Este estudio señala que "los pueblos indígenas que viven en zonas fronterizas enfrentan desafíos adicionales derivados del narcotráfico, la militarización de sus territorios y la pérdida de sus espacios de desarrollo y reproducción social, cultural y económica". La situación de estos pueblos "se agrava con la militarización creciente, la criminalización de las protestas y demandas populares", agregó el estudio.
La representante regional de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), Carmen Rosa Villa, quien presentó el texto, añadió que estos problemas "han constituido en una grave disminución de los ejercicios de los derechos de los pueblos indígenas".
El informe subrayó que los indígenas también son víctimas de hostigamientos asociados a la exploración y explotación de los recursos naturales, lo que contribuye "al etnocidio de los pueblos y civilizaciones milenarias, algunas de las cuales viven aún en aislamiento voluntario".
Por ejemplo, en el caso de Perú, donde el 55 por ciento de las 6.000 comunidades campesinas están siendo afectadas por la minería y aumentan los conflictos sociales, las concesiones mineras crecieron 87,7 por ciento entre 2002 y 2007, explicó el informe.
A pesar del crecimiento económico registrado en los tres países, el documento insiste en que los indígenas y en especial las mujeres viven en situación de extrema pobreza, marginación y discriminación, sin acceso adecuado a la salud y educación, aunque destaca avances en sus capacidades de organización y representación frente al Estado.
En los tres países andinos "se dan los indicadores más bajos de educación, salud y nutrición en las zonas rurales. Además, hay discriminación de género por razones de orden económico y cultural que genera un tratamiento desigual de las niñas y dificulta su acceso a servicios básicos", precisó.
La Defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, recordó que en su país existe "una débil comprensión de la diversidad cultural y escasa preparación para el diálogo intercultural entre los actores confrontados: el Estado, las empresas, las organizaciones y la sociedad civil".
Concluye que las medidas y estrategias a adoptar son "complejas y de largo plazo" y recomienda conocer mejor las sugerencias del relator especial y los instrumentos para la defensa de los derechos de los indígenas.
Además, el estudio -presentado en Lima también por el coordinador en Perú del Programa de la ONU para el Desarrollo (Pnud), Jorge Chediek, y el representante de Unicef en Perú, Guido Cornale- insta a un diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, una mayor atención en el enfoque de género, mejor registro de estadísticas sobre los pueblos indígenas, entre otros.
