La solicitud de información por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional –el argentino Luis Moreno Ocampo- al gobierno colombiano sobre crímenes de lesa humanidad y sobre los proyectos de ley para la desmovilización de los narcoparamilitares, constituye el primer paso de un camino que promete ser largo y muy complicado para el Estado colombiano, la fuerza pública, los paramilitares y las fuerzas guerrileras. Damos la bienvenida a las acciones de la Corte Penal Internacional porque constituyen una nueva fuente de esperanza en la lucha por el respeto a la vida y los derechos humanos que tan bárbaramente han sido atropellados durante tantos años de conflicto armado en Colombia. La política de seguridad democrática, del presente gobierno, tampoco ha sido garantía para los derechos humanos y, por el contrario, están ocurriendo hechos demasiado graves de los cuales habrá de ocuparse la Corte si en Colombia se sigue optando por una política de tapar, tapar y tapar. 

 

El gobierno pensó que eran suficientes sus mayorías parlamentarias y la popularidad del Señor Presidente para pasar sin mayores trabas un proyecto de ley abiertamente favorable a la impunidad con los paramilitares, pero la realidad no ha sido tan fácil. Ante el rechazo de las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional y aún de parlamentarios Uribistas, el presidente mismo tuvo que concentrarse a trabajar con sus parlamentarios en la redacción de una nueva versión en la que fueron descubiertos los famosos narcomicos, que incrementaron las dudas sobre los verdaderos propósitos y compromisos.

 

Ahora, con este primer paso de la Corte Penal, le sale una nueva tranca a la rueda de la impunidad. Y ésta promete ir en serio! Una cosa es manejar los asuntos del país como quien maneja su finca, pero otra es situarse en la perspectiva de un mundo globalizado en el que tiende a cobrar importancia jurídica el respeto por los derechos humanos y la jurisdicción internacional. Ni el argumento de la “soberanía nacional”, tan arrodillada ante los Estados Unidos, ni la reserva de los 7 años presentada por el gobierno Pastrana, serán garantía para tapar, tapar y tapar los crímenes de lesa humanidad.

 

Estos primeros meses del año han sido estremecedores por sus revelaciones sobre lo que le espera al país si no sacude la conciencia y no reacciona. Además de las revelaciones alrededor de la desmovilización de los paramilitares, la reelección por encima de lo que sea, el fracaso de la lucha contra el narcotráfico o la ineficacia de la guerra,  los hechos alrededor de la masacre de San José de Apartadó, no podrían ser más aterradores: familias de pacifistas, incluidos varios niños, asesinados a garrote, degollados y desmembrados por miembros del ejército nacional, según múltiples indicios. Es decir, el mismo nivel de barbarie que han expresado los otros actores armados. No obstante, sin respeto ni consideración por el dolor de esa comunidad, el presidente mismo, en vez de comprometerse con una investigación de fondo, sale a sindicarla de colaborar con la guerrilla y a ordenar la presencia del ejército, que la comunidad estaba rechazando. Ante el hecho de que la comunidad se niega a dar declaraciones –porque declaraciones anteriores no han servido para nada y, mas bien, han terminado en más violaciones de derechos humanos- se le amenaza con judicializar a los que no declaren. Y con el argumento de que no hay conflicto armado, se descalifica la razón misma de la existencia de las comunidades de paz.

 

La obsesión por reducir toda la problemática del país al “terrorismo”, ha llevado al silencio y la inoperatividad sobre las reformas estructurales que necesita nuestra sociedad. Mientras tanto, la tierra, la riqueza y el poder se siguen concentrando, el negocio del narcotráfico se mantiene y la guerra no cesa ni tampoco las violaciones a los derechos humanos. Pero ahí está la justicia internacional para advertir que hay crímenes que no quedarán impunes.

 

Con ese mismo estribillo del terrorismo, como guía de la visión y acción del gobierno, estamos quedando a nivel internacional como los pajecillos de Bush, el gobierno más desprestigiado ante la comunidad internacional por su guerrerismo. En la cumbre de esta semana, de los presidentes de España, Venezuela, Brasil y Colombia, nuestro presidente quedó como el invitado incómodo, pues de verdad no cuadraba ante ese trío crítico de los Estados Unidos y del neoliberalismo a ultranza.

 

En Europa no nos ven como los adalides de la guerra contra el terrorismo sino como países sumidos en la injusticia, la corrupción, el narcotráfico y la violencia. Por debajo del protocolo en las relaciones diplomáticas, lo que causa nuestra guerra es horror y desprecio.

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