Los indígenas del Norte del Cauca integrantes del Nasa Uus Yut’pejni (Tribunal Indígena), han citado a la Ministra de Comunicaciones, Martha Pinto de Hart, para que comparezca por los hechos relacionados con el cierre de la emisora Radio Nasa de Toribío, ordenado por ese despacho, en el mes de septiembre del año anterior, según declaraciones de la Ministra a la Emisora de la Universidad Nacional, “por no contar con licencia de funcionamiento, ”. La audiencia con la señora Ministra será el día martes 12 de julio en Bodega Alta, resguardo indígena de Huellas, ubicado en el municipio de Caloto para que responda por el cierre de la emisora, que según los miembros del Tribunal Indígena,  “rompe la armonía de la comunidad, niegan el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y pone a la comunidad en alto riesgo”.

María Victoria Polanco, Directora de Desarrollo y Acceso Social del Ministerio de Comunicaciones, refiriéndose a la convocatoria, aclara que “la carta de invitación a la audiencia fue recibida hace unos dos días, apenas se está analizando y no cree que la señora Ministra vaya a atender esta invitación, dada su premura”. Al respecto, señala que la Señora Ministra había escrito una carta a finales del mes de junio a los consejeros indigenas, en la cual explicitaba la posición y responsabilidad del gobierno en la defensa del marco constitucional, el cual es respetuoso de la autonomía de las entidades territoriales, “pero debe ser garante de unas normas de aplicación general que todos los ciudadanos debemos cumplir y respetar”.

Para los indígenas, la existencia de un hecho que rompa la armonía es razón determinante para que se convoque “al NASA UUS YUT’PEJNI, cuya traducción es “los mayores nos aconsejan desde el pensamiento o desde la sabiduría…y busca “arreglar” el problema o el caso pero desde un enfoque profundamente humano. Los indígenas quieren hacer caer en cuenta a la Ministra “que no ha obrado bien y su actuar ha atentado contra la armonía de la comunidad, por lo tanto debe corregir su camino”.  La Señora Polanco por su parte hace un recuento de lo que ha sido la política del gobierno en materia de comunicaciones para los pueblos indigenas, y señala apartes de la misiva ministerial en la cual se dice que “la política del gobierno nacional ha sido la de garantizar el derecho a la información y expresión de todos los colombianos. Fruto de esta política sólida en materia de telecomunicaciones ha sido la interlocución permanente con los pueblos indigenas a través del , concertado con las propias autoridades indigenas que han participado activamente en la definición del montaje de las emisoras y sus áreas de cubrimiento”.

Las autoridades indígenas insisten que “el cierre de Radio Nasa es la negación del derecho a la comunicación, la cual está garantizada en la Constitución y la ley, especialmente la ley 335 de 1996, en el parágrafo 2 del artículo 20, que dice que el Estado debe “garantizar a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación del Estado...” Pero además ordena: “Ordénese al Ministerio de Comunicaciones y a la comisión nacional de televisión que a partir de un mes de sancionada la ley, (es decir en enero de 1997) expida en manera especial los mecanismos legales necesarios para tal efecto acorde a las leyes de los grupos étnicos”.

La vocera del Ministerio enfatiza, con respecto al espectro radioeléctrico, que para el caso del departamento del Cauca se concertaron siete (7) emisoras indígenas de interés publico y un centro de producción radial, lo que “implicó una inversión aproximada de 1.900 millones de pesos en infraestructura y procesos de concertación y capacitación ofrecida a los pueblos indigenas operadores de cada emisora”. Agrega que cuando se hizo el proceso de concertación, los indígenas excluyeron Radio Nasa, dando prioridad a la emisora indígena localizada en el municipio de Santander de Quilichao, llegándose a una acuerdo para que los programas que venia realizando Radio Nasa se produjeran en Santander de Quilichao y se difundieran a través de esta emisora, con gran cobertura dentro del territorio paez.

El espíritu de la ley era garantizar el acceso de las comunidades a los medios y con la creación de emisoras indigenas a lo largo y ancho del país, se ha venido avanzando en este propósito, que no compete únicamente al Ministerio de Comunicaciones, sino al la CNTV, en materia de televisión. “Nelson Lemus, coordinador del Proyecto Nasa dice que “si Mincomunicaciones y la CNTV hubieran cumplido la ley, lo cual es su papel y no sólo hacerla cumplir, ya existiría una legislación en comunicación para pueblos indígenas y grupos étnicos, y Radio Nasa no hubiera sido cerrada”.

El Ministerio se defiende diciendo que son varias las propuestas que han hecho a los indigenas. Durante los meses de enero y junio del 2005 realizó “un estudio técnico para determinar la viabilidad de instalar un sistema de enlace entre los estudios de Toribio y la emisora del Programa Comunidad en Santander de Quilichao, encontrando que el costo de implementar el sistema de enlace es demasiado alto y no debe desarrollarse antes de que el Programa pueda implementarse en otros pueblos indigenas que no han sido beneficiados y se consideran prioritarios”. Estas explicaciones no resultan convincentes para los indigenas para que se haya cerrado Radio Nasa. “Siendo así la asamblea de la comunidad ordenó el 19 de junio abrir nuevamente la emisora , asegurando que quien no ha obrado bien es el Ministerio “pues actúa a sabiendas de que no ha acatado una ley (la 335 del 96)”.

Frente  al interés manifiesto por parte de los indigenas de legalizar Radio Nasa y la rareza que causa el cierre de la emisora justamente cuando se encontraba secuestrado por parte de las FARC el Alcalde del Municipio de Toribio Arquímedes Vitonas,  la señora Polanco manifiesta que “otro recurso importante para facilitar la expresión de las comunidades organizadas a través del servicio de radiodifusión ha sido la radio comunitaria que tienen como concesionarios a varias comunidades indigenas” Señala que para fines del 2004 fue abierta una convocatoria publica en 440 municipios del país, entre los cuales se incluyo a Toribio. Lo más inexplicable para entender este conflicto, es que desde este municipio fueron presentadas dos propuestas, justamente por parte de los Cabildos Indigenas de las Comunidades de Toribio y Tacueyó, las cuales serán analizadas de acuerdo con los procedimientos de selección objetiva señalados en los términos de referencia, agrega la funcionaria del Ministerio. La participación de los indigenas en la licitación expresa un reconocimiento al ordenamiento jurídico, mientras con la decisión unilateral de la apertura de la emisora se desconoce.  Con respecto a la otra preocupación manifestada por los indigenas, la señora Polanco es enfática en señalar que las decisiones del Ministerio se ejecutan de acuerdo a procedimientos de ley y nada tienen que ver tal o cual coyuntura política.

El debate está planteado. Lo cierto es que independientemente de las políticas de telecomunicaciones desarrolladas por los últimos gobiernos, aun no se ha reglamentado la ley 335 del 96; aun los indigenas siguen teniendo un acceso bastante restringido a los medios, sobre todo en materia de televisión y lo cierto es que la opción legal escogida para poner en funcionamiento las emisoras indigenas, no satisfacen plenamente a las comunidades y organizaciones indigenas. Otra elemento complejo tiene que ver con el funcionamiento de las emisoras, las cuales no pueden autofinanciarse y las facultades para promover patrocinios de los programas, en estos territorios aun no interesan nadie. El debate entonces, a pesar de la importancia que representa Radio Nasa para los paeces, pareciera ser el financiamiento de las emisoras, la ampliación del programa a otras comunidades, la ampliación de la cobertura, las posibilidades de generar mecanismos de enlace, la posibilidad de tener centros de producción fortalecidos y la urgencia de reglamentar la ley de manera integral, que incluya, además de la radio, una política de acceso a medios para los pueblos indigenas. Ese tema, a pesar de la importancia del Tribunal indígena del Norte del Cauca, seguramente tendrá que darse en otros espacios.  Lo que si debe tranquilizar a la ministra y a quienes han criticado esta prerrogativa de los indigenas para convocar a funcionarios de distinto rango a debatir asuntos de su interés, es la claridad que tienen los indigenas del alcance de su propia jurisdicción.

Ellos mismos lo han dicho. “Pues el Nasa Uus Yut’pejni es una autoridad y actúa como autoridad. Quiero decir que una autoridad no puede cruzar los límites que le da la Constitución. La Ministra se mueve, como todos los colombianos, en un mundo en el que se responde por los actos, según la ley. Que sea esa ley la que la juzgue por sus actos si es que debe algo. Nosotros buscamos la armonía por eso no podemos romperla forzando a  una persona foránea a que asimile una sabiduría que nos ha costado siglos. La Ministra no viene para ser jueteada, viene para arreglar un problema y la citamos porque la Constitución nos da esa facultad”.

La Ministra si debe hacer un esfuerzo por concertar de manera definitiva una política de telecomunicaciones con los pueblos indigenas, diferencial, como debe ser.