La Defensoría Maya (DEMA), celebra con júbilo este proceso histórico en el que el tribunal penal dicta sentencia condenatoria en contra de las personas quienes cometieron delitos de discriminación y racismo en contra de la señora Rigoberto Menchú Tum, Premio Nóbel de la Paz, durante el llamado jueves negro del año 2003.

 

Esta sentencia condenatoria es el inicio de otro proceso político y jurídico en la vida del país y para sentar precedentes sólidos para demostrar que el actual Estado de Derecho debe ser incluyente y no discriminatorio. Felicita al cuerpo jurídico de asesores y litigantes de la Premio Nóbel de la Paz, principalmente al Lic. Benito Morales por su lección ejemplar de defensa de los derechos de los integrantes del Pueblo Maya. Asimismo, se valora la honradez y rectitud conque actuaron las autoridades que emitieron sentencia. Esto demuestra que cuando se quiere aplicar justicia, es posible en el país.

 

DEMA considera fundamental este primer ejercicio de lucha por la penalización del delito de discriminación que se ha iniciado entre miembros de la sociedad civil, situación que se encuentra tipificada como delito en el código penal vigente. Es un primer paso y se espera que todos los casos de racismo que han sido presentados ante el Ministerio Público y ante otra autoridades de justicia, sean también procesados y se cumplan los juicios, por ejemplo la discriminación  y racismo que emprendió la empresa “El Tarro Dorado” propiedad de la familia Castillo Dueña de la Cervecería Centroamericana , contra la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj el 5 de junio del  año 2002, primer caso denunciado con valentía a nivel público y otros posteriores.

 

Es necesario seguir combatiendo el racismo y discriminación a nivel social, pero es urgente también que las instituciones que velan por los derechos humanos y derechos del pueblo Maya y Pueblos Indígenas, demos otros paso: el juicio contra las empresas privadas que tienen como arraigo el racismo laboral, el derecho al libre acceso a lugares públicos, y otros actos.

 

Por otro lado, es altamente urgente que se inicie la denuncia formal y jurídica contra las instituciones y autoridades de gobierno que han aplicado el racismo y la discriminación contra el Pueblo Maya, Garífuna y Xinka, por ejemplo, al marginar a los indígenas de las decisiones del Estado, del Congreso e incluso del Organismo Judicial. No es posible seguir soportando esta situación en un país donde la mayoría de la población es indígena.

 

Es indispensable entonces a que pongamos atención en los tres aspectos donde debemos seguir interactuando en el caso de la penalización del racismo: a) entre la sociedad en general; b) hacia las instituciones privadas y, b) contra las instituciones del Estado y sus políticas públicas racistas hacia los Pueblos Indígenas.

 

Nuestras acciones de lucha jurídica y penal contra el racismo y la discriminación debe atravesar todas las áreas donde se practica el racismo y una vez más, la Defensoría Maya anima a los miembros de los Pueblos Indígenas a que documenten y denuncien cualquier acto de racismo que se da en los círculos indicados con anterioridad.

 

Gracias, Sra. Rigoberta por darnos el ejemplo de ganar el primer caso histórico.

  

Rigoberta Menchú ganó batalla jurídica contra el racismo en Guatemala

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