Las Comunidades argentinas indígenas de Tucumán solicitaron, una vez más, la inclusión de sus derechos en la Constitución Provincial. “Sabemos que se va a tratar la inclusión de los derechos indígenas, pero hasta el momento nunca se nos avisó oficialmente sobre la fecha, hora y temas a debatir en las sesiones y plenarios, y nosotros somos los principales interesados en participaren en el momento en que aborden los derechos y garantías de los pueblos originarios”, afirmaron indígenas a través de un comunicado.

La reforma de la Constitución sólo despierta indignación

Tomado de: www.primerafuente.com.ar

Pueblos originarios, organizaciones ambientalistas y de consumidores alzaron su voz pero de todas maneras no fueron escuchados por los convencionales constituyentes del oficialismo. De esta manera, aseguran que miles de personas no tendrán acceso a la Justicia ni a servicios dignos.

Las Comunidades Indígenas de Tucumán solicitaron, una vez más, la inclusión de sus derechos en la Constitución Provincial. Asesorados por los abogados de ANDHES, aseguraron que si bien los convencionales tienen en su poder la propuesta en la cual se toman los derechos garantizados nacional e internacionalmente, como ser el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las leyes 24.071, 23.302, 25.517 y el artículo 75, inciso 17 de la Carta Magna del Estado, hasta el momento no tienen la garantía de que serán incorporados en el nuevo texto de la Constitución provincial.

“Sabemos que se va a tratar la inclusión de los derechos indígenas, pero hasta el momento nunca se nos avisó oficialmente sobre la fecha, hora y temas a debatir en las sesiones y plenarios, y nosotros somos los principales interesados en participaren en el momento en que aborden los derechos y garantías de los pueblos originarios (Diaguita y Lule)”, expresaron a través de un comunicado.

Además, se sumaron a las críticas sobre el proceso de reforma de la Constitución. “Es evidente la voluntad de retacear el acceso a la Justicia por parte de la Convención Constituyente, ya que si bien es cierto que se incorporó el amparo colectivo, reconocido por la Constitución Nacional, su incorporación a la Provincial solo será útil para cuestiones ambientales y no para ejercer otro tipo de derechos, tal es el caso del derecho de las comunidades aborígenes”, aclararon.

Está claro que el nuevo texto, que todavía no salió a la luz, sólo despierta polémica e indignación entre numerosos sectores ajenos al oficialismo y a los círculos de poder. A pesar de tener un mandato legal, la Comisión de Políticas Especiales, desoyendo la voluntad popular, no aconsejó la incorporación de una tutela legal y judicial eficaz con el pretexto de que la misma puede ser peligrosa para la calidad institucional de la provincia. Esto significa sin más reconocer formalmente los derechos, pero por otro lado significa desconocer el acceso a la justicia para hacer efectivos los mismos”. Pasando en limpio, si quieren quejarse pueden hacerlo, pero no tendrán a quien reclamar.

Más reclamos

A las múltiples quejas se sumaron diversas Organizaciones No Gubernamentales, que habían presentado el pasado 24 de abril una serie de proyectos en temas medioambientales. Eco Salud (ONG ambientalista de Tucumán), la Logia Masónica “Estrella de Tucumán”, el Instituto de Riesgo Geológico y Sistematización Territorial, DUDAS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (Filial Tucumán), Cambiar (Central Ambientalista Argentino) hicieron llegaron un extenso documento en el cual solicitaron que un mayor celo en materia de patentamiento de la diversidad biológica de la provincia. Aseguraron que algunas empresas multinacionales llegaron a patentar la quinua y la algarroba. Sugirieron, y acompañaron con estudios de reconocidos profesionales, la gratuidad de los servicios de agua potable. “Manejarla como un servicio es convertirla en una mercancía”, expresaron.

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