El gobierno invierte en cambiar su imagen. Un grupo de personas, en particular, algunos afro-colombianos, han sido parte fundamental de la estrategia de mejoramiento de imagen del gobierno colombiano en el exterior.

La Embajada de Colombia promueve eventos culturales en el Congreso, en la residencia del embajador, en el BID y otros lugares con el objetivo de demostrar que le importa los afro-colombianos, especialmente bajo la administración de Obama.

Hay alianzas con afro-colombianos que viven en los Estados Unidos y políticos que inclusive, varios de ellos ya están siendo llamados a responder por sus vínculos con los paras. También hay que sumar aquellos supuestos "líderes" afros que viajan desde Colombia para fortalecer el lobby por el TLC en los Estados unidos.

La estrategia de credibilidad planteada por el gobierno en lo internacional incluye la confusión al público que cuestiona la efectividad de la política de seguridad y el desarrollo de proyectos en territorios titulados colectivamente a los consejos comunitarios.

El gobierno asegura que las "comunidades están dividas", porque hay grupos que apoyan estos proyectos, falta liderazgo entre ellos y muchos tienen celos. Cuando se refieren a las fumigaciones en zonas de presencia de afro-colombianos, el gobierno argumenta que las comunidades negras han recurrido a la producción de coca y el narco-terrorismo, por esa razón se justifica las fumigaciones y desplazamientos forzados.

El aspecto más preocupante de la estrategia de ganar el TLC es el hecho de utilizar a los afro colombianos mediante la alianza estratégica que el Gobierno Colombiano ha formado con el Representante Afroamericano Gregory Meeks (D-NY), sin escuchar las voces de las comunidades de base afro colombianas y sus procesos organizativos, lo que pone en riesgo la existencia de los procesos organizativos y la resistencia social, motiva las persecuciones de sus líderes y lleva al desmembramiento de sus organizaciones étnico-territoriales, pérdida de su cultura y autonomía.

El Representante Gregory Meeks ha sido uno de los voceros más fuertes a favor de abrir mercados nuevos en Latino América y el TLC en la región. Sostiene, por ejemplo, que lo que necesitan los afro colombianos es desarrollo estilo TLC y que el Gobierno Colombiano está haciendo cosas favorables para afro-colombianos. Lo claro es que ambos (Uribe y Meeks) han logrado silenciar Congresistas no Afroamericanos quienes tienen preocupaciones serias contra el TLC y los abusos cometidos contra afro colombianos, pero también han logrado impedir esfuerzos favorables propiciados por otros Congresistas Africanos Americanos a favor de los afro colombianos, como es el caso de la resolución 618 que trató de introducir el Congresista Payne en reconocimiento del aporte histórico de este pueblo a la conformación de Colombia y su oposición al TLC sin previa consulta.

El dolor y clamor de las comunidades afro colombianas desplazadas de sus tierras, el asesinato y desapariciones forzadas de sus líderes, las crecientes compañías de palma aceitera que usurpan más hectáreas de tierras colectivas de forma ilegal y los asesinatos del ejército a jóvenes afros, como el caso del joven de 13 años asesinado en López de Micay, no encuentran esa misma solidaridad y lobby. Es una lástima. Por eso, para contrarrestar todo esta propaganda y buscar justicia para las comunidades afro colombianos y su proyecto de vida, una red muy amplia de organizaciones lleva varios años presentando información sobre la realidad en Colombia y trabajando sin recursos económicos en la organización y realización de delegaciones de líderes afro-colombianos de base y representantes de consejos comunitarios a Washington, así como varias delegaciones de congresistas y ciudadanos de Estados Unidos que han visitado Colombia, y el lobby directo que se hace en el congreso para entregar pruebas y testimonios reales.
Los millones de dólares que gasta el gobierno en lobby serían fundamentales para generar procesos de diálogo con las comunidades, para escuchar sus propuestas, ayudar con la financiación de sus proyectos de vidas y el fortalecimiento de sus procesos organizativos. ¿Por qué no gastar esos recursos en el apoyo a proyectos productivos para mejorar la calidad de vida de las comunidades pobres y campesinas? Es más, varios líderes afro colombianos que han recibido amenazas de muerte han tenido que salir del país para proteger sus vidas, porque no existen recursos para brindar o garantizar protección a su vida y trabajo. Otro hecho bien preocupante dentro de las comunidades Afro-colombianas es ver cómo el gobierno utiliza todo el poder económico y político a su alcance para abrir caminos "legales" al TLC. Por ejemplo, la creación de mecanismos paralelos a los ya establecido por la Ley 70, como la cínicamente llamada "Comisión Intersectorial para el Avance de las Comunidades Afro colombianas" que ha sido rechazada por las comunidades de base, es un retroceso a ya establecidas consultivas. Esta comisión se ha dado recursos para funcionar, mientras que las consultivas no.

La tesis "divide y reinarás" es lo que Uribe aplica al pueblo negro. Los que apoyan su política terminan siendo los que reciben los fondos para ejecutar programas y son sus aliados, además reciben el aval del trabajo que han hecho otros, como el caso reciente de Oscar Gamboa que se proclama haber conseguido $ 15 millones de dólares en el Congreso de Estados Unidos para los Afro-colombianos. La verdad es que la solidaridad que desde Estados Unidos varios sectores sociales y políticos brindan hoy a las comunidades Afro-colombianas de base por su lucha pacífica en defensa de la vida y su territorio, no es el trabajo de vividores o líderes a título, éste es el trabajo de hombres y mujeres negros y sus aliados comprometidos con su pueblo, que además, reciben el calificativo por parte del gobierno de enemigos y terroristas.

La defensa de la vida de nuestras comunidades debe primar por encima de propuesta de desarrollo inconsultas del gobierno, de grupos armados y de empresarios. Las guardianas de la diversidad cultural y la riqueza natural de Colombia han sido las comunidades negras e indígenas. Sus conocimientos y prácticas productivas ancestrales, lenguas, creaciones artísticas y sus expresiones políticas alternativas han sido conservados por largas generaciones. Aunque muchos de sus derechos colectivos y prácticas culturales están hoy protegidos por convenios internacionales, la Constitución política nacional y la ley, en muchos casos los derechos sobre sus territorios y recursos naturales son ignorados y vulnerados. En el mundo existen fuertes cuestionamientos y evidencias de los riesgos e impactos de los cultivos y alimentos transgénicos sobre el ambiente, la biodiversidad y los efectos socioeconómicos del país y las comunidades locales. Abrir las puertas al TLC sin tener en cuenta esta realidad y sin discusión con las comunidades locales pone en riesgo los grupos étnicos y será un enorme costo ambiental y socioeconómico como lo demuestran las plantaciones de palma africana, la caña de azúcar, la yuca amarga y demás materias primas para los llamados biocombustibles. Por esa razón, organizaciones en Estados Unidos lanzaron una campaña fuerte en los medios de comunicación para contrarrestar los falsos mensajes que el Gobierno Colombiano viene promoviendo.

AFRODES USA por su parte, inicio una acción importante de cyber-activismo donde se le pidió al Presidente Obama que considere a los afro-colombianos y sus derechos territoriales en cuanto al TLC.

La Constitución de Colombia nos enseña que somos un estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, por lo que exigimos como grupo étnico Afro colombiano el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación que hemos ayudado a construir y a la cual tenemos derecho. La Ley 70 de 1993 su objeto es reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. La ley también establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Bajo estos mandatos, el gobierno debe propiciar los medios para garantizar que la Constitución y la Ley se cumplan, no debe confundir y dividir a los beneficiarios de la misma para negarse a cumplir la responsabilidad constitucional que le cabe.

Desde el 2001 a la fecha, los afro colombianos lideres de base hemos construido en Estados Unidos un nivel de conocimiento de la desconocida historia y realidad actual nuestra en Colombia y por esa razón, considero, es que el gobierno a nombrado ministros negros y busca en esta población apoyo a sus políticas, dividiéndonos, creando mendigos sin importar resolver la situación real, lo que es una forma de joder mas al jodido. Esto puede ser bueno para un grupo, pero los hijos de los cimarrones rebeldes que pelearon por su libertad consideramos que esta generación y las futuras generaciones de afro colombianos no necesitamos ser mendigos o arrodillados al sistema, reclamamos y luchamos por derechos, porque tenemos los mismos derechos a los derecho que tienen los otros.

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