Caracas, 26/09/2006. Violentas protestas se produjeron ayer en las poblaciones de La Paragua y Maripa, estado de Bolívar, por la muerte de al menos cuatro mineros brasileño-venezolanos en un incidente con militares.

En Maripa fue saqueada e incendiada durante la protesta la residencia del alcalde Juan Carlos Figarella, mientras que los habitantes de La Paragua han cerrado el acceso al pueblo y queman neumáticos, indicó Víctor Luis Amaya, minero de la zona.

Cuatro mineros murieron y otra persona resultó herida el pasado viernes en un incidente con militares que aún no ha sido esclarecido, según el ministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel.

Pero Amaya refirió que, además de los cuatro fallecidos que confirmó el ministro, ayer fueron encontrados otros dos cuerpos de indígenas que habrían muerto en el mismo incidente.

El dirigente descartó que los mineros muertos tuviesen armamento sofisticado y aseguró que “lo más que utilizan es un revólver”.

El ministro de la Defensa había indicado el pasado domingo que el personal militar involucrado en el incidente será puesto a disposición de la Fiscalía, aunque no precisó cómo se produjo el incidente, ni quiso confirmar la identidad de las víctimas.

Baduel indicó que en el lugar se incautaron armas y negó las versiones según las cuales un helicóptero militar disparó contra un grupo de mineros.

Investigación

El Ministerio Público comisionó tres fiscales, uno nacional y dos regionales, para investigar este caso. Los fiscales 42 nacional, 2° y 5° de Bolívar, Katiuska Bolívar, José Luis Salazar e Iracema Grimaldi, respectivamente, solicitaron el levantamiento planimétrico, la trayectoria balística, las actas de procedimiento, la identificación de los occisos y los protocolos de autopsia.

Se pidió al Teatro de Operaciones número 5 la identificación de los militares que realizaron operativos en la zona. Se solicitó medida de protección para la persona lesionada, que fue acordado por un tribunal de control de Ciudad Bolívar.

Bajo la máxima de que “caiga quien caiga”, el secretario general de Podemos, Ismael García solicitó una averiguación exhaustiva. El secretario general del MAS, Leopoldo Puchi, tras condenar los sucesos, pidió al Defensor del Pueblo celeridad en el caso.

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