La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), conformada por indígenas de la Guajira, convocó a las organizaciones indígenas, a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, organismos internacionales de derechos humanos, entidades de ayuda humanitaria, agencias de cooperación internacional, órganos de control del Estado colombiano y a la institucionalidad pública, para que se hagan presentes en la asamblea que se llevará a cabo el sábado 13 de mayo de 2006, desde las 9:00 a.m., en la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en San Juan del Cesar (La Guajira).

Esta reunión pretende presentar el grave balance de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario de las comunidades indígenas wiwa, ubicadas en la Loma del potrero, La peña de los indios, El caney, Ulago y El Machín, en la Guajira, donde se ha iniciado un desplazamiento de 6 familias a causa del conflicto armado. Al finalizar el encuentro se coordinará la intervención de las organizaciones, organismos, entidades e instituciones, para ayudar a esta comunidad.

Pero a pesar de esta invitación, el gobierno en representación de su alcalde, gobernador y otros funcionarios estatales de la Guajira, cancelaron su participación en este encuentro en horas de la tarde del miércoles 10 de mayo, “no asistirán porque asumen que no hay garantías de seguridad por parte del Ejército Nacional”, afirmó Reynaldo Plata Coordinador de la Casa Indígena Wiwa.

En la reunión se procurará coordinar todas las intervenciones que se están llevando a cabo en ese territorio con el fin de enmarcarlas dentro de las estrategias de protección y autoprotección que se han venido definiendo por parte del pueblo, así mismo, la reunión pretende establecer alianzas con organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que puedan hacer un acompañamiento más permanente en ese territorio.

Además del incumplimiento del gobierno en cuanto a protección de los derechos humanos de estas comunidades, se intentarán solucionar otros problemas como el crecimiento del desplazamiento, carencia de agua para las cosechas y para el consumo, vías de acceso, y sobrepoblación, “las tierras para cosechar ya no son suficientes para el número de personas, por eso necesitamos más espacios, pero por el contrario el gobierno ha querido ofrecerle una parte de nuestro territorio a desplazados”, afirmó el coordinador de la Casa Indígena Wiwa.

Las causales del conflicto

la Organización Wiwa, denunció las situaciones mencionadas a continuación, las cuales fueron causales para realizar este encuentro del 13 de mayo, que tiene como propósito analizar la situación que actualmente se está presentando y en la dirección de buscar un acompañamiento más permanente del pueblo colombiano y organismos internacionales.

Los hechos de varios casos de violación a los Derechos Humanos de esa comunidad, se vienen perpetuando desde años atrás y que han sido contundentemente denunciados a la opinión pública nacional e internacional y a las instituciones del Estado colombiano y el Gobierno Nacional.

Entre 8 casos mencionados, uno de los más trascendentes fue el asesinato del Mamo Juan Rafael Alberto Gil, en su propia residencia del barrio “31 de Octubre” de Riohacha (La Guajira) el 6 de abril de 2006, por dos hombres que se movilizaban en una moto. Este indígena de 43 años y originario de la comunidad de Cherúa, jurisdicción del municipio de Valledupar (Cesar), vivía desde hacia varios años en Riohacha desde donde prestaba sus servicios como médico tradicional y curandero entre los sectores populares.

Por otra parte, el 9 de marzo de 2006, en un tramo de la vía entre Guayacanal y la Loma del Potrero, dos soldados de una patrulla adscrita al Batallón Rondón cayeron víctimas de una emboscada con explosivos detonados a su paso por la guerrilla. Por estos hechos las tropas de ese batallón han sindicado que los indígenas wiwa de la región poseían información sobre estos hechos. “A raíz de estas acusaciones se ha generado mucho temor y zozobra entre las comunidades de La Peña de los Indios, La Loma del Potrero y El Caney, que se sienten hostigadas y amedrentadas ya no sólo por la guerrilla sino por las actitudes asumidas por la fuerza pública en la región para quienes al parecer sigue siendo válida la ecuación ser wiwa es un sinónimo de ser guerrillero”.

La situación de intranquilidad y zozobra ha llegado hasta tal punto que varias familias anunciaron a sus respectivas autoridades su intención de desplazarse en los próximos días y de hecho ya se han presentado algunos desplazamientos, “17 personas ya se han desplazado, por este temor colectivo que ha generado el ejército”, afirmó Reynaldo Plata Daza, coordinador de la Casa Indígena Wiwa.

Entre otros casos, evidencian el de Wilson Enrique Villazón Villazón, de 46 años y miembro de la comunidad de Sabana Joaquina, localizada en San Juan del Cesar (La Guajira), quien ha venido denunciado junto a las autoridades de su comunidad, que el 17 de septiembre de 2004 en la comunidad de La Peña de los Indios, localizada también en jurisdicción de San Juan del Cesar, fue retenido casi 7 horas (entre las 2:00 p.m. y las 8:40 p.m.).

“Fue retenido por hombres adscritos al batallón Rondón de la Décima Brigada del Ejército Nacional que se encontraban al mando de alguien de apellido Cuenca, quienes lo torturaron y le propinaron una violenta golpiza mientras le preguntaban insistentemente sobre el paradero de la guerrilla. Lesiones y secuelas permanentes que le impiden desarrollar con normalidad su trabajo son las consecuencias de este hecho repudiable”, afirmaron líderes de la organización wiwa.

Posterior a estos hechos, la comunidad asegura que el indígena desde el mismo momento en que fue torturado ha venido recibiendo amenazas y hostigamientos, por parte de hombres pertenecientes al Batallón Rondón, para que se abstenga de involucrar al Ejército Nacional en estos hechos y más bien manifieste que los autores fueron hombres de un grupo armado ilegal desconocido. Enrique Villazón Villazón presenta un grave estado de salud, luego de dos años de ser violentamente golpeado, por lo cual la comunidad exige una asistencia médica urgente.

Algunas peticiones de la OWYBT

En razón a lo anteriormente señalado, la OWYBT ha solicitado varias garantías al gobierno, que se discutirán en la reunión de esta comunidad: que se agilice el proceso de aplicación de las medidas cautelares otorgadas en beneficio del pueblo Wiwa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que se siguen presentando violaciones a los derechos contra este pueblo.

Además solicitan que se adelanten las investigaciones necesarias para hallar y penalizar a los autores intelectuales de todos los atentados contra esa comunidad, entre los cuales afirman hay miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional; que cesen todos los señalamientos que la Fuerza Pública viene haciendo contra el pueblo Wiwa, como potenciales aliadas de los grupos armados ilegales y se tenga en cuenta que ese pueblo es totalmente ajeno a los actores armados del conflicto.

Otoniel Gil Chimusquero, Cabildo gobernador, solicitó al gobierno, entre otras peticiones, que se incorporen modificaciones a los procedimientos de inteligencia militar basados en la red de cooperantes e informantes, ya que la información que brindan desertores de los grupos armados ilegales, es de poca confiabilidad y presenta graves fallas que afectan a inocentes.

El punto de encuentro para la salida es la Casa Indígena del municipio de San Juan del César, en el departamento La Guajira, a las 6:30 a.m. del sábado 13 de mayo de 2006, para que desde este sitio se parta hacia la comunidad de La Peña de los Indios, localizada en el mismo municipio, donde se iniciará el encuentro a las 9:00 a.m.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 5737026, 3106127478, 3107283049.

La Casa Indígena, Avenida Hurtado, telefax 095-5737026, Valledupar-Cesar, email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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