La particular concepción del modo de gobernar del Presidente Ãlvaro Uribe empeñada en debilitar los mecanismos institucionales para la toma de decisiones como las mesas de concertación con los pueblos indÃgenas y a cambio fortalecer modos informales, no reglamentados y sin control constitucional como los llamados consejos comunitarios, en los que los ciudadanos asisten para notificarse de las decisiones que adopte el jefe de gobierno sobre las peticiones y necesidades que se le presentan, se expresó una vez más en la convocatoria que éste hiciera a los pueblos indÃgenas de Colombia el pasado 25 de septiembre.
Conforme a este modelo, la convocatoria a un “Consejo Comunitario IndÃgena†en la ciudad de Bogotá, permitió al Presidente de la República, notificar, a los participantes que: va a continuar con la fumigación por aspersión aérea tanto en la zonas de los parques nacionales naturales como en las que colindan con los resguardos indÃgenas, a pesar de que se esté adelantando la erradicación manual en algunas regiones como en el Putumayo, que es urgente la aprobación de la Ley forestal, que la consulta previa con los pueblos indÃgenas estorba al paÃs, que en materia de educación, el concurso para los docentes indÃgenas es obligatorio, que si los indÃgenas tienen problemas territoriales deben acudir a la Comisión Nacional de Territorios IndÃgenas y que el TLC representa el progreso para el paÃs y que no va a afectar a los pueblos indÃgenas.
Semejante notificación no equivale a la concertación que los pueblos indÃgenas a través de sus organizaciones exigen, en estos espacios no se puede discutir, presentar y sustentar propuestas de interpretación y de acción alternativas, obtener respuestas efectivas a las demandas estructurales. Al igual que en los otros ejercicios de Consejos Comunitarios, las soluciones esperadas languidecen en el limbo de la memoria del primer mandatario y en su voluntad polÃtica personal.
A esta convocatoria no asistieron las instituciones representativas de los pueblos indÃgenas, los representantes de las comunidades que con valor se han opuesto a las polÃticas gubernamentales, Paramilitares y guerrilleros que desconocen o pretende vulnerar los derechos de nuestros pueblos, los que comprenden que esta clase de escenarios y métodos informales, además de ser violatorios de los derechos consagrados en normas de orden superior, por pretender sustituir la consulta previa, son improductivos pues en ellos no se logran resultados concretos para garantizar un mejor bienestar de esas comunidades.
También es claro para nosotros que otra intensión evidente por parte del Jefe del Estado y sus más cercanos asesores, fue pretender dividir a las organizaciones indÃgenas presentes sin lograrlo, saltándose los canales institucionales, pues nunca tuvieron en cuenta el pedido de aplazar el consejo comunal y lo único que hicieron en ese encuentro fue reiterar las ejecutorias del Gobierno, dentro de las que no se encuentran por ejemplo el incremento de recursos para la adquisición y saneamiento de tierras para la población indÃgena, la definición de mecanismos concertados para garantizar el derecho a la educación étnica a las miles de personas que conforman nuestras comunidades.
Tampoco escucharon los asistentes, compromisos por parte del gobierno para adoptar medidas de protección y vigencia de los derechos humanos; para evitar la agresión de los territorios por parte de todos los actores armados del conflicto, en especial de los miembros de la fuerza pública, para proteger y desarrollar programas de aplicación del conocimiento tradicional y la medicina propia, para generar espacios amplios en los que se posibilite la discusión y concertación de las propuestas sobre la concepción de desarrollo sostenible indÃgena en oposición al modelo de explotación depredadora de los recursos naturales impuesta por la multinacionales y para que los servidores públicos respeten y cumplan las disposiciones que regulan las relaciones del Estado con los pueblos indÃgenas.
“A Uribe le queda por demostrar una voluntad polÃtica cierta para sentarse a concertar con los indÃgenas y una polÃtica pública que garantice su supervivencia históricaâ€. Los supervivientes se lo reconocerán.
GERARDO JUMI TAPIAS
Senador de la República
Bogotá Septiembre 27 de 2005
