La presencia de actores armados en el territorio del pueblo indígena awa, en el departamento de Nariño, así como las constantes presiones y persecuciones en contra de sus integrantes ha venido generando una situación de permanente riesgo para la vida e integridad de este pueblo indígena.

Según la denuncia pública hecha en días pasados por la Unidad Indígena del Pueblo Awa, la presencia masiva de actores armados y el aumento en el pie de fuerza de estas agrupaciones en las comunidades se ha convertido en una constante. La consolidación de estos actores armados ilegales en el territorio ha estado acompañada de la persecución de gobernadores y líderes indígenas, así como de la imposición de un nuevo orden social a través del cual se ha desconocido la autonomía de los Awa, en tanto pueblo indígena.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el permanente proceso de reclutamiento forzado de jóvenes indígenas, el control de las actividades económicas y la transformación de las formas usuales de gestión de recursos y proyectos con el Estado. Lo que ha generado este nuevo orden social es el resquebrajamiento del tejido social del pueblo Awa, a partir de la desestabilización y el empobrecimiento de las familias. A esto se suma el tema de las fumigaciones en el territorio indígena, lo cual ha provocado la ruptura de las cadenas alimenticias afectando la seguridad alimentaría y el modo de vida tradicional de esta población.

Los hechos más graves empezaron a ocurrir el 17 de abril, cuando fue asesinado Manuel Arturo García, líder awa y ex gobernador del resguardo Pialapi Pueblo Viejo en el municipio de Ricaurte. El 22 de abril luego de un enfrentamiento armado en el municipio de Barbacoas, cuando el Ejército se movilizaba entre las localidades de Junín y Llorente, a la altura de el Verde, resguardo de el Gran Sábalo varios de los soldados dispararon armas de largo alcance sobre las casas indígenas poniendo en riesgo la vida e integridad de los habitantes del lugar. Cuando las tanquetas que transportaban a los soldados llegaron al corregimiento el Diviso, explotaron cuatro cilindros que habían sido ubicados cerca del cementerio de la localidad.

Luego de estos hechos, el 27 de abril integrantes del Frente 29 de las FARC secuestraron a Hernando García, gobernador awa de la comunidad el Alto Nununaldi en el municipio de Barbacoas. El gobernador fue interceptado por los guerrilleros en la comunidad El Azúcar, municipio de Barbacoas y a cambio de su liberación la guerrilla de las FARC esta exigiendo la libertad de dos guerrilleros que fueron detenidos el 18 de abril por el cargo de rebelión.

De otra parte, se ha denunciado la intención de los actores armados por desestabilizar y deslegitimar la organización indígena y los procesos organizativos comunitarios. Muestra de ello son las amenazas en contra del equipo de comunicaciones de la emisora indígena “La Voz de los Awa”. Según la organización indígena, estas amenazas se presentaron debido a que “miembros del Ejército Nacional ejercen presión tratando de persuadir a la población para que les sirva como informantes, buscando medios de comunicación como la emisora del pueblo indígena Awa con propósitos de hacer campañas de deserción de los alzados en armas argumentando órdenes del presidente de la Republica”.

Esta serie de acciones han terminado por involucrar a la población civil en el conflicto armado, aumentando así las posibilidades de que se conviertan en víctimas de los actores armados del conflicto, pues estas situaciones al igual que en el resto del país terminan convirtiendo a los indígenas en sospechosos de ser colaboradores de uno u otro bando.

Debido a estos hechos y ante la preocupación por el constante proceso de desarraigo y despojo territorial los gobernadores y líderes indígenas en compañía de la comunidad dieron comienzo, desde el pasado 25 de abril a un acto de resistencia denominado “Reflexión por la vida”. A esto se suma el llamado de la UNIPA para que los pueblos indígenas de Colombia se unan y construyan mecanismos colectivos de prevención y protección para enfrentar las situaciones que ponen en riesgo no solo la vida e integridad de los indígenas, sino también la pervivencia de los mismos, en tanto culturas milenarias. De otra parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) exigió a todos los actores armados respetar la gobernabilidad y autonomía de los pueblos indígenas, desocupando los territorios ancestrales y respetando su decisión de mantenerse neutrales frente al conflicto armado.

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