Hace unos días el gobierno, a través de su vicepresidente Francisco Santos y en medio de una coyuntura electoral que comenzaba a agitarse y a calentarse por el lado de los amigos del presidente, decidió sorpresivamente sacar a la luz la intención de presentar al Congreso un proyecto de ley en favor de las comunidades negras del país, tratando así de disminuir los efectos de conductas y manifestaciones de racismo que las han invisibilizado por centurias.

El efecto de las declaraciones de Santos en dicha ocasión y en medio de las jornadas de reconocimiento y exaltación de los derechos de estas comunidades, es decir, en la semana afrocolombiana (que concluyó sin pena ni gloria en el país), no alcanzó a ser similar al efecto prolongado que han tenido otros anuncios del gobierno, como el de las tribulaciones del presidente alrededor del tema de moda, la reelección, y que le tienen sobrecogida el alma al jefe de la nación; o el efecto que para los medios mismos han tenido otros temas de la agenda palaciega, como el que producen diariamente los giros espectaculares de las candidaturas y los inciertos manejos de la agenda legislativa de urgencia, que tienen como centro el referendo.

Rápidamente han salido de la agenda de posicionamiento público otros temas, entre ellos, el anuncio del proyecto que reivindica a los negros y las promesas de Santos de hacerlo realidad este año. Asunto bastante difícil si se miran los temas prioritarios ya mencionados en la agenda de la legislatura actual.

Pero el afán del gobierno tiene muchas explicaciones que no se limitan al consabido gesto o "guiño" al gobierno de Obama, que es la explicación más obvia. Este tema de legislar en favor de quienes nunca antes se lo ha hecho también responde a la coyuntura que respira el país: quien logre legislar en favor de los territorios y pobladores más olvidados, invisibilizados y empobrecidos de la patria no arriesga mucho, o nada, a pesar del prejuicio racial que suscita. Lejos de perder favorabilidad o repunte en las encuestas, quien lo haga gana votos, o agrega más a los ya existentes.

De manera que el tema de la ley llegó en el momento preciso y mata dos pájaros de un tiro: en lo externo lanza señales seductoras al "caucus" parlamentario negro en Estados Unidos en plena campaña por la ratificación del TLC y, en lo interno, sirve como plataforma electoral en un momento en que lo votos negros, tan esquivos en algunas zonas, pueden pasar al patrimonio futuro del candidato que salga a pelearse la continuidad de las políticas de este gobierno, tan repentinamente amigo de los negros y de hacer de la continuidad una de sus políticas. Incluida la continuidad con nombre propio.

De todos es sabido que los negros agradecerían todo lo que venga a aliviar en algo los altos niveles de desnutrición infantil que se prolongan como secuelas a todas las edades.

Que verían con buenos ojos y votos todo lo que se pueda hacer por la educación de los jóvenes afro que no pueden ingresar hoy a la universidad, porque no hay medidas de acercar la universidad a los territorios afro y porque para que un esperanzado muchacho negro pueda acceder a este beneficio tiene que salir primero de su tierra, como otro expulsado más por la pobreza, y luego tener con qué inscribirse con desventajas enormes de ser admitido, y, de serlo, mantenerse en el estudio, pagando todos los derechos y además la manutención. Cosa más difícil para un joven negro o indígena que para cualquier otro de su edad.

Y es difícil porque el territorio "jala" y el desarraigo castiga más duro a afros e indígenas.

La situación de la educación es un verdadero embudo para estas dos etnias representativas de la nacionalidad colombiana y significa la única posibilidad de la promoción de talentos suyos, junto con las artes, el deporte, la vinculación laboral, la cultura ancestral y artesanal, la vocación etnoeducativa y magisterial presente en sus comunidades y personas y el cultivo de otras aptitudes que distinguen a los grupos étnicos de nuestro país, como el servicio a su propia gente cuando, por arte de magia, alguien obtienen un título y quiere ejercerlo para sacar a otros de la peor de la pobrezas: la ausencia de formación en todos los sentidos.

De manera que parece ser que fue a este gobierno al que le correspondió descubrir que en el país se discrimina todavía por el color de la piel, pues en anteriores coyunturas, éste y otros gobiernos no habían permitido que su mensaje hacia el tema racial fuera tan explícito al reconocerlo. No se recuerdan en el país antecedentes de reconocimiento, a altos niveles de gobierno, de que el estado discrimina en su aparato público y que hay muy pocos empleados de razas diferentes a la mestiza y blanca en los distintos niveles de la administración estatal, siendo cada vez menor el número de ellos en cada escala superior de mando. Una sencilla muestra de ello son instituciones como el ejército, donde no hay ninguno de los oficiales de alto rango, y la policía, en donde solo hay uno con rango superior en la cúpula del organismo, y lo mandan para Washington como agregado militar. ¿Y por qué a Washington, y ahora, y no antes?

Otros botones de muestra abundan en la pirámide de la sociedad colombiana y ser negro en el país y en territorios afro significa estar por debajo de la línea media en índices de desarrollo humano, como lo reafirman las declaraciones del vicepresidente, hablando de los resultados de 18 talleres que se realizaron bajo su conducción en distintas regiones del país. Los últimos cotejos de los informes sobre índice de desarrollo humano realizados en el país por organismos externos ratifican periódicamente que la calidad de vida, los índices de morbimortalidad infantil, la exclusión y la pobreza medida en términos de acceso a servicios básicos y bienes públicos y sociales como la educación, la salud, la cultura, la recreación y el medio ambiente empeoran día a día, al tiempo que se pierden derechos y vidas por la intensificación de factores armados que desplazan contingentes enteros de población de los territorios colectivos.

Lo cierto es que temas como el que generan las declaraciones de Santos, el "vice", producirían en otro país, por lo menos, unas semanas más de debate: el sorpresivo reconocimiento, por su parte, y no de su jefe, de que en Colombia se practica una de las más aberrantes formas de racismo, el estructural, es decir aquel que compromete directamente al estado por emanar de su estructura institucional, su composición étnica, su gestión social clasista y su voluntad administrativa y política excluyente daría para que la sociedad toda se esculcara la conciencia, y no con el ánimo de darse golpes de pecho sino para encontrar el camino de saber convivir con su propio rostro multiétnico.

Proponemos que al respecto las organizaciones afro y los ciudadanos en general se pronuncien por intermedio de esta página y nos digan que piensan al respecto de la posible ley, de promoción de acciones afirmativas en favor de la población negra.

Ley que supuestamente contemplaría, entre otras cosas, según el anuncio resultante de las declaraciones del vicepresidente, algunos estímulos y beneficios contractuales a empresas, entidades académicas como universidades y corporaciones privadas y otras para que vinculen, contraten o incluyan dentro de su personal a un porcentaje equis de representantes de la población negra, a cambio de que el estado les reconozca beneficios, por encima de los que no acatan la disposición.

¿Se trataría de comprometerlos a no ser racistas corporativamente a cambio de acceder a beneficios y estímulos que les proporcionaría el estado?

Esperamos respuestas al respecto.

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