Al igual que en Colombia, los indígenas del Ecuador están sosteniendo una pelea “cuerpo a cuerpo” con las trasnacionales petroleras y con el Estado, quienes vienen explorando en territorios ancestrales
La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza del Ecuador (OPIP), que agrupa desde 1979 a más de 120 etnias indígenas, planteó una demanda de Amparo Constitucional en contra de la Compañía General de Combustibles (CGC), a quien el gobierno ecuatoriano adjudicó, desde el año 1998, la exploración y explotación del denominado Bloque 23, ubicado en la zona oriental del vecino país.
El Juez Primero Civil de Pastaza, José Arévalo Pineda, quien conoció la demanda, citó para el viernes 6 de diciembre a las partes a una audiencia pública, en la que también deberá estar presente el Procurador General de la Nación. La OPIP pidió al Juez "ordenar de manera emergente la suspensión de las actividades hidrocarburíferas en el Bloque 23 por parte de la CGC y sus subcontratistas", pues de acuerdo con la organización indígena, las acciones y actividades de la transnacional generar un profundo daño ambiental y sociocultural, además de fragmentar los distintos procesos organizativos.
Los indígenas argumentaron que la Constitución señala que: "El Estado reconocerá y garantizará los derechos humanos, colectivos, así como la información y la consulta previa". Desde esa perspectiva, los indígenas solicitaron que la CGC se abstenga de ingresar a los territorios y realizar cualquier negociación con individuos, asociaciones y comunidades miembros de la OPIP, sin la autorización legal de esta organización.
“Durante las décadas de los 60 y 70 el Estado ecuatoriano buscó la salida más idónea para paliar la crisis en el agro serrano, donde nosotros los indígenas y los campesinos reivindicamos el derecho a la tierra. La solución que el Estado encontró frente a la demanda fue colonización de las "tierras baldías" del Oriente ecuatoriano. Se adjudicaron fincas a los "campesinos-colonos" y se instaló una infraestructura vial que permitió el acceso de la nueva población migrantes. Ambos factores le abrieron el camino a las empresas petroleras que ahora quieren acabar con nuestros territorios, destruir las selvas y contaminar a nuestra madre tierra” denunciaron enfáticamente.
Ricardo Nicolás, coordinador de la CGC para el Bloque 23 manifestó que los pedidos de la OPIP "están fuera de la realidad porque la empresa tiene un contrato legal con el Estado, trabaja con todas las normas ambiéntales y de seguridad y no hay ningún motivo para que la compañía abandone sus operaciones".
Pero este conflicto no es reciente, se inició en 1998 cuando el Gobierno, luego de la convocatoria a la octava ronda petrolera, adjudicó el Bloque 23 a la CGC, compañía que estaba obligada a buscar acuerdos con las organizaciones indígenas. En octubre del 2002 el Congreso de la OPIP resolvió no aceptar la exploración petrolera en territorios indígenas. Allí el conflicto aumentó, pero las poblaciones Quichuas de la Provincia de Pastaza “no nos dejaremos y seguiremos en la lucha” manifestaron y ha sido la consigna desde entonces.
