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Prácticamente le tomó una semana a las tropas recorrer los 26 kilómetros de distancia entre la población de El Palo y Toribío. La prensa se les adelantó varios días. La guerrilla no abandonó la zona, ha mantenido la confrontación y extendió sus ataques a Jambaló y Tacueyó.

La destrucción de tantas viviendas muestra que la toma de Toribío no tenía por objetivo solamente atacar a la policía sino castigar a la población indígena ya que ese municipio se ha constituido en emblema de la resistencia indígena contra la guerra. Fue un ataque miserable contra una comunidad inerme, utilizando armas no convencionales, destruyendo sus viviendas, poniendo en inminente peligro a la población civil y forzándola  a desplazarse. Son hechos claramente violatorios del derecho internacional humanitario, que contribuyen a deslegitimar a las Farc como actores políticos, afianzan el calificativo de terroristas y se suman al expediente que algún día podrá llegar a las cortes internacionales. Por otra parte, esos hechos evidencian el peligro de ubicar cuarteles y construir trincheras en medio de la población civil.

Los indígenas desafiaron las amenazas de las Farc realizando una marcha de mil guardias hasta Toribío y organizando refugios de paz para que la gente no abandone su territorio. Ahora las comunidades de toda la zona del norte del Cauca -y donde quiera que siga esta guerra-, quedan expuestas a resistir en medio de los combates o a desplazarse hacia los centros urbanos cuando el riesgo supere el heroísmo.

La resistencia indígena del Cauca, al igual que los territorios de paz en otras regiones del país (como San José de Apartadó y Cacarica) y otras estrategias de resistencia contra la guerra  han sido también descalificadas por el gobierno, que las sindica de aliadas de la subversión o pretende captarlas para su estrategia de seguridad. En el caso del Cauca el presidente fracasó cuando pretendió impedir la gigantesca marcha indígena hacia Cali y ganarse la resistencia indígena a favor de su política.

Las FARC trataron de amedrentar a los paeces secuestrando la dirigencia de Toribío hace un año, pero tuvieron que soltarlos cuando más de 400 guardias, armados solamente con sus bastones de mando, fueron a rescatarlos. Ahora les pasan la cuenta de cobro destruyendo a Toribío. A las FARC nadie les cree cuando plantean que el ataque a Toribío es parte de la guerra del pueblo contra el Estado.

Esta no es una guerra de los indígenas, aunque haya algunos jóvenes que,  desconociendo la política de sus autoridades y organizaciones, se dejen reclutar por uno u otro bando. Ha sido más bien, una guerra de todos los actores armados en contra no sólo de los indígenas sino de las comunidades negras y campesinas, una guerra en la que la coca reemplazó los ideales, una guerra deshonrada por crímenes atroces. Por lo menos ahora se están matando entre ellos mismos, aunque esto no es motivo de alivio ni mucho menos de alegría ya que la mayoría absoluta de combatientes son hijos de familias humildes, que no han podido brindarles mayores alternativas.

Nuevamente el norte del Cauca se convierte en escenario del terror de la guerra. Hace veinte años los indígenas fueron testigos y víctimas de los crímenes más atroces cometidos por el grupo “Ricardo Franco”, disidente de las FARC. Esa parte de la cordillera ha sido territorio de las FARC desde hace más de treinta años, de manera que ahí la guerra va para largo tiempo y seguirá extendiéndose por el suroccidente y otras regiones. Seguirán muriendo guerrilleros, paramilitares, soldados y población civil. Se seguirán consumiendo millones y millones de pesos y el país se seguirá desgastando, exponiéndose a riesgos como los que corrió el presidente en su visita a Toribío, convencido por los mandos de que la situación estaba bajo control. Los recientes ataques de las FARC incrementan las dudas sobre la solución militar del conflicto armado. 

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