línea de frontera entre Perú y Colombia. Con apenas unas cuantas casas dispersas en la frondosidad de la selva, esta comunidad se fue convirtiendo en el lugar ideal para resguardarse de los grupos enfrentados en el vecino país. A solamente unos minutos, cruzando el río está la ciudad colombiana de Puerto Leguízamo, a donde los “refugiados” acuden durante el día a comerciar.
Constatar la presencia de los “refugiados” fue posible gracias a que en abril pasado una comisión multisectorial de organismos del estado peruano y representantes de organizaciones de la sociedad civil, como la Federación de Comunidades Nativas de la Frontera del Putumayo, a invitación del Alcalde del distrito del Putumayo, Víctor Reátegui, realizaron un viaje por todas las comunidades de la jurisdicción, la misma que en extensión supera los mil doscientos kilómetros en línea de frontera.
Inmediatamente después de confirmarse esta situación, la representación peruana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) tomó contacto con el Alcalde Distrital para evaluar la situación de los “refugiados” así como las repercusiones que este hecho puede traer a la vida de los pobladores peruanos. En la segunda quincena de julio se llevó a cabo en Lima una reunión entre el Alcalde putumaíno y representantes de la Cancillería peruana, de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, de la Policía Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros.
Como consecuencia de la reunión en Lima, en los próximos meses una delegación del ACNUR viajará a la zona a constatar la situación en la que viven los “refugiados” así como para evaluar si su condición amerita el reconocimiento oficial como tales. También se acordó apoyar a las comunidades peruanas con equipos de comunicación que permitan mantener información sobre posibles migraciones masivas.
El alcalde Víctor Reátegui insistió en la necesidad de elaborar un Plan de Contingencia para las poblaciones peruanas, ya que éstas no están preparadas para una migración masiva, ni mucho menos para competir con ciudadanos mejor capacitados y con un alto grado de participación en la vida política y social de las comunidades. “Ya no es solamente un riesgo el que nuestros vecinos colombianos empiecen a tomar decisiones políticas en la vida de las comunidades, no, esto ya es un hecho” dijo el Alcalde al recordar que en al Cabildo Abierto realizado en abril también solicitó hacer uso de la palabra un refugiado colombiano.
