Debido a la cantidad de conflictos agrarios que están pendientes de resolverse, el vicepresidente Eduardo Stein presentó a 13 abogados que ofrecerán asesoría jurídica gratuita a personas y comunidades indígenas.

El vicepresidente reconoció que la conflictividad agraria y el abandono de los pueblos indígenas son los dos rezagos más graves en el país, y que este tipo de iniciativas es una forma de enfrentarlos.

“Es una obligación del Estado proporcionar servicios que faciliten a la población tener acceso a una justicia pronta y cumplida”, comentó Stein.

El funcionario participó en la actividad que se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y entregó 13 diplomas a los profesionales que participaron en un seminario sobre conflictos agrarios.

Mariel Aguilar, secretaria de Asuntos Agrarios, aseguró que ese servicio será un apoyo para las comunidades que no tienen recursos para pagar los servicios profesionales de un abogado.

Explicó que la SAA instaló oficinas de asesoría jurídica en Sololá, Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Izabal, Petén, Baja Verapaz, Zacapa, Escuintla, San Marcos y Guatemala, para tener cobertura a nivel nacional.

La política agraria establece que a pesar de no contar con recursos, los guatemaltecos puedan tener acceso a los servicios jurídicos de un abogado. El programa se inició el 3 de julio último y esperan ampliar el resto del año en todo el país.
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