Muchas situaciones históricas difíciles han tenido que vivir los afrodescendientes del Pacífico colombiano, sin embargo, una que no olvidarán es la llegada de los cultivos de uso ilícito y de los actores armados. Por una parte, las guerrillas mantuvieron inicialmente, un área de la región como retaguardia de guerra, “descansaderos”, en donde en general, no se realizaban acciones militares directas, sino que servían como corredor entre la amazonía, la zona andina y el pacífico, o como paso para acceder a la frontera internacional del vecino Ecuador, por donde transitaban toda clase de mercancías licitas e ilícitas; comida, armas, uniformes, precursores químicos.

 

Sin embargo, las guerrillas y  por efecto de la geopolítica del conflicto armado, poco a poco fueron interviniendo en la zona, en donde se empezaron a implantar cultivos de coca, sobre los cuales ejercían vigilancia y control, no solo en la producción sino en la comercialización.

  

Los paramilitares, por su parte, llegaron a combatir a las guerrillas dentro de una estrategia contrainsurgente efectiva, (probada en otras zonas del país), en alianza con grupos de interés como  los comerciantes paisas  y algunos palmicultores, que habían sufrido los rigores de las acciones de la delincuencia común organizada y las guerrillas, por tanto,  requerían sus servicios, pero detrás de la entrada de los Paras también estaba la pugna a las guerrillas por el control de la producción y comercialización de la coca.

 

Las fumigaciones en el Putumayo, en desarrollo de la ejecución del Plan Colombia, produjeron el llamado “efecto globo”, pues mientras se “apretaba” la producción de ilícitos en este departamento, la coca y todo el circuito del narcotráfico se desplazaban vertiginosamente hacia el Pacífico Sur. Según estimaciones de líderes de los Consejos Comunitarios, los cultivos de coca ocupan hoy un 35% de las áreas con potencial de uso agrícola o forestal de la región, aún después de las fumigaciones.

 

El proceso de implantación del cultivo de coca en el Pacífico produjo diferentes impactos que aún no han sido calculados;  uno primario es la tala de bosques, que unida a la utilización de grandes cantidades de agua y agroquímicos, necesarios para el cuidado del cultivo y la transformación de la hoja en Pasta o Clorhidrato de Cocaína, han traído como consecuencia la disminución y daño de la fauna y flora, contaminación de las abundantes fuentes de agua, particularmente de los esteros, ríos y lagunas, afectando la biodiversidad, llevando a una ruptura violenta del equilibrio ambiental.

 

Obviamente, la producción de cocaína supone la llegada a la región de otras fases del Circuito de Drogas Ilegales, relacionadas con su comercialización, por ello, se crearon o utilizaron  rutas  de   transporte fluvial y marítimas, cuyo destino final era Centroamérica, lo  cual evidencia la fuerte presencia de organizaciones del narcotráfico en la región. Estas, como es de esperarse,  demandan condiciones de seguridad que los actores armados les ofrecen,  ejerciendo control militar y poblacional del territorio. 

 

Todo este  conjunto de factores llevaron a que la población en general, pero específica y mayoritariamente la afrodescendiente e Indígena, habitantes ancestrales de la geografía del Pacífico, fuera violentada y vulnerada en sus más elementales derechos,  que incluyen los derechos humanos, los civiles, económicos, sociales y culturales, el Internacional Humanitario, la residencia, la unidad familiar, la libre movilización y asociación, y el más elemental, el derecho a la vida.

 

La Violación masiva de los Derechos Fundamentales de los afrodescendientes se ha traducido en una Grave Crisis Humanitaria expresada en desplazamientos forzados individuales o colectivos, desaparición, tortura, tratos crueles y asesinatos de líderes y miembros de las comunidades.

 

Adicionalmente, la emergencia de poderes que monopolizan el control político local a través de amenazas, sobornos e intimidaciones y el silenciamiento de personas o sectores disidentes, está conduciendo a una grave situación de pérdida de los Derechos Políticos de las comunidades. De este modo se hace muy difícil competir democráticamente por el acceso al poder local, prolongándose así el ejercicio de un poder que satisface intereses particulares en favor de los movimientos armados y del narcotráfico y excluye una participación real de las comunidades organizadas.

 

La visibilidad de la Crisis Humanitaria en el Pacífico Sur, en los contextos regional y nacional, ha sido escasa en relación con la gravedad de los hechos que se están presentando  y como consecuencia, hay un déficit significativo en la atención a la población afectada o no existe una política pública capaz de reducir riesgos en materia de violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.

 

Por otra parte, la libre Movilidad se ha visto restringida  por  los  actores  armados  y/o  por los agentes del narcotráfico, interrumpiendo o rompiendo prácticas ancestrales de ocupación territorial de las comunidades afrocolombianas que sustentan su identidad, soberanía y seguridad alimentarías en el recorrido físico de sus espacios vitales utilizados en actividades productivas como la pesca, caza y recolección de fauna y  flora sustento de buena parte de las familias.

 

Así mismo, desde lo organizativo, los límites o condicionamientos a la movilidad personal o colectiva, contribuyen a afectar los procesos de organización como los de los Consejos Comunitarios debido a la necesidad de convocar y realizar reuniones, capacitaciones,  mingas, etc.

 

Además, las prácticas agrícolas de monocultivo que implica la coca, acentúan el individualismo productivo y frente al narcotráfico se da prioridad al poder económico y de fuerza sobre el territorio, con lo cual, se limita la jurisdicción y legitimidad de los Consejos Comunitarios como autoridades étnicas y en general, no se permite la afirmación de las comunidades sobre su espacio.

 

De otro lado, la instalación de cultivos o el control sobre puntos estratégicos para la transformación y embarque de las drogas ha llevado a procesos violentos de expropiación de tierras y/o expulsión de población individual o colectiva, hecho que se conjuga con las acciones de fumigación aérea,  con la cual se destruyen los cultivos de pan coger y se afecta gravemente el entorno socio-ambiental donde se fundan las principales actividades productivas y socioculturales de las comunidades afrocolombianas.

 

Relacionado con lo anterior, se están produciendo dinámicas de acumulación de tierras adelantadas por foráneos, las que si bien en el corto plazo tienen que ver con la instalación de cultivos extensivos de coca, constituyen en el mediano y largo plazo la transformación sociocultural y económica de la región, al ser usadas para otros monocultivos como la Palma Africana o actividades económicas que igual golpean el control y gobierno ancestral del territorio.

 

Adicionalmente, el control del territorio por parte de    los    actores     armados,     ha     creado     una “para institucionalidad” al servicio de los intereses de la guerra y por tanto, de sus protagonistas, a través de la cual se está profundizando la deslegitimación de los pocos espacios del Estado. A su vez la escasa institucionalidad existente no está propiciando espacios de acercamiento con las comunidades, ni ejerce su obligación de protegerlas, sino que en muchas oportunidades es instrumentalizada al servicio de los intereses de la guerra. Se percibe una deslegitimación creciente de las autoridades locales y del nivel regional, tanto por el avance de los poderes armados y la imposición de sus normas como por la deficiente capacidad de estructurar y poner en practica procesos de participación reales y efectivos que sirvan de soporte para el fortalecimiento democrático institucional.

 

Ahora bien, la introducción de modelos productivos y de consumo propios de procesos violentos de acumulación de capital, van acompañados de dinámicas de agresión socioculturales en donde se establecen nuevas pautas de referencia para el reconocimiento de la autoridad, ahora basadas en la posesión de armas y de capital.

 

De esta manera se rompen los referentes culturales propios, así como el saber tradicional, el papel de los troncos familiares, la elaboración de la tradición oral y los sistemas raizales de socialización de las nuevas generaciones, al situarse como principal referencia de reconocimiento la posesión de bienes de uso suntuario (relojes, celulares, bebidas alcohólicas, ropa de marca, joyas, motos, etc.) o armas, introduciendo un proceso rápido de  interiorización de prácticas consumistas que conllevan al desprecio del patrimonio cultural.

 

Desde esta perspectiva, se busca establecer un nuevo orden de valores que conduce a la pérdida de la autoestima, auto reconocimiento e identidad de la afrocolombianidad, hecho que se expresa socialmente en la discriminación de su cultura y sus valores.

 

En cuanto hace a impactos socioeconómicos, la instalación de la economía del narcotráfico genera tendencias inflacionarias, con lo cual se deteriora la capacidad de compra de quienes   se    mantienen    por    fuera   de  esta economía y distorsiona el precio de la mano de obra local. Este hecho también repercute sobre las prácticas culturales de orden económico basadas en la contraprestación o trueque de fuerza de trabajo como la “mano cambiada”, o en trabajos comunitarios como la “minga”, las cuales se asocian a contextos económicos caracterizados por una baja dependencia de insumos externos.

 

De este modo, la economía de los cultivos ilícitos desordena en general la organización tradicional de la sociedad local afrocolombiana y se convierte en un factor perturbador de la serie de relaciones en donde se afianzan los lazos de solidaridad comunitarios. La proliferación de mecanismos para incrementar la creciente oferta de bienes y servicios como la venta a crédito de bienes suntuarios, genera a su vez una alta dependencia sobre el acceso al dinero circulante, siendo este el contexto en el cual se toma el poder  la economía ilegal como principal medio de acceso al dinero, tan necesario para adquirir las mercancías a las que constantemente se induce su consumo y cuyo precio es alto dada la tendencia inflacionaria.

 

Generar resistencia al proceso de acumulación

 

Si bien el mercado es una realidad que funda la economía global, su afianzamiento unido a la economía de cultivos ilícitos en el pacífico sur, conlleva al deterioro de procesos socioculturales que sirven de base para el mantenimiento y desarrollo del sentido de la comunidad afrocolombiana. La economía de las drogas representa la manifestación más radical de un poder que desestructura - reestructura la realidad de las comunidades tradicionales, introduciendo de manera violenta nuevos referentes en la serie de interrelaciones sociales, transformando profundamente el entorno cultural, ambiental y el necesario sentido de pertenencia.

 

Por tales razones es necesario generar resistencia a este proceso de acumulación liderado por un lado por la economía ilegal de las drogas y de otro, por monocultivos como la palma, en cuya dinámica originaria se perciben de igual manera, procesos de avasallamiento cultural, en los cuales la condición de legalidad o ilegalidad no es garantía de disminución de las daños o niveles de violencia que están produciendo unos y otros fenómenos. Por las anteriores consideraciones, las comunidades afrocolombianas del Pacífico Sur se proponen como una de sus estrategias de resistencia la recuperación de las prácticas y sistemas tradicionales de producción y sus inherentes relaciones socioculturales de solidaridad.

 

A través de ese proceso se busca la recuperación del territorio y el rescate de la cultura, que debe ir acompañado de  propuestas educativas propias que fortalezcan el proceso en las nuevas generaciones.

 

Simultáneamente, se busca rescatar el sentido de calidad de vida, de modo que se diferencie de los patrones de la economía de mercado que ha introducido el parámetro de nivel de vida, entendido este más por los bienes que se poseen y consumen de acuerdo con las pautas del mercado que por el bienestar de la población.

 

El proceso propuesto se inscribe también en el reconocimiento a la necesidad de un cambio en la política antidrogas y en las actuales estrategias de desarrollo alternativo gubernamentales, (que nunca se llevaron a cabo en el pacífico sur), realidades globales para cuya transformación se deben unificar esfuerzos con sectores sociales alternativos y la comunidad internacional sensible a estos temas, internacionalizando el trabajo.

 

Finalmente, la sangre, el dolor, el desarraigo, la tristeza y la muerte de tantos hombres y mujeres afrocolombian@s no tendría sentido, si no se hace una lectura integral y propositiva sobre las consecuencias y lecciones que deja la llegada de los cultivos ilícitos y los actores armados a sus territorios, en la generación de estrategias de resistencia reales, teniendo en cuenta que detrás de este proceso hay un planteamiento estratégico de ocupación física-espacial por parte del capital, en la apropiación de la biodiversidad y por supuesto, de la necesaria “limpieza” de “indeseables” que eventualmente cuestionaran su desarrollo, detrás, delante y por los lados, también están los megaproyectos dándose sus mañas para expropiar y expulsar afrodescendientes, claro sin que parezca.

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