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Fue condenada a prisión perpetua la indígena quechua Reina Maraz, que estuvo presa tres años en Argentina junto con su bebé sin saber por qué. Es boliviana, habla el idioma quechua y nadie le explicó en su lengua, durante casi todo el proceso, de qué era acusada. En octubre de este año, cuando comenzó el juicio de su caso, hubo por primera vez una oportunidad para que Reina atestiguara hablando en su idioma materno. La indígena quedará el resto de su vida tras las rejas por haber asesinado a su marido, Límber Santos, en 2010.
Reina fue detenida hace cuatro años. Estaba embarazada y pasó siete meses en una comisaría. Después fue enviada a la Unidad 33 de Los Hornos, en la ciudad de La Plata (Argentina), donde nació su tercer hijo. Con el hijo mayor, asesinado a los cinco años de edad, ella no tenía contacto. Con el menor, en aquella época con tres años y viviendo con los abuelos paternos, Reina mantenía contacto por teléfono algunas veces por semana.
La conclusión del tribunal señala el delito de latrocinio contra Límber mediante ahorcamiento, que habría sido cometido en colaboración con Tito Vilca, que acabó muriendo en la prisión antes inclusive de ser juzgado. Para el tribunal, los dos, Reina y Tito, lo habrían matado y enseguida robado la cantidad de mil pesos que Límber guardaba en un zapato. El robo habría sido motivado por una deuda que Tito tenía con su hermana. Después, la pareja habría ocultado el cuerpo de la víctima.
Según la acusación, inmediatamente después de participar en el asesinato del marido, Reina habría ido a la comisaría para denunciar la desaparición de Límber. La sentencia de prisión perpetua se apoyó en la tesis de que el delito fue premeditado, además del uso de "arma impropia”, una toalla, en el ahorcamiento.
Durante el juicio, la defensa argumentó que no existían pruebas contra la acusada e insistió en que Reina estaba en una situación de vulnerabilidad: es inmigrante, aborigen, pobre, analfabeta y sufría violencia de género. Además, hay testimonios de que Reina Maraz sufría agresiones físicas del marido, que la habría entregado a un vecino para que la violara como saldo de una deuda.
Reina es oriunda de Avichuca, comunidad de la localidad de San Lucas, en Chuquisaca (Bolivia). Se mudó con su familia a Argentina en 2009. Pasó más de un año encarcelada en la Penitenciaría 33, de Los Hornos, en La Plata (Argentina), sin comprender el proceso penal por el que estaba detenida y, durante todo el período en el cual estuvo presa, solamente se comunicaba a través de su lengua materna, el quechua.
De acuerdo con la defensa, la indígena fue detenida en completo estado de indefensión, sin poder hablar su idioma nativo y tampoco comprender qué le decían. Se hicieron intervenciones con el propósito de garantizar la presencia de intérpretes para interactuar con la acusada, pero sin éxito.
Solo tres años después, una intérprete fue destinada al caso. A través de la intérprete, la indígena puede contar por primera vez su versión de los hechos. En el relato, describió su condición de migrante y la situación de violencia doméstica y abuso sexual al que era sometida. Antes de la sentencia del tribunal, existía la expectativa de que la cuestión de los derechos humanos fuera considerada por las juezas que seguían el caso.
Con informaciones de Cosecha Roja
Documento tomado íntegramente de http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=83351
