Andrés Preciado
En Colombia la seguridad es tema protagónico de la agenda política desde hace varias décadas, pocos generan tantos extremos y posiciones encontradas en torno a las políticas públicas y el correcto actuar de las autoridades gubernamentales.
El sistema político nacional carga una historia de desencuentros, hechos sangrientos y épocas aciagas, que no tiene futuro inmediato esperanzador, eso lo demuestran sucesos como el atentado al ex ministro Fernando Londoño y las estadísticas nacionales en relación a delitos contra la persona y la propiedad privada, que si bien no representan cifras rojas como las de la década del noventa, están muy por encima del estándar internacional de países seguros.
Abandonando las consideraciones mediáticas y los análisis coyunturales, hay un hecho de fondo que desentraña la inocultable realidad de una sociedad marcada por la violencia: la seguridad es un discurso político, esto implica considerar el tema desde dos visiones, de un lado la electoral y del otro la gubernamental.
La visión electoral de la seguridad como discurso político evidencia que en Colombia en todo tipo de elecciones, sean nacionales o de entes departamentales y municipales, siempre hay una pléyade de candidatos que se presentan a elección popular con el discurso de la seguridad como bandera, o con temáticas conexos como la paz, basta mencionar los casos de Andrés Pastrana y su proyecto de diálogo de paz encabezado por Víctor G Ricardo, la elección de Álvaro Uribe y su política de Seguridad Democrática y la actual presidencia de Juan Manuel Santos capitalizando electoralmente los avances que logró la política antes mencionada, sin importar el posterior distanciamiento del modelo de gobierno uribista.
Por otro lado, el discurso de la seguridad tiene también un matiz gubernamental, una vez se alcanzan las instancias de poder, la gestión de la seguridad se convierte en uno de los temas nodales del ejercicio de las autoridades y por tanto en una de las necesidades de logros y resultados más apremiantes. El discurso de la seguridad es tan relevante para el gobernante que llega aún a condicionar el éxito o fracaso de un gobierno, sólo hay que señalar los actuales cuestionamientos al Presidente en este aspecto para ilustrar la anterior afirmación.
Casos para cualquiera de las dos visiones abundan en todo el país, no obstante vale la pena señalar que la utilización de la seguridad como discurso político electoral y gubernamental tiene serios peligros para el país. Más allá de la declaración populista de la seguridad como tema central del gobierno, el país requiere que en el ejercicio del poder las autoridades cumplan con sus propuestas de campaña y sus responsabilidades legales, la seguridad no puede ser sólo una preocupación, es imperativo que sea principio rector de acción, es decir, no sólo es necesario llamarlo importante, es urgente hacerlo importante; no se entiende que pasen cosas tan singulares como que los Alcaldes de algunas de las ciudades capitales, Bogotá y Medellín en especial, declaren la seguridad y la convivencia como parte de sus principales proyectos y que en los planes de desarrollo que actualmente se están discutiendo la destinación presupuestal en esta materia no alcance en ninguno de los dos casos el 5%.
El país no requiere distractores populistas que saludan a la bandera declarando la seguridad como su desvelo, Colombia necesita acciones de gobierno y políticas públicas nacionales, departamentales y municipales que sean clara muestra del compromiso de las autoridades representado en articulación, financiación, ejecución y logros, gobernantes que no cumplan estos postulados merecen pagar un alto costo político por ello.
