Las radios comunitarias guatemaltecas exigen nueva ley de telecomunicaciones en vista de que no se han cumplido las existentes. Esta determinación se dio en el Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria, donde a través de un comunicado de prensa denunciaron el incumplimiento del Gobierno en su compromiso de otorgarle legalidad a las emisoras comunitarias.

 

Hace un año, mediante un documento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la Organización de Estados Americanos OEA,  reconoció el trabajo que hacen las radios comunitarias en beneficio de las comunidades y se comprometieron a incorporar a las radios comunitarias dentro del marco legal del país. Aún así, el gobierno ha iniciado el allanamiento de varias emisoras por falta de legalidad.

 

Ataques

Las emisoras comunitarias de este país han denunciado que sus trabajadores han sido tachados de delincuentes por parte de la policía y el Ministerio Público, quienes han confiscado y allanado sus equipos, han detenido a sus representantes y han tratado a sus trabajadores como si fueran delincuentes.

 

Por otra parte Antonio Barrios, presidente del Consejo, explicó a la página especializada Servindi que para el Ministerio Público hacer comunicación comunitaria es equiparado al delito de hurto, por el uso sin autorización del espacio radioeléctrico, pero aclara que cuando el Gobierno persigue a estas radioemisoras, está violando la Constitución de la República, así como los Acuerdos de Paz, los cuales obligan al Estado a favorecer todo tipo de comunicación social.

 

Condiciones actuales

El futuro de la radio comunitaria guatemalteca esta en riesgo. Actualmente existen más de 500 radios comunitarias, de las cuales unas 250 estaciones son operadas por indígenas; pero las condiciones de transmisión de las mismas son bastante precarias y cuentan con equipos de tecnología limitada y de baja potencia.

 

Según Confirmó Servindi, para la mayoría de la población indígena de Guatemala la radio comunitaria juega un papel vital en mantener a las comunidades informadas y darles una plataforma para debatir sus problemas, por ejemplo la policía nacional la usa para difundir alertas de salud y seguridad, los Gobiernos municipales la usan para anunciar reuniones públicas, los defensores del medio ambiente la usan para educar a los campesinos respecto a los métodos agrícolas sustentables y los educadores la usan para ofrecer programas de educación a distancia.

 

Acuerdos

El incumplimiento de los Acuerdos de Paz así como de los compromisos realizados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido consecuencias graves en estas emisoras. La Agencia Informativa Pulsar denunció que la Comisión Interamericana sólo se reunió en una oportunidad y no avanzó en la modificación de la actual ley de telecomunicaciones Decreto 94-96 que estipula el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por el Estado.

 

Por otra parte la organización Cultural Survival informó que la supervivencia a largo plazo de la radio comunitaria en Guatemala está en peligro a menos que se pongan en práctica ahora cambios a las leyes de telecomunicaciones del país o se hagan valer las existentes. Existe un proyecto de ley para enmendar las leyes de difusión del país para asegurar el acceso equitativo al espectro radial del país, pero está atascado en la asamblea legislativa.

 

Según la ley actual, para adquirir ancho de banda se cobra a las estaciones de radio comunitarias USD 28,000, una cantidad exorbitante para las estaciones que están operadas en su mayor parte por voluntarios y tienen un radio de difusión de 3 a 8 kilómetros. En tanto, el presidente del Consejo, Antonio Barrios, aseguró que "el espectro radioeléctrico es patrimonio de toda la población, lo mismo que el aire y los recursos hídricos y, por lo tanto, su uso no puede ser restringido sólo a quienes tienen dinero para pagar por ellos".

 

Una de las consecuencias más graves por los altos costos del espacio, ha sido la compra del espectro radial por ricas emisoras evangélicas y estaciones de radio comerciales que difunden sólo en español, una lengua extraña para muchos indígenas guatemaltecos, lo que trae otra grave consecuencia que es la exclusión de estos pueblos en los medios de comunicación.

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